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viernes, 29 de mayo de 2015

Manos Limpias denuncia el gran fraude de la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados Tinduf.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias denuncia el gran fraude de la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados Tinduf.
Manos Limpias en base a un informe de la OLAF (Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude , dependiente de la Comisión Europea), denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que se está cometiendo con la ayuda europea y la ayuda española un gran fraude, ya que la ayuda económica y alimentaria desde el año 2003 a los campamentos de refugiados de Tinduf., está siendo desviada por cuenta de los responsables argelinos y la dirección del Polisario para fines distintos a los que debería dirigirse la referida ayuda humanitaria.
Se adjunta copia de la denuncia.
En Madrid, a 29 de Mayo de 2015.


FISCAL ANTICORRUPCIÓN 
C/ Manuel Silvela, 4 
28010 - Madrid 
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por el presente escrito, al amparo del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prescribe: 
“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”. 
Formula, 
DENUNCIA 
Contra los autores materiales , (dirigentes del Polisario , ONGS, Coordinadora Estatal de Asociaciones solidarias con el Sahara) del “fraude en la ayuda humanitaria” destinada a los campamentos de Tinduf, así como contra los cómplices , encubridores y cooperadores necesarios en este masivo fraude.

jueves, 21 de mayo de 2015

Manos Limpias recurre ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de multar con 1.500€ a Manos Limpias...

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias recurre ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de multar con 1.500€ a Manos Limpias por haber denunciado a los magistrados que absolvieron a los asaltantes al Parlamento Catalán.
La sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a los asaltantes al Parlamento Catalán, con el voto en contra de su Presidente y del Ministerio Público, fue luego revocada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo que les condenó además de abonar una cantidad económica , a una condena de 3 años de prisión.
Manos Limpias presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo contra los 2 magistrados de la Audiencia Nacional que absolvieron a los asaltantes al Parlamento Catalán, pues eran evidentes que los magistrados dictaron una sentencia política y no jurídica, circunstancia esta también avalada por el Ministerio Público, que pidió la nulidad de la sentencia.
Ahora, el Tribunal Supremo condena al Sindicato a una multa de 1.500€ por haber denunciado a los 2 magistrados que absolvieron a los asaltantes al Parlamento Catalán.
En un ejercicio de pésimo corporativismo, de falta de objetividad y rigor de los miembros del Tribunal Supremo en su resolución, se carga la tutela judicial efectiva, la libertad de actuación para ejercitar acciones por parte de los denunciantes poniendo una vez más en entredicho una justicia que cada vez tiene menos credibilidad en la ciudadanía con resoluciones de este tipo.
Manos Limpias prepara el recurso de amparo ante el Constitucional y llegará hasta las instancias europeas para que resoluciones de este tipo, que vulneran derechos fundamentales y tratan de coartar y limitar el ejercicio de la acción popular, no queden impunes.
En Madrid, a 21 de Mayo de 2015.

