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martes, 30 de junio de 2015

Respuesta de Manos Limpias a la nota remitida por el Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Respuesta de Manos Limpias a la nota remitida por el Ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, donde manifiesta que se condena a Manos Limpias y a su Secretario General, Miguel Bernad, a indemnizarle por injurias y calumnias.
Manos Limpias en su día formuló denuncia ante el Parlamento Europeo contra Fabián Picardo, por amparar y consentir el tráfico de contrabando de tabaco, el blanqueo de capitales, entre otros delitos.
El Tribunal Supremo de Gibraltar condena , según la nota remitida por el Ministro Principal de Gibraltar, a Manos Limpias a indemnizarle con 30.000 Libras.
Manos Limpias puso de manifiesto en la denuncia lo que es una realidad constatada por la Guardia Civil, por las diversas autoridades españolas del Ejecutivo y por Bruselas.
Las únicas injurias y calumnias a España, a los españoles y a sus símbolos, los viene manifestando Fabián Picardo, incluso amenazando y persiguiendo a los pescadores y cometiendo por otra parte, delitos medio ambientales, que han sido también denunciados en Instancias Europeas.
Manos Limpias, por supuesto, no reconoce ni al Tribunal Fantasma de Gibraltar ni a su Ministro Principal , Fabián Picardo, que tendrá que responder en los Tribunales españoles acerca de su tributación fiscal en las propiedades que tiene en Sotogrande.
En Madrid, a 29 de Junio de 2015.

lunes, 22 de junio de 2015

JURAMENTOS INDIGNOS Y NULOS

JURAMENTOS INDIGNOS Y NULOS
Los juramentos de algunos Alcaldes, Concejales y Diputados autonómicos, de las formaciones de extrema izquierda en los tomas de posesión de sus escaños, revelan el grado de indignidad, de perversión de algunos de los representantes de la soberanía nacional. Desde jurar con la formula de los representantes proetarras, pasando por tirar la Biblia al suelo, y condicionando el juramento a condiciones esperpénticas e incluso hasta mofándose de la Carta Magna y de los símbolos Institucionales.
Estos juramentos, aparte de ser nulos de pleno derecho, pone en evidencia el grado de falta de autoridad de quienes deberían haber actuado para impedir tales comportamientos, así como la degradación de un sistema que permite la burla, la ofensa y la injuria al propio Estado de Derecho , a nuestro sistema constitucional y democrático y a la soberanía nacional que les ha otorgado la representación.
En Madrid, a 22 de Junio de 2015.

Manos Limpias presenta querella por ALTERACIÓN DE PRECIOS contra varias petroleras, entre ellas REPSOL.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias presenta querella por ALTERACIÓN DE PRECIOS contra varias petroleras, entre ellas REPSOL.
Manos Limpias ha formulado querella contra varias petroleras, entre ellas REPSOL, por alteración de precios contemplado en el artículo 284d el C.P.
Con independencia de la sanción administrativa que en su día impuso la CNMV, ahora Manos Limpias formula la correspondiente querella en defensa de los millones de consumidores que han visto lesionados sus legítimos intereses económicos por actuaciones delictivas.
Se adjunta copia de la querella.
En Madrid, a 22 de Junio de 2015.


AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL QUE POR TURNO CORRESPONDA 
DOÑA ISABEL SALAMANCA ÁLVARO, procuradora de los Tribunales y del SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MANOS LIMPIAS (en adelante Manos Limpias), según acreditaré mediante “Apud Acta”, y bajo la dirección letrada de DON PEDRO FRANCISCO MUÑOZ LORITE, colegiado ejerciente del ICAM núm. 82.329, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, 
DIGO 
I. Que, por medio del presente escrito, al amparo de lo dispuesto en los artículos 270, siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“LECrim”) vengo a interponer QUERELLA, contra quienes a lo largo de la instrucción resulten responsables de los hechos que se describen, por la presunta comisión del delito de ALTERACIÓN DE PRECIOS, contemplado en el artículo 284 del Código Penal. 
II. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“LECrim”), vengo a formular la citada querella, con sustento en los siguientes extremos: 
I.- COMPETENCIA 
Es competente el Juzgado al que me dirijo en virtud de lo dispuesto por el artículo 65.1º c. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (“LOPJ”), la cual dispone que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá de: 
“Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.” 
II.- LEGITIMACIÓN 
La legitimación la ostenta el Sindicato de Manos Limpias, a tenor del artículo 125 de la Constitución Española, que regula la acción popular, y a tenor de lo preceptuado en el artículo 101 de la LECrim, la cual dispone que “La acción penal es pública” y “Todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley”. 
III.- IDENTIFICACIÓN DEL QUERELLANTE 
El querellante, que es mi representado, es el “SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MANOS LIMPIAS”, con CIF G-81428252 y domicilio en calle Ferraz nº 13, 1º B, 28008, Madrid. 
IV.- IDENTIFICACIÓN DEL QUERELLADO 
Sin perjuicio de dirigir las acciones penales y civiles contra quienes a lo largo del proceso aparezcan relacionadas con los hechos, la presente querella criminal se dirige contra: 
- REPSOL, S.A., con CIF A-78/374725 y domicilio en C/Méndez Álvaro 44, 28045, Madrid. 
- COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U., con C.I.F. A28003119 y domicilio en Torre CEPSA, Paseo de la Castellana, 259 A, CP 28046 Madrid. 
- DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A., con C.I.F A38445839 y domicilio Calle Álvaro Rodríguez López 1 - 38003 - Santa Cruz de Tenerife. 
- GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A., con C.I.F. A28559573, y domicilio en la C/ Anabel Segura, 16, 00000 - (Alcobendas) - 28 
- MEROIL, S.A., con C.IF. A60404910, CTRA M-607 (CERCEDA-NAVACERRADA), KM. 0001,5 - 28490 - BECERRIL DE LA SIERRA (DISEMINADO) (MADRID) 
V.- PROCEDIMIENTO 
Debiendo tramitarse la causa a instruir por razón de la presente querella conforme al procedimiento abreviado contemplado en los artículos 757 y siguientes de la LECrim, manifiesto expresamente que ejercito tanto las acciones penales como las civiles que se deriven de la siguiente relación de hechos punibles con arreglo a los fundamentos legales que se indican. 
VI.- HECHOS QUE MOTIVAN LA INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE QUERELLA 
A pesar de que la gran mayoría de los hechos que a continuación procedemos a exponer son de notoriedad pública, es nuestro deseo poner en conocimiento del Juzgado al que tenemos el honor de dirigirnos, aquellos que son susceptibles de una mayor adecuación tanto al tipo delictivo supra referenciado, como de sustento de los mismos, sin que en ningún caso dejen de ser relevantes otros muchos que, por sistematicidad del presente escrito de querella, no podemos reproducir. 
PRIMERO.- Que, esta parte viene a volcar en sede judicial los hechos seguidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los expedientes S/474/13 y SNC/0032/13, que se acompañan a la presente como documentos núm. 1 y 2, respectivamente, frente a las ahora querelladas, y ello, en la medida en la que han llevado a cabo prácticas colusorias restrictivas de la competencia y el libre mercado, prohibidas explícitamente por la Ley de Defensa de la Competencia, a nivel nacional, y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a nivel comunitario, mediante el alineamiento de precios de venta al público en las estaciones de servicio de distintas operadoras llegando a fijar indirectamente el precio de venta al público, y restringiendo así la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de estaciones de servicio, fruto de los intercambios de información que han tenido lugar entre los competidores, a veces materializados incluso en acuerdos de precios celebrados entre ellos. 
SEGUNDO.- Que, igualmente, tal y como se desprende de la lectura de ambos dos expedientes administrativos, el alineamiento de las condiciones comerciales entre operadoras se articulaba mediante intercambios de información estratégica entre las competidoras, pactos de no agresión en precios a través de sus técnicos comerciales, y coordinación entre estaciones (contratos, márgenes, volúmenes y clientes). 
Así, se tiene constancia que, al menos, durante los años 2011, 2012 y 2013, en las provincias de Zaragoza, Barcelona y en las ciudades dePalencia o Ceuta, tal y como contiene la documentación recabada en inspección en el procedimiento administrativo, las compañías petrolíferas llegaron incluso a enviarse correos electrónicos indicando las diferencias de precios y los días en que estos debían cambiar. 
Actuaciones todas ellas que demuestran el control monopolista y la manipulación que efectuaban en el mercado sin respetar las disposiciones anticolusorias de las agrupaciones verticales ni el libre comercio, tanto a nivel nacional como supranacional, repercutiendo negativamente en toda la actividad económica transfronteriza. 
TERCERO.- Que, es más, de la investigación llevada a cabo por la CNMC, las infracciones cometidas por cada operador, ahora querellados, se cernía y tenía como denominador común el llamado 'efecto lunes', es decir, la actuación que llevaban a cabo las petroleras consistía en abaratar los precios los lunes –pues eran los Lunes cuando se comunicaban a la Comisión Europea- y los encarecían el resto de semana. 
VII.- TIPIFICACIÓN JURÍDICO-PENAL DE LOS HECHOS DESCRITOS Y ASPECTOS DOCTRINALES 
Entiende esta parte que los hechos previamente descritos podrían ser constitutivos de un delito de ALTERACIÓN DE PRECIOS tipificado en el artículo 284 del Código Penal, en la medida en que se dan indicios suficientes para afirmar la concurrencia de los elementos configuradores del tipo. 
En efecto, el artículo 284 del Código Penal dispone que: 
Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses a los que: 
1.º Empleando violencia, amenaza o engaño, intentaren alterar los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderles por otros delitos cometidos. 
2.º Difundieren noticias o rumores, por sí o a través de un medio de comunicación, sobre personas o empresas en que a sabiendas se ofrecieren datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, obteniendo para sí o para tercero un beneficio económico superior a los 300.000 euros o causando un perjuicio de idéntica cantidad. 
3.º Utilizando información privilegiada, realizaren transacciones o dieren órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de valores o instrumentos financieros, o se aseguraren utilizando la misma información, por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos valores o instrumentos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales. 
En todo caso se impondrá la pena de inhabilitación de uno a dos años para intervenir en el mercado financiero como actor, agente o mediador o informador. 
Se trata de un delito previsto como medio de protección del mercado, en especial de la libre fijación de precios en el mismo, precios que habrían de fijarse a merced de la libre confrontación entre la oferta y la demanda del producto en cuestión. 
En consecuencia, constituye la conducta típica del delito alterar el precio que resulta de la libre concurrencia del mercado, con independencia de que se haya realizado al alza o a la baja, a través de engaño, como resulta del caso concreto, manipulando el sistema de fijación de precios propio de nuestro modelo económico, como resulta de la actuación de las ahora querelladas. 
VIII.- FONDO DEL ASUNTO 
En las siguientes líneas procederemos a analizar el ilícito penal que mediante la presente querella se pone de manifiesto, identificando sus rasgos característicos y elementos configuradores del tipo, para poder apreciar, de esta manera, la concurrencia de las mismas en el supuesto que nos ocupa. 
En este sentido, la STS n° 575/2004, de 11 de mayo (RJ 2004, 5212), señala que: 
“El delito aplicado previsto en el antiguo artículo 540 CP/1973 ( RCL 1973, 2255) y hoy tipificado en el 284 , dentro de la sección correspondiente a los delitos relativos al mercado y a los consumidores, castiga a los que, difundiendo noticias falsas o tendenciosas, empleando violencia, amenaza o engaño, o usando de cualquier otra maquinación intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, monedas, títulos o valores, o cualesquiera otras cosas, muebles o inmuebles, que fueren objeto de contratación (el Texto vigente tiene variaciones pero mantiene sustancialmente la descripción anterior). Se trata de un delito de simple actividad cuyo bien jurídico protegido no es el patrimonio particular de una persona en concreto sino la libre formación de los precios según las Leyes del mercado. Ciertamente existe una legislación administrativa paralela que se ocupa de la competencia y que solapa en gran medida las previsiones del Código Penal (Ley 16/89 ( RCL 1989, 1591) de Defensa de la Competencia, y sobre el Mercado de Valores o Ley 3/91 ( RCL 1991, 71) de Competencia Desleal ). La doble incriminación penal y administrativa obliga a determinar cuándo se aplicará la primera, que en todo caso es preferente. La pauta para ello está precisamente en los medios empleados para desplegar la actividad ilícita, es decir, la difusión de noticias falsas, el empleo de amenazas o engaño o como con mayor precisión señala el Texto vigente, además de lo anterior, utilizar información privilegiada, suprimiendo la referencia genérica y por ello insegura a usar de cualquier otra maquinación. (...) siendo indiferente que como resultado la alteración de los precios fuese al alza o a la baja, pues de lo que se trata es de obstaculizar su libre formación mediante el empleo de los medios descritos en el precepto (ver SSTS 26/10/88 , 549/97, que cita la anterior , o más recientemente la 504/03 ]).” 
Habida cuenta de lo anterior cabe afirmar que concurren en las conductas de las querelladas indicios suficientes de criminalidad que indican la existencia de los elementos típicos del delito previsto en el artículo 284 del CP. 
Es evidente que mediante la ficción desplegada por los ahora querellados, haciendo creer que los precios en cuestión obedecían a su libre formación en el mercado, cuando en realidad existía connivencia respecto de las mismas, se alteraron las Leyes del mercado, impidiendo la libre formación de precios, y en consecuencia, afectando negativamente tanto a la competencia como a los consumidores; y en consecuencia, al mercado en general. 
Debemos partir del hecho de que el tipo previsto por el artículo 284 del CP requiere para su comisión el uso de determinados medios, siendo estos medios los que, por su gravedad, hacen necesaria la intervención de la jurisdicción penal, y en consecuencia, que la conducta en cuestión sea reprochable más allá de la esfera administrativa. 
Ha quedado acreditado de los hechos previamente expuestos que existía una “línea directa” entre las querelladas para subir o bajar los precios del carburante al unísono, mediando para ello una conducta que bien podría ser considerada como engañosa. 
Podría decirse, en consecuencia, que ha existido un engaño; engaño hacia los consumidores y sin el cual no cabría la posibilidad de apreciar la comisión de este delito. En cualquier caso, sería conveniente contar con la totalidad del expediente administrativo (S/474/13) que dio pie a la Sanción administrativa impuesta mediante la resolución de la CNMC de 20 de Febrero de 2015, pues únicamente en vista de esta documentación sería posible concretar los medios específicos de los cuales los operadores involucrados se han valido para intentar, y efectivamente, alterar, el precio de los bienes en cuestión. 
Engaño que es igualmente apreciable en las conductas que tienen lugar en la práctica denominada como “efecto lunes”, pues precisamente dicha práctica consistiría en engañar a las autoridades encargadas de controlar el precio de los carburantes, y por ende, a los ciudadanos; consiguiéndose de esta manera una apariencia de estabilidad de precios que se alejaba de la situación real, y bajo el cual únicamente subyacían conductas tendentes a pactar y por ende, alterar, los precios del mercado de los carburantes, en beneficio de las petroleras en ellas involucradas y en perjuicio del mercado y sociedad en general. 
Es decir, en la medida en que era ese día de la semana cuando se tomaban los datos para las estadísticas europeas, las operadoras querelladas habrían decidido bajar los precios para volver a subirlos los días siguientes. Efecto lunes que habría sido ideada por Repsol y seguida por las demás operadoras competidoras, y que habría tratado de ser justificada por esta operadora como medida “para favorecer a los profesionales del transporte que utilizan mayoritariamente ese día para cargar sus depósitos de cara a su actividad semanal”; si bien los hechos indican que la inusual bajada de precio que se producía este día de la semana y que alteraba el normal funcionamiento del mercado de la distribución minorista de carburantes, responde a un intento de maquillar los precios comunicados a las Autoridades españolas y europeas. 
Se trataría, en consecuencia, de un engaño a los consumidores, así como a los inversores y al fin y al cabo, una práctica que inevitablemente repercute en la economía nacional. 
Por todo lo expuesto, 
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL SUPLICO: 
Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que lo acompañan, y sus respectivas copias, tenga interpuesta por el SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MANOS LIMPIAS, a través de la Procuradora suscrita, con quien se entenderán las sucesivas diligencias a que haya lugar, QUERELLA CRIMINAL contra las entidades REPSOL, S.A., COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U., DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, S.A., GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A. y MEROIL, S.A; en sus méritos acuerde admitir a trámite la presente querella, incoando las oportunas Diligencias Previas, por la presunta comisión del delito de ALTERACIÓN DE PRECIOS, tipificado en el artículo 284 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; acuerde y adopte la práctica de cuantas diligencias y medidas cautelares sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados mediante el presente escrito, y en todo caso, y sin perjuicio de las que se decreten de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, al que se dará traslado de esta querella, las siguientes: 
Diligencias: 
- Se requiera a la CNMC para que remita los expedientes completos con referencia S/474/12 y SNC/003/13. 
PRIMER OTROSI DIGO, Que, siendo de aplicación de manera subsidiaria para todo lo no previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, habiendo esta parte tratado de cumplir con todos los requisitos legales y formales establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, a tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se nos requiera para la subsanación de los posibles defectos en los que hubiera podido incurrir. 
En virtud de lo anterior, 
AL JUZGADO SUPLICO: 
Que tenga por realizada la anterior manifestación a los efectos legales oportunos. 
Por ser Justicia que, respetuosamente suplico en lugar y fecha señalados “Ut Supra” 

Fdo. Pedro Francisco Muñoz Lorite. 
Letrado colegiado núm. 82.329 ICAM. 
Fdo. María Isabel Salamanca Álvaro 
Procuradora de los Tribunales

miércoles, 17 de junio de 2015

Nota de prensa: DENUNCIA Contra el Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias denuncia al Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, de la Formación Ahora Madrid, por provocación a la discriminación, al odio, por motivos racistas , por xenofobia y antisemita y por delitos de injurias y calumnias.
Manos Limpias ha formulado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, al Concejal Pablo Soto, al haber incitado en las redes sociales al odio, al racismo, injuriando el honor de las personas así como amenazando a las mismas.
Se adjunta copia de la denuncia.
En Madrid, a 17 de Junio de 2015.


AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 
(FISCALIA) 
CONTRA LOS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN 
C/ Santiago de Compostela, 96 
28035 - Madrid 
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por el presente escrito, al amparo del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prescribe: 
“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”. 
Formula, 
DENUNCIA 
Contra el Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, del grupo político Ahora Madrid, por presuntos delitos de xenofobia, racismo, contra la dignidad de las personas, injurias y amenazas. 
RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS 
PRIMERO: La aparición de una notitia criminis, en todos los medios de comunicación, donde el denunciado ha divulgado en las redes sociales, tuits delictivos. 
SEGUNDO: Destacamos los principales tuits: 
a) “¿Sabéis ese tipo que se prende fuego en la escalinata del congreso antes de una revolución? Pues yo soy más de KALASHNIKOV”. 
b) “Cospedal asegura que el Gobierno del PP “no va a dejar a nade en la cuneta” andaluciainformacion.es/andalucia/2429…Que poquita memoria, la hijaputa.” 
c) “Bueno, eso, que a quemar bancos. Digo a dormir”. 
d) “ Yo no puedo aseguraros que por torturar y matar a Gallardón se vaya a cambiar toda la historia, pero por probar no perdemos nada”. 
e) “Los amigos #PPSOE están pensando en cómo salir de esta. No son los suicidios lo que les preocupa, sino el olor a guillotina.#AbojoElRegimen”. 
f) “Ojo, que no es que yo quiera quemar bancos, que es por su bien. Y por lo bonito que hace el fuego”. 
TERCERO: La OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa), establece 2 elementos del delito de odio: 
a) Que esté tipificado como delito en la legislación nacional. 
b) Cometido con motivación prejuiciosa , la víctima ha sido escogida por su pertenencia a un grupo que el autor desprecia. 
NO SE TRATA DE LIMITAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NI DE CRIMINALIZAR LA MISMA 
Se trata de que hechos delictivos no queden impunes. No vale todo bajo el paraguas del derecho a la libertad de expresión. De no tener límites este derecho se podían cometer todo tipo de desmanes y de atrocidades. 
Hay que tener en cuenta, que el título Primero de la Constitución Española garantiza: 
A) Artículo 10: La dignidad de la persona. 
B) Artículo 18: El honor y la propia imagen. 
Además, el artículo 20, limita en su apartado 4º que el derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, o el escrito o cualquier otro medio de reproducción, tiene su LIMITE en el respeto a los derechos reconocidos en el título 1. 
VIGENCIA DEL DENOMINADO “RESURRECCIÓN DEL DERECHO” 
Esta doctrina jurisprudencial consolidada, que no hay prescripción de los hechos denunciados en este escrito, ya que durante todo el tiempo , dichos tuits han permanecido en las redes sociales, retuiteándose a su vez infinidad de veces en las redes sociales , por lo que se ha producido lo que en términos jurídicos se conoce como “RESURRECCIÓN DEL DERECHO”. 
Los hechos denunciados conllevan los siguientes, 
ILÍCITOS PENALES 
PRIMERO: Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Artículo 510 C.P. 
“Los que provocaren a la discriminación, al odio, o la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas……….”. 
SEGUNDO: Delito de injurias, a tenor de lo prescrito en el artículo 208 del C.P. 
TERCERO: Delito de amenazas, a tenor de lo prescrito en el artículo 170 del C.P. 
CUARTO: Delito de Genocidio, a tenor de lo prescrito en el articulo 607 C.P. 
“Los que con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren alguno de los siguientes actos: 
La difusión por cualquier medio de ideas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en este artículo” 
AGRAVANTE 
A tenor de lo prescrito en el artículo 22 del Código Penal, que prescribe: 
1.ª Ejecutar el hecho con alevosía. 
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. 
2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. 
4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad. 
5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 
8.ª Ser reincidente. 
Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. 
Además, dando PUBLICIDAD a través de las redes sociales. 
En su virtud, 
SOLICITO de esa Fiscalía, 
Admita la presente denuncia y se actúe conforme a derecho corresponda. 
Es justicia que pido en Madrid, a 17 de Junio de 2015. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS 
MIGUEL BERNAD REMON 

OTROSÍ DIGO: Se adjuntan como una de las innumerables pruebas, los pantallazos de los tuits publicados en diversos medios de comunicación. 
OTROSÍ DIGO: Se adjunta como prueba el pantallazo de los tuits del denunciado. 
OTROSÍ DIGO. Que se practique un chequeo completo de los últimos 5 años de los tuits lanzados por el denunciado en las redes sociales. 
Es justicia que reitero.

lunes, 15 de junio de 2015

DENUNCIA Contra el Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
(FISCALIA)
CONTRA LOS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN
C/ Santiago de Compostela, 96
28035 - Madrid

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por el presente escrito, al amparo del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prescribe:
“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”.
Formula,
DENUNCIA
Contra el Concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, del grupo político Ahora Madrid, por presuntos delitos de xenofobia, racismo, contra la dignidad de las personas, injurias y amenazas.
RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS
PRIMERO: La aparición de una notitia criminis, en todos los medios de comunicación, donde el denunciado ha divulgado en las redes sociales, tuits delictivos.
SEGUNDO: Destacamos los principales tuits:
a) “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser, para que no vaya Irene Villa a por repuestos”.
b) “¿Cómo matarías a 5 millones de judíos en un seiscientos?, en un cenicero.”
c) “Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo”.
d) “ Ser comunista nunca había sido tan sencillo, es solo un poco más sencillo que ser de ETA”.
e) “Se confirma que ETA, además de criminal, era idiota, con la cantidad de simpatizantes y aliados que tenía, no fue capaz de tomar el poder”.
TERCERO: Humor negro y cruel, es la justificación para parapetarse en la impunidad y que todo el peso de la ley no recaiga sobre el denunciado.
CUARTO: La OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa), establece 2 elementos del delito de odio:
a) Que esté tipificado como delito en la legislación nacional.
b) Cometido con motivación prejuiciosa , la víctima ha sido escogida por su pertenencia a un grupo que el autor desprecia.
NO SE TRATA DE LIMITAR EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NI DE CRIMINALIZAR LA MISMA
Se trata de que hechos delictivos no queden impunes. No vale todo bajo el paraguas del derecho a la libertad de expresión. De no tener límites este derecho se podían cometer todo tipo de desmanes y de atrocidades.
Hay que tener en cuenta, que el título Primero de la Constitución Española garantiza:
A) Artículo 10: La dignidad de la persona.
B) Artículo 18: El honor y la propia imagen.
Además, el artículo 20, limita en su apartado 4º que el derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, o el escrito o cualquier otro medio de reproducción, tiene su LIMITE en el respeto a los derechos reconocidos en el título 1.
Los hechos denunciados conllevan los siguientes,
ILICITOS PENALES
PRIMERO: Delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Artículo 510 C.P.
“Los que provocaren a la discriminación, al odio, o la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas……….”.
SEGUNDO: Delito de injurias, a tenor de lo prescrito en el artículo 208 del C.P.
TERCERO: Delito de amenazas, a tenor de lo prescrito en el artículo 170 del C.P.
CUARTO: Delito de Genocidio, a tenor de lo prescrito en el articulo 607 C.P.
“Los que con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren alguno de los siguientes actos:
La difusión por cualquier medio de ideas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en este artículo”
AGRAVANTE
A tenor de lo prescrito en el artículo 22 del Código Penal, que prescribe: 
1.ª Ejecutar el hecho con alevosía. 
Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. 
2.ª Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente. 
4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que padezca o su discapacidad. 
5.ª Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 
8.ª Ser reincidente. 

Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.
Además, dando PUBLICIDAD a través de las redes sociales.
En su virtud,
SOLICITO de esa Fiscalía,
Admita la presente denuncia y se actúe conforme a derecho corresponda.
Es justicia que pido en Madrid, a 15 de Junio de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS
MIGUEL BERNAD REMON

OTROSÍ DIGO: Se adjuntan como una de las innumerables pruebas, los pantallazos de los tuits publicados en diversos medios de comunicación.
OTROSÍ DIGO. Que se practique un chequeo completo de los últimos 5 años de los tuits lanzados por el denunciado en las redes sociales.
Es justicia que reitero.

lunes, 8 de junio de 2015

Nota de Prensa: Manos Limpias ante las declaraciones de Artur Mas en la Expo de Milán.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias, en la querella que tiene planteada ante el TSJ de Cataluña contra Artur Mas por el proceso soberanista, incluirá como una prueba más, las declaraciones efectuadas por Artur Mas aprovechando la visita a la Expo de Milán.
En la entrevista en el diario “Il Corriere della Sera”, en la que dejó la puerta abierta a una declaración unilateral de independencia, pone de manifiesto una vez más, las coacciones y amenazas al Gobierno de España y a los españoles.
Manos Limpias, que está personada como única acusación popular en la querella contra Artur Mas por diversos delitos en el TSJ Cataluña, querella 16/2014, va a incluir en la querella este nuevo desafío que suponen coacciones y amenazas, y que de manera palmaria y manifiesta ponen en evidencia el ánimo doloso de Artur Mas para llevar por todos los medios el proceso soberanista catalán.
Manos Limpias se lamenta que el Gobierno de España en el tema catalán, siga actuando con paños calientes en lugar de defender con autoridad el Estado de Derecho con la contundencia que requiere el reto constante y permanente, en este caso, a través de coacciones y amenazas a la unidad de España.
En Madrid, a 8 de Junio de 2015.

domingo, 31 de mayo de 2015

Nota de Prensa: Ultraje final copa del Rey. Denuncias Comité Español de Disciplina Deportiva. Denuncia Fiscal General del Estado.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias denuncia ante el Fiscal General del Estado, los ultrajes a España y a las Instituciones del Estado, en la final de la Copa del Rey. Así mismo, denuncia los hechos ante el Comité Español de Disciplina Deportiva.
Manos Limpias ha formulado 2 denuncias, cuyas copias se adjuntan. Una de tipo administrativo por vulneración de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte; y la otra denuncia de tipo penal, en base a los artículos 510 y 543 del Código Penal (un delito relativo al ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de ultrajes a España).
En Madrid, a 31 de Mayo de 2015.

DENUNCIA COMITÉ ESPAÑOL DE DISCIPLINA...
COMITÉ ESPAÑOL DE DISCIPLINA DEPORTIVA 
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, que por medio del presente escrito, FORMULA, 
DENUNCIA 
Contra los responsables de los hechos acontecidos en la final de la Copa del Rey, entre el Barcelona y Atlethic de Bilbao, al haberse producido unos hechos que han vulnerado la Ley 19/2007 contra la violencia , el racismo , la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

viernes, 29 de mayo de 2015

Manos Limpias denuncia el gran fraude de la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados Tinduf.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias denuncia el gran fraude de la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados Tinduf.
Manos Limpias en base a un informe de la OLAF (Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude , dependiente de la Comisión Europea), denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que se está cometiendo con la ayuda europea y la ayuda española un gran fraude, ya que la ayuda económica y alimentaria desde el año 2003 a los campamentos de refugiados de Tinduf., está siendo desviada por cuenta de los responsables argelinos y la dirección del Polisario para fines distintos a los que debería dirigirse la referida ayuda humanitaria.
Se adjunta copia de la denuncia.
En Madrid, a 29 de Mayo de 2015.


FISCAL ANTICORRUPCIÓN 
C/ Manuel Silvela, 4 
28010 - Madrid 
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por el presente escrito, al amparo del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prescribe: 
“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”. 
Formula, 
DENUNCIA 
Contra los autores materiales , (dirigentes del Polisario , ONGS, Coordinadora Estatal de Asociaciones solidarias con el Sahara) del “fraude en la ayuda humanitaria” destinada a los campamentos de Tinduf, así como contra los cómplices , encubridores y cooperadores necesarios en este masivo fraude.

jueves, 21 de mayo de 2015

Manos Limpias recurre ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de multar con 1.500€ a Manos Limpias...

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias recurre ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de multar con 1.500€ a Manos Limpias por haber denunciado a los magistrados que absolvieron a los asaltantes al Parlamento Catalán.
La sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los asaltantes al Parlamento Catalán, con el voto en contra de su Presidente y del Ministerio Público, fue luego revocada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo que les condenó además de abonar una cantidad económica , a una condena de 3 años de prisión.
Manos Limpias presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra los 2 magistrados de la Audiencia Nacional que absolvieron a los asaltantes al Parlamento Catalán, pues eran evidentes que los magistrados dictaron una sentencia política y no jurídica, circunstancia esta también avalada por el Ministerio Público, que pidió la nulidad de la sentencia.
Ahora, el Tribunal Supremo condena al Sindicato a una multa de 1.500€ por haber denunciado a los 2 magistrados que absolvieron a los asaltantes al Parlamento Catalán.
En un ejercicio de pésimo corporativismo, de falta de objetividad y rigor de los miembros del Tribunal Supremo en su resolución, se carga la tutela judicial efectiva, la libertad de actuación para ejercitar acciones por parte de los denunciantes poniendo una vez más en entredicho una justicia que cada vez tiene menos credibilidad en la ciudadanía con resoluciones de este tipo.
Manos Limpias prepara el recurso de amparo ante el Constitucional y llegará hasta las instancias europeas para que resoluciones de este tipo, que vulneran derechos fundamentales y tratan de coartar y limitar el ejercicio de la acción popular, no queden impunes.
En Madrid, a 21 de Mayo de 2015.

jueves, 7 de mayo de 2015

Querella Banco Madrid

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

DOÑA MARÍA ISABEL SALAMANCA ÁLVARO, procuradora de los Tribunales y del SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MANOS LIMPIAS (en adelante Manos Limpias), según acreditaré mediante Apud Acta, y bajo la dirección letrada de DON PEDRO FRANCISCO MUÑOZ LORITE, colegiado ejerciente del ICAM núm. 82.329, y domicilio a efectos de notificaciones en el Paseo de la Habana 9-11, Edificio Unicentro, “LaBE Abogados”, 28036 de Madrid, ante la Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho,
DIGO
I. Que, por medio del presente escrito, al amparo de lo dispuesto en los artículos 270, siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vengo a interponer QUERELLA Y APORTAR INFORMACIÓN, contra las personas que, a lo largo de la instrucción resulten responsables de los hechos que se describen, por la presunta comisión de los delitos BLANQUEO DE CAPITALES Artículos 301 a 304 del Código Penal, DEL DELITO DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN CRIMINAL prevista en el Artículo 570 Bis del Código Penal; DEL DELITO CONTABLE previsto en el artículo 310 del Código Penal.
II. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo a formular la citada querella, con sustento en los siguientes extremos
I.- COMPETENCIA
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional tienen competencia para investigar a cerca de los delitos económicos que por su naturaleza causen grave perjuicio a la economía nacional.
En este sentido, el presente escrito se interpone ante el Juzgado designado a tales efectos, a saber, el Juzgado Central de Instrucción Núm. 4 de la Audiencia Nacional, por ser competente para la instrucción de los delitos mencionados con anterioridad, por haber sido cometidos en varias Comunidades Autónomas, y al haberse evadido presuntamente capital a paraísos fiscales así como blanqueado grandes cantidades de capital, todo ello a tenor de lo preceptuado en el artículo 65 de Lay Orgánica antes mencionada.
II.- LEGITIMACIÓN
La ostenta el Sindicato de Manos Limpias, a tenor del artículo 125 de la Constitución Española, que regula la acción popular, y a tenor de lo preceptuado en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
III.- IDENTIFICACIÓN DEL QUERELLANTE
El querellante, que es mi representado, es el “SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MANOS LIMPIAS”, con CIF G-81428252 y domicilio en calle Ferraz nº 13, 1º B, 28008, Madrid.
IV.- IDENTIFICACIÓN DEL QUERELLADO
Sin perjuicio de dirigir las acciones penales y civiles contra las personas que a lo largo del proceso aparezcan relacionadas con los hechos, la presente querella criminal se dirige contra:
- ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE MADRID SAU, con domicilio sito en la Calle Paseo de la Castellana, Número 2, Código postal 28046 Madrid (España).
- Miembros de la junta directiva de BANCO DE MADRID SAU administradores de hecho y de derecho que, con motivo de la instrucción de la presente causa puedan resultar criminalmente responsables.
V.- PROCEDIMIENTO
Debiendo tramitarse la causa a instruir por razón de la presente querella conforme al procedimiento abreviado contemplado en los artículos 757 y siguientes del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, manifiesto expresamente que ejercito tanto las acciones penales como las civiles que se deriven de la siguiente relación de hechos punibles con arreglo a los fundamentos legales que se indican.
VI.- HECHOS QUE MOTIVAN LA INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE QUERELLA
A pesar de que la gran mayoría de los hechos que a continuación procedemos a exponer son de notoriedad pública, nuestro deseo es poner en conocimiento de esta Sala aquellos que son susceptibles de una mayor adecuación tanto a los tipos delictivos supra referenciados, como de sustento de los mismos, sin que en ningún caso dejen de ser relevantes otros muchos que, por sistematicidad del presente escrito de querella, no podemos reproducir. Procede esta parte, por tanto, a transcribir aquellos de mayor relevancia:
PRIMERO.- Que la entidad financiera, Banco Madrid, fue constituida en Barcelona en 1954, que después de numerosos intercambios de activos, fue finalmente adquirido por Kutxa en el año 2001. Posteriormente en el año 2010, Kutxa acordó la venta de Banco Madrid a Banca Privada de Andorra (BPA). 
SEGUNDO.- A partir del año 2010 la matriz BPA, utilizaba presuntamente a su filial ahora querellada, Banco de Madrid para blanquear grandes cantidades de capital que entraban en su sucursal proveniente del Continente Americano, Rusia o incluso el Continente asiático. Una vez invertido y gestionado de la manera oportuna BPA transmitía dichos capitales a Banco Madrid con el fin de reintegrar en el mercado económico europeo los capitales de procedencia ilícita. 
Igualmente Banco Madrid obtenía una más que ventajosa contraprestación por aceptar dichos capitales sin apenas cumplir los requisitos básicos de seguridad bancaria y financiera, no se interesaba por el lugar de proveniencia de los capitales que sus clientes se disponían a desembolsar, e igualmente captaba numerosos fondos de inversores internacionales que acudían indistintamente a BPA o Banco Madrid, ya que era notoria la fama en el sector sobre la opacidad y discreción que encontraban los clientes en la gestión de sus carteras y patrimonios.
Banco Madrid, por la gestión de las carteras y patrimonios obtenía una rentabilidad superior a la media del sector, hecho que convertía a Banco Madrid en el objetivo de los grandes inversores. Parte de esos inversores obtenían los capitales de manera ilícita, adjudicaciones irregulares, contrabando, trata de seres humanos, etc. 
La entidad Madrileña, pese a conocer dichos hechos y la proveniencia irregular de los capitales, no realizaba ningún tipo de investigación o control previo de los fondos, en contra de lo dispuesto en la numerosa legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales de obligado cumplimiento para todos los intermediarios del mercado financiero.
TERCERO.- Que Banco Madrid, estableció un entramado inter-societario para colaborar activamente con BPA y lograr un negocio aún más lucrativo para ambas partes, coordinando los intercambios de capital irregular entre filial-matriz. Incumpliendo expresamente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, recoge la obligación de los sujetos enumerados en su artículo 2, de establecer requisitos de control y conservación de documentos en operación que excedan de 15.000 euros, en una o varias operaciones siempre que el pago se efectúe en metálico, cheques bancarios al portador o pagos electrónicos que tengan la consideración de pago al portador; identificando a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones, realizando una comprobación previa, mediante documentos fehacientes.
CUARTO.- Que con motivo de la denuncia por blanqueo de Capitales del Departamento del Tesoro de EEUU, se ha producido la intervención de BPA por el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). El motivo de la intervención es entre otros el constante intercambio de capitales de carácter irregular e ilícito habido entre BPA y Banco Madrid. Igualmente, entre ambas partes se acordaban cuantiosas comisiones y se gestionaban millonarios pagos de retribuciones a clientes en “dinero B”.
QUINTO.- Que para ocultar fiscalmente todo ese tipo de intercambios, en lo que respecta a las obligaciones de llevanza de Contabilidad de Banco Madrid, se observa la presencia de una contabilidad “B” en la que se registran las operaciones al margen de la actividad lícita para mantener un riguroso control.
La doble contabilidad es gestionada exclusivamente por Banco Madrid, con independencia de las relaciones económicas y financieras que posee con BPA.
SEXTO.- Que con motivo de corroborar los hechos expuestos, numerosas fuentes periodísticas ha realizado labores de investigación, sobre los ilícitos cometidos por la entidad referenciada, dichas investigaciones y pruebas documentales se adjuntan como bloque documental nº1.
SÉPTIMO.- Que como entidad que opera en el mercado financiero y sujeto de cotización bursátil, pesa sobre la misma una obligación de sujeción a control de auditoria en una doble instancia bajo la supervisión del a CNMV y del Banco de España. Mediante la omisión y la ocultación de numerosa información a los organismos supervisores, ha actuado con ánimo de lucro para lograr perfeccionar los irregulares negocios jurídicos. Haciendo en todo momento caso omiso a las obligaciones de transparencia Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obrando por tanto con dolo en la realización de los ilícitos.
VII.- TIPIFICACIÓN JURÍDICO-PENAL DE LOS HECHOS DESCRITOS Y ASPECTOS DOCTRINALES
Aunque no resulte preceptivo ni necesario en este momento, entendemos que es conveniente efectuar un acercamiento a las figuras delictivas en las que, desde nuestra perspectiva, encuentran perfecto acomodo los hechos cometidos por la entidad FINANCIERA BANCO DE MADRID SAU. y los Sres. Don José Antonio Portugal Alonso, Don José Borrué Asensio y Don Antonio Ricardo Lucio-Villegas Spillard, en las funciones correspondientes como administradores de derecho (en fecha 22/04/2015) de la mercantil querellada. 
La presente querella criminal se formula en la consideración de que el relato fáctico narrado puede resultar constitutivo, en relación a la persona jurídica ENTIDAD FINANCIERA BANCO MADRID de los presuntos ilícitos cometidos por los Administradores y representantes legales de dicha entidad por extensión de la responsabilidad a las Personas Jurídicas del artículo 31Bis del Código Penal en los delitos que corresponda:
Artículo 31 BIS. 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.
Resulta por tanto presuntamente imputable a dicho sujeto y a las Personas Jurídicas involucradas la responsabilidad penal correspondiente a la comisión de los siguientes ilícitos:
De un delito de FINANCIACIÓN DE ORGANIZACIÓN O GRUPO CRIMINAL de acuerdo con lo previsto en los artículos 570 Bis del Código Penal.
Artículo 570 Bis.- 1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.
2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización:
a) Esté formada por un elevado número de personas.
b) Disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) Disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado.
3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.
Todo ello de acuerdo con que las actividades llevadas a cabo por BPA, eran de sobra conocidas y consentidas por Banco de Madrid, y se prestaban ayuda mutua para ocultar y dar apariencia de licitud a los capitales con la ayuda de la relación Matriz-Filial establecida al efecto desde la adquisición de Banco de Madrid por parte BPA.
Del delito de BLANQUEO DE CAPITALES, en conformidad a la concurrencia de lo estipulado en los artículos 301, 302 y 303, por cuanto, captando fondos de procedencia ilícita o con una apariencia de ilicitud, provenientes tanto de la matriz BPA o de clientes internacionales que pretendían reintegrar en el circuito económico cantidades obtenidas de manera ilícita. Para ejecutar dicho blanqueo las cantidades irregularmente obtenidas eran depositadas en diversas cuentas de Banco Madrid SAU.
“Articulo 301. 1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículo 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.
También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.
2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.
3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.
4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.
5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.”
“Articulo 302. 1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”.
“Articulo 303. Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma.
A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.”
Del delito CONTABLE previsto en el artículo 310 del Código Penal, en cuanto para llevar un control de dichas regulaciones e intercambios de capital, se realizaban contabilidades paralelas una de ellas no declarada.
“Artículo 310. Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por Ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:
a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.
b)  Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.
d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.
La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.”
Todo ello en virtud de las operaciones irregulares realizadas por Banco Madrid en el afán de obtener una mayor cartera de clientes con independencia de la legalidad o no de los capitales desembolsados por los mismos. Igualmente las irregularidades se producían en los intercambios de activos y pasivos entre matriz-filial.
VIII. FONDO DEL ASUNTO
Antes de analizar los ilícitos penales que se configuran en la presente querella, es importante tener en cuenta que la misma guarda un nexo en el tiempo que permite entender, aunque aparentemente venga configurada por actos independientes entre sí, que, entre todos ellos converge un mismo “iter criminis”. Esto es, una consecución temporal e instrumentalizada, en el ánimo del presunto imputado que conecta entre sí todas sus actuaciones.
Al respecto se pronuncia la Sentencia núm. 473/2014, de 24 de julio, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de La Coruña: «El delito continuado nace de una pluralidad de acciones que individualmente contempladas son susceptibles de ser calificadas como delitos independientes pero que desde una perspectiva de la antijuridicidad material se presentan como una infracción unitaria que opera como una verdadera realidad jurídica que permite construir un proceso unitario sobre una pluralidad de acciones que presentan una determinada unidad objetiva y subjetiva».
Así las cosas, resulta conveniente recordar lo establecido en el Código Penal respecto de las personas directamente responsables de los delitos y faltas que en el mismo texto legislativo se regulan, concretamente en su artículo 28 se dispone cuanto sigue: «Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento» en relación a los actos cometidos por los administradores de hecho y de derecho de las entidad querellada.
Las personas jurídicas resultaran responsables de los actos cometidos por cuenta y beneficio de la propia persona jurídica. El beneficio puede ser, según reciente jurisprudencia, directo o indirecto, significando este último un ahorro en costes, con independencia de que se exija la responsabilidad solo para un número determinado de delitos. En los presentes hechos la práctica totalidad de los ilícitos son aplicables a la persona jurídica que se enjuicia, y de manera alternativa y cumulativa para el administrador de hecho y de derecho de la entidad. La responsabilidad de la persona jurídica se considera propia e independiente de las personas físicas involucradas.
La responsabilidad de los administradores de hecho y de derecho, en virtud del artículo 31 del código penal, se produce la extensión de la responsabilidad por los actos realizados por éstos sujetos con independencia de que no concurran en ellos las condiciones especiales que requiere el delito. Siempre que sus actuaciones se rijan por la representación de la entidad o actuación en nombre de la misma.
Artículo 31. 1. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.
-DEL DELITO CONTABLE-
(Artículo 310 C.P.)
El legislador mediante el presente delito trata de prevenir la futura lesión y es por ello por lo que se denomina como de peligro, siendo sujeto pasivos de la acción todos aquellos obligados por Ley Tributaria a llevar contabilidad mercantil o libros registros oficiales. Es evidente en los presentes hechos que la entidad Banco de Madrid, es obligada tributaria y correspondía a los administradores de hecho y de derecho la correcta gestión y llevanza de las obligaciones.
El ilícito se caracteriza por una serie de supuestos que en el presente caso se ciñen al apartado “b” del artículo 310 del C.P., esto es la llevanza de contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. 
La llevanza de las contabilidades distintas se caracteriza por ser un acto preparatorio del fraude fiscal, encaminado a una efectiva minoración de bases imponibles y minoración de la carga impositiva. Dicha acción se lleva a cabo para impedir la correcta determinación de base imponible y ocultar numerosos negocios jurídicos a efectos fiscales.
La consumación del delito de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia solo requiere el incumplimiento del deber de contabilidad que surge por Ley General Tributaria independientemente de la consumación efectiva del delito fiscal posterior.
Se entiende por tanto que Banco Madrid con la llevanza de contabilidades paralelas para anotar todas las interacciones con BPA y con clientes cuyos fondos eran de dudoso cobro, ha cometido presuntamente el ilícito mencionado.
-DEL DELITO DE COOPERACIÓN CON ORGANIZACIÓN CRIMINAL-
(Artículo 570BIS C.P.)
Mediante la tipificación del presente delito, el legislador trata de suprimir cualquier tipo de organización en la cual se puedan cometer actos ilícitos y con ello se tipifica cualquier colaboración ya sea de forma directa o indirecta a la consecución del fin ilícito.
En el propio artículo 570Bis C.P. apartado primero se concreta la conducta típica en aquellos que participen activamente en la organización, forme parte de ella o cooperen económicamente o de cualquier otro modo con la misma. 
Por lo tanto y con carácter previo debemos delimitar que se entiende por organización criminal y una vez establecida dicha calificación determina la colaboración de Banco Madrid.

En relación a la entidad BPA, se dan los elementos que permiten la calificación como organización criminal en cuanto es una entidad de carácter estable en el tiempo, con una pluralidad de sujetos y se encuentra absolutamente coordinada. La actividad principal es la financiera dentro del mercado internacional pero a su vez dentro de dicha actividad financiera, una de las actividades y principales motores de la viabilidad de la entidad era la captación de fondos irregulares para posteriormente blanquearlo a través de sus filiales obteniendo unas cuantiosas remuneraciones los clientes y beneficios la entidad. Por lo tanto y sentadas estas premisas, se puede afirmar que la finalidad de BPA era la captación de fondos con proveniencia ilícita para a través de una serie de mecanismos coordinados y perfectamente estructurados, lograr blanquear los capitales y reintroducirlos con facilidad en el mercado financiero, con el riesgo que ello implica.
Un riesgo que el legislador trata de evitar con la inclusión de todos los delitos citados, anticipando la barrera punitiva a la comisión efectiva del daño. El riesgo para el sector financiero de este tipo de conductas así como el delito contable y el blanqueo de capitales, cometido a través de entidades financieras es máximo y es por ello que entendemos que cualquier entidad que colabore y favorezca el éxito de éste tipo de conductas debe ser inmediatamente perseguida y erradicada.
Una vez determinado que la operativa de BPA se encuadra dentro de la actividad criminal en cuanto a que el fin es la comisión reiterada y organizada de delitos, procedemos a analizar la cooperación de Banco Madrid con la matriz Andorrana.
La relación habida entre ambas entidades era la que corresponde a una gestión matriz-filial. En este caso Banco de Madrid es la filial y como tal, desempeñaba en el organigrama del ilícito una actividad secundaria, por ello la acción típica ejercitada era la de recibir capitales de su matriz para que resulten compensados con otro tipo de operaciones y evitar de este modo el seguimiento de dichos capitales por parte de las autoridades. La función principal de Banco Madrid era por lo tanto la de gestionar el capital irregular proveniente de BPA, y como actividad secundaria la de colaborar con BPA en la captación de nuevos clientes ofreciendo una opacidad en su gestión con el fin de resultar altamente atractivo para los futuros inversores.
Banco Madrid por lo tanto favoreció el desarrollo de la actividad ilícita de BPA prestando ayuda tanto técnica como financiera, quedando a total disposición de la matriz, hecho que no excluye la responsabilidad por ser característica la autonomía de gestión de las filiales sobre las matrices. Es por ello por lo que se establece la presunta comisión de la colaboración con organización criminal, tanto directa como indirecta de la entidad Banco de Madrid.
DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
(Art. 301-302-303 C.P.)
En estrecha vinculación con la calificación del delito contable y como delito subsiguiente, se establece el delito de blanqueo de capitales. 
Por blanqueo de capitales del artículo 301 C.P. entiende el legislador aquellos comportamientos destinados a integrar en el sistema financiero los bienes o dinero procedentes de actividades delictivas. 
El tipo penal se caracteriza por tres fases:
1) La inicial colocación de las ganancias, esto es la introducción en el sistema financiero de los bienes o capitales.
2) La transformación de los capitales con movimientos sucesivos para fraccionar, acumular, ocultar y borrar el verdadero origen de los bienes.
3) Por último la integración, esto es la reintroducción del capital en el circuito legal mediante transacciones aparentemente legítimas.
Es sencillo apreciar como en la operativa habitual de Banco de Madrid, se daban todos estos preceptos en todas y cada una de sus fases si bien es cierto que siendo un intermediario del mercado financiero los medios a disposición para ocultar este tipo de actividades son prácticamente ilimitados.
Independientemente del hecho concreto realizado por Banco Madrid para legalizar los capitales, el legislador con la modificación de la LO 5/2010, ha introducido la posibilidad de que la simple tenencia de capitales de procedencia ilícita se califican como delito de blanqueo de capitales. En este caso se podría aplicar la responsabilidad en una doble vertiente:
-En un primer lugar, por la captación y gestión de fondos a sabiendas de la procedencia de dichos capitales o sin cumplir los estándares mínimos de control. Con independencia de que el origen de los mismos sea de la matriz BPA o clientes altamente reconocidos a nivel internacional.
-En segundo lugar la responsabilidad in vigilando de los intermediarios del sector financiero como el presente supuesto, sobre ellos pesa la obligación de controlar los flujos de capitales y la procedencia de los fondos de los clientes, con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, dicha obligación se ha visto acentuada y pese a ello ha existido un absoluto deje de las funciones con la responsabilidad penal que ello implica.
Al entender de esta parte, cabe determinar que como intermediario en el sector financiero sería de aplicación el artículo 303 del presente título XIII del código penal, por reunir el sujeto activo de la acción lo elementos esenciales del tipo agravado, correspondiendo por tanto una pena de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de tres a diez años.
En virtud de cuanto antecede,
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL que está instruyendo la presenta causa SUPLICO:
Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que lo acompañan, y sus respectivas copias, tenga interpuesta por el SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MANOS LIMPIAS, a través de la Procuradora suscrita, con quien se entenderán las sucesivas diligencias a que haya lugar, QUERELLA CRIMINAL contra la entidad BANCO DE MADRID SAU, y por ende contra los Administradores que resulten responsables en virtud de las ilicitudes cometidas en sus respectivos mandatos; en sus méritos acuerde admitir a trámite la presente querella, incoando las oportunas Diligencias Previas, por la presunta comisión de los delitos de BLANQUEO DE CAPITALES, tipificado en el artículo 301 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en sus modalidades agravadas contempladas respectivamente en los artículos 302 y 303 del mismo Código; COOPERACIÓN CON ASOCIACIÓN ILÍCITA, de acuerdo al artículo 518 del Código; de un delito CONTABLE previsto en el artículo 310 del Código Penal; acuerde y adopte la práctica de cuantas diligencias y medidas cautelares sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados mediante el presente escrito, y en todo caso, y sin perjuicio de las que se decreten de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, al que se dará traslado de esta querella, las siguientes:
DILIGENCIAS
1. Que se oficie a la Policía Judicial (UDEF), a fin que investigue todo el entramado societario creado en torno a BPA., la entidad BANCO DE MADRID SAU. con domicilio fiscal a efectos en; Av. Carlemany, nº 119 AD700 Escaldes-Engordany (Principado de Andorra) y Paseo de la Castellana nº2 28046 Madrid (España) respectivamente.
2. Que se requiera a la Administración Tributaria, competente, la correspondiente inspección control y supervisión de los movimientos de capitales habidos en el seno de las entidades BPA y BANCO DE MADRID SAU con el fin de verificar la fuente de financiación de dichas entidades.
3. Que se requiera igualmente a la Administración Tributaria competente o bien a la Policía Judicial de Aduanas para que determinen los intercambios de capital habidos con motivo de la vinculación entre la matriz BPA situada en Andorra y la filial Española BANCO DE MADRID SAU. todo ello teniendo en cuenta el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en su artículo 10.4, establece que será posible la cesión de datos de carácter personal sin contar con el consentimiento del interesado cuando “la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas y se realice en el ámbito de las funciones que la ley les atribuya expresamente”.
4. Que, por peritos expertos en la materia de la policía judicial, se analice toda la documentación y las contabilidades de las entidades BPA y BANCO DE MADRID SAU, así como las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, a fin de verificar las irregularidades que se denotan.
5. Documental, a fin de que se unan a la causa los documentos que se adjuntan al presente escrito de querella criminal.
6. Cualquier otra diligencia que pueda solicitar esta parte a la vista de las pruebas que se vayan practicando.
7. Las diligencias que V.I. considere oportunas, más el Ministerio Publico, de interés para la causa, así como las derivadas de las anteriores.
Por ser Justicia que, respetuosamente suplico en Madrid, a 27 de Abril de 2015.

PRIMER OTROSI DIGO: MEDIDAS CAUTELARES
1.- Que se decrete la entrada y registro, conforme al artículo 546 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del domicilio social de BANCO DE MADRID Paseo de la Castellana, Número 2, Código postal 28046 Madrid (España).
2.- Que se decrete la entrada y registro de la matriz BPA mediante oportuna comisión rogatoria sita en Av. Carlemany, nº 119 AD700 Escaldes-Engordany (Principado de Andorra), a fin de obtener y contrastar la información contable y financiera para con BANCO DE MADRID SAU.
Y todo ello de manera “inaudita altera parte”, ya que en este particular estamos ante los requisitos necesarios para poder satisfacer la petición de esta parte, es decir, existe un clara “fumus boni iuri” y “periculum in mora”, el primero por haber una alta probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una entidad determinada y el segundo, por haber, una situación de riesgo o peligro de que las personas físicas inculpadas, y el resto de los miembros que integran la organización criminal, sustraigan al proceso o a la ejecución de la condena la documentación relevante para la correcta tipificación jurídico penal.
En virtud de lo anterior,
SUPLICO AL JUZGADO:
Que tenga por hechas las manifestaciones precedentes y en su virtud acuerde las medidas cautelares solicitadas inaudita altera parte.
SEGUNDO OTROSI DIGO: 
Que, siendo de aplicación de manera subsidiaria para todo lo no previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, habiendo esta parte tratado de cumplir con todos los requisitos legales y formales establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, a tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se nos requiera para la subsanación de los posibles defectos en los que hubiera podido incurrir.
En virtud de lo anterior,
SUPLICO AL JUZGADO:
Que tenga por realizada la anterior manifestación a los efectos legales oportunos.
Por ser Justicia que, respetuosamente suplico en lugar y fecha señalados “Ut Supra”

Fdo. Pedro Francisco Muñoz Lorite. 
Letrado colegiado núm. 82.329 I.C.A.M. 

Fdo. María Isabel Salamanca Álvaro
Procuradora de los Tribunales

martes, 21 de abril de 2015

Nota de prensa-Denuncia: Manos Limpias denuncia Rodrigo Rato.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias presenta en el Juzgado Decano de Plaza Castilla de Madrid, denuncia contra Rodrigo Rato por 3 presuntos delitos, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Manos Limpias , que está personada en las principales causas de corrupción de este país, no podía dejar impune este nuevo presunto caso de corrupción , que puede ser la punta del iceberg que afecta a los 705 ciudadanos que están siendo investigados por el SEPBLAC.
En consecuencia, la denuncia se incorporará al procedimiento de apertura de diligencias que los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla están instruyendo en este caso.
Se adjunta copia de la denuncia.
En Madrid, a 20 de Abril de 2015.






AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA 

DOÑA MARÍA ISABEL SALAMANCA ÁLVARO, procuradora de los Tribunales y del SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MANOS LIMPIAS (en adelante Manos Limpias), según acreditaré mediante “Apud Acta”, y bajo la dirección letrada de DON PEDRO FRANCISCO MUÑOZ LORITE, colegiado ejerciente del ICAM núm. 82.329, y con domicilio a efectos de citaciones y notificaciones en 28036 – Madrid, Paseo de la Habana 9 y 11, Edificio Unicentro, por medio del presente escrito y conforme dispone el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal formula, 
DENUNCIA 
I.- Contra RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO, nacional español, con D.N.I. 2.485.345 - B, y, a efecto de notificaciones, con domicilio familiar en la calle Don Ramón de La Cruz, 33, 28001, Madrid, y domicilio profesional en la calle Castelló, 50, 28001, Madrid, por la presunta comisión de un delito de contra la HACIENDA PÚBLICA, recogido en el artículo 305 de la Ley Orgánica 10/41995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de un delito de BLANQUEO DE CAPITALES, tipificado el artículo 301 y siguientes de dicho texto, y de un delito de ALZAMIENTO DE BIENES, en conformidad con lo expuesto en los artículos 257 del Código. 
II.- Que la presente denuncia se formula a fin de poner en conocimiento de este Juzgado los siguientes, 
HECHOS 
PRIMERO.- Que esta parte ha tenido constancia de la entrada y registro que, con fecha 16 de abril de 2015, se ha llevado a cabo por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, en los domicilios familiar y profesional del ahora denunciado, el Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo, según orden emitida por el Juzgado de Instrucción núm. 35 de Madrid, dentro del marco de una investigación iniciada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
SEGUNDO.- Que, las referidas entradas y registros han acontecido con posterioridad a que el Sr. Rato se acogiera a la amnistía fiscal aprobada por el actual Gobierno del Partido Popular, para regularizar patrimonio que aquél tenía oculto en paraísos fiscales fuera de España. 
TERCERO.- Que existen fuertes indicios que incitan a pensar que el fraude fiscal acometido por el ahora denunciado se ha llevado a cabo en el seno de un complejo entramado societario familiar, en el que han sido pieza importante tanto sus negocios privados como las ganancias derivadas de su actividad pública como exministro de Economía y Hacienda de España. 
Los hechos y comportamientos que acaban de narrarse inciden en varios 
ILÍCITOS PENALES 
PRIMERO.- DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 
El bien jurídico que se trata de proteger en el presente delito es el patrimonio de la Hacienda Pública o de la Seguridad Social, en un Estado Social y Democrático de Derecho. El sistema tributario y la propia Constitución Española en su artículo 31, establecen que todos los ciudadanos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Por ello, evitar con diversas artimañas la contribución al sufragio de los gastos públicos, como es el caso del Sr. Rodrigo de Rato, se constata sin lugar a dudas como un perjuicio social. 
Por lo tanto y de manera consecuente, serán responsables del presente delito todas las personas que de alguna manera u otra hayan participado activamente en la evasión fiscal y toma de decisiones que puedan encauzarse en las conductas de la persona del ahora denunciado a analizar por el juez instructor.
SEGUNDO.- DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 
El presente tipo penal, prevé la ilicitud de cualquier acción que englobe la tenencia, adquisición, utilización, conversión, así como cualquier acto que tienda a ocultar o encubrir el verdadero origen y carácter ilícito del bien en cuestión. 
En este sentido, como evidencia se muestra que el Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo ha llevado a cabo acciones a través de las cuales, apoyándose en su núcleo familiar, ha transformado, poseído y reintegrado el dinero que se caracteriza como de procedencia ilícita con motivo del delito fiscal previo cometido. 
TERCERO.- DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES 
Este delito conlleva la ocultación, enajenación o sustracción de los propios bienes a la acción de los acreedores, donde se configura como tal el Estado Español, y en concreto la Hacienda Pública por su derecho a recaudar de todos los españoles dado el deber de estos por su obligación de contribuir con el gasto público, en conformidad con la Constitución. 
En su virtud, 
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA SUPLICO, que tenga por presentado este escrito, admita y tenga por formulada la denuncia a que el mismo se refiere, e incoe el procedimiento correspondiente para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades de todo orden a que haya lugar en Derecho, instando las diligencias que crea oportunas su Señoría, además de las solicitadas por esta representación, más aquella que sugiera el Ministerio Fiscal. 
Por ser justicia que respetuosamente solicito en Madrid a 20 de abril de 2015 

PRIMER OTROSÍ DIGO, que se decrete 

1. La intervención de las cuentas, tanto las correspondientes al Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo, como las del resto de sus familiares, entendiéndose por tales, sus integrantes hasta el segundo grado, tanto ascendiente como descendiente, de consanguinidad. 
2. Mandamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social, para que facilite toda la información obrante en sus bases de datos sobre Don Rodrigo de Rato y Figaredo. 
3. Mandamiento a la A.E.A.T. para que facilite cuanta información obre en sus bases de datos acerca de Don Rodrigo de Rato y Figaredo. 
4. Mandamiento a la Asociación Española de Banca Privada, Confederación Española de Cajas de Ahorro y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para que localicen todas las cuentas y productos financieros de los que disponga el denunciado y sus familiares. 
5. Se oficie al organismo competente para la retirada del pasaporte y el cierre de fronteras del denunciado. 
6. Que se oficie a la Policía Judicial (UDEF), a fin que investigue todo el entramado familiar obrante. 
Y todo ello de manera “inaudita altera parte”, ya que en este particular estamos ante los requisitos necesarios para poder satisfacer la petición de esta parte, es decir, existe un clara “fumus boni iuri” y “periculum in mora”, el primero por haber una alta probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una persona determinada y el segundo, por haber, una situación de riesgo o peligro de que el inculpado, el resto de los miembros que integran su familia, y el conjunto de entidades jurídicas de las que puede haberse servido para la comisión de sus ilícitos, sustraigan al proceso o a la ejecución de la condena. 
En virtud de lo anterior, 
SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hechas las manifestaciones precedentes y en su virtud acuerde las medidas cautelares solicitadas inaudita altera parte. 
SEGUNDO OTROSI DIGO, que en cumplimiento de lo prevenido en el art. 280 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, esta parte está dispuesta a prestar la fianza que el Juzgado estime conveniente para responder de las resultas del juicio. 
En virtud de lo anterior 
SUPLICO AL JUZGADO, que, se sirva acordar en dicho sentido, fijando la cuantía que considere conveniente. 
TERCER OTROSÍ DIGO, que, siendo de aplicación de manera subsidiaria para todo lo no previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, habiendo esta parte tratado de cumplir con todos los requisitos legales y formales establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, a tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se nos requiera para la subsanación de los posibles defectos en los que hubiera podido incurrir. 
En su virtud, 
SUPLICO AL JUZGADO, que, se tenga por realizada la anterior manifestación a los efectos que procedan en Derecho. 
Por ser Justicia que, respetuosamente suplico en lugar y fecha señalados “Ut Supra” 


Fdo. Pedro Francisco Muñoz Lorite 
Letrado colegiado núm. 82.329 I.C.A.M. 

Fdo. María Isabel Salamanca Álvaro 
Procuradora de los Tribunales