jueves, 7 de mayo de 2015

Querella Banco Madrid

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL 

DOÑA MARÍA ISABEL SALAMANCA ÁLVARO, procuradora de los Tribunales y del SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MANOS LIMPIAS (en adelante Manos Limpias), según acreditaré mediante Apud Acta, y bajo la dirección letrada de DON PEDRO FRANCISCO MUÑOZ LORITE, colegiado ejerciente del ICAM núm. 82.329, y domicilio a efectos de notificaciones en el Paseo de la Habana 9-11, Edificio Unicentro, “LaBE Abogados”, 28036 de Madrid, ante la Sala comparezco y como mejor proceda en Derecho,
DIGO
I. Que, por medio del presente escrito, al amparo de lo dispuesto en los artículos 270, siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vengo a interponer QUERELLA Y APORTAR INFORMACIÓN, contra las personas que, a lo largo de la instrucción resulten responsables de los hechos que se describen, por la presunta comisión de los delitos BLANQUEO DE CAPITALES Artículos 301 a 304 del Código Penal, DEL DELITO DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIÓN CRIMINAL prevista en el Artículo 570 Bis del Código Penal; DEL DELITO CONTABLE previsto en el artículo 310 del Código Penal.
II. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vengo a formular la citada querella, con sustento en los siguientes extremos
I.- COMPETENCIA
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional tienen competencia para investigar a cerca de los delitos económicos que por su naturaleza causen grave perjuicio a la economía nacional.
En este sentido, el presente escrito se interpone ante el Juzgado designado a tales efectos, a saber, el Juzgado Central de Instrucción Núm. 4 de la Audiencia Nacional, por ser competente para la instrucción de los delitos mencionados con anterioridad, por haber sido cometidos en varias Comunidades Autónomas, y al haberse evadido presuntamente capital a paraísos fiscales así como blanqueado grandes cantidades de capital, todo ello a tenor de lo preceptuado en el artículo 65 de Lay Orgánica antes mencionada.
II.- LEGITIMACIÓN
La ostenta el Sindicato de Manos Limpias, a tenor del artículo 125 de la Constitución Española, que regula la acción popular, y a tenor de lo preceptuado en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
III.- IDENTIFICACIÓN DEL QUERELLANTE
El querellante, que es mi representado, es el “SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MANOS LIMPIAS”, con CIF G-81428252 y domicilio en calle Ferraz nº 13, 1º B, 28008, Madrid.
IV.- IDENTIFICACIÓN DEL QUERELLADO
Sin perjuicio de dirigir las acciones penales y civiles contra las personas que a lo largo del proceso aparezcan relacionadas con los hechos, la presente querella criminal se dirige contra:
- ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE MADRID SAU, con domicilio sito en la Calle Paseo de la Castellana, Número 2, Código postal 28046 Madrid (España).
- Miembros de la junta directiva de BANCO DE MADRID SAU administradores de hecho y de derecho que, con motivo de la instrucción de la presente causa puedan resultar criminalmente responsables.
V.- PROCEDIMIENTO
Debiendo tramitarse la causa a instruir por razón de la presente querella conforme al procedimiento abreviado contemplado en los artículos 757 y siguientes del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, manifiesto expresamente que ejercito tanto las acciones penales como las civiles que se deriven de la siguiente relación de hechos punibles con arreglo a los fundamentos legales que se indican.
VI.- HECHOS QUE MOTIVAN LA INTERPOSICIÓN DE LA PRESENTE QUERELLA
A pesar de que la gran mayoría de los hechos que a continuación procedemos a exponer son de notoriedad pública, nuestro deseo es poner en conocimiento de esta Sala aquellos que son susceptibles de una mayor adecuación tanto a los tipos delictivos supra referenciados, como de sustento de los mismos, sin que en ningún caso dejen de ser relevantes otros muchos que, por sistematicidad del presente escrito de querella, no podemos reproducir. Procede esta parte, por tanto, a transcribir aquellos de mayor relevancia:
PRIMERO.- Que la entidad financiera, Banco Madrid, fue constituida en Barcelona en 1954, que después de numerosos intercambios de activos, fue finalmente adquirido por Kutxa en el año 2001. Posteriormente en el año 2010, Kutxa acordó la venta de Banco Madrid a Banca Privada de Andorra (BPA). 
SEGUNDO.- A partir del año 2010 la matriz BPA, utilizaba presuntamente a su filial ahora querellada, Banco de Madrid para blanquear grandes cantidades de capital que entraban en su sucursal proveniente del Continente Americano, Rusia o incluso el Continente asiático. Una vez invertido y gestionado de la manera oportuna BPA transmitía dichos capitales a Banco Madrid con el fin de reintegrar en el mercado económico europeo los capitales de procedencia ilícita. 
Igualmente Banco Madrid obtenía una más que ventajosa contraprestación por aceptar dichos capitales sin apenas cumplir los requisitos básicos de seguridad bancaria y financiera, no se interesaba por el lugar de proveniencia de los capitales que sus clientes se disponían a desembolsar, e igualmente captaba numerosos fondos de inversores internacionales que acudían indistintamente a BPA o Banco Madrid, ya que era notoria la fama en el sector sobre la opacidad y discreción que encontraban los clientes en la gestión de sus carteras y patrimonios.
Banco Madrid, por la gestión de las carteras y patrimonios obtenía una rentabilidad superior a la media del sector, hecho que convertía a Banco Madrid en el objetivo de los grandes inversores. Parte de esos inversores obtenían los capitales de manera ilícita, adjudicaciones irregulares, contrabando, trata de seres humanos, etc. 
La entidad Madrileña, pese a conocer dichos hechos y la proveniencia irregular de los capitales, no realizaba ningún tipo de investigación o control previo de los fondos, en contra de lo dispuesto en la numerosa legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales de obligado cumplimiento para todos los intermediarios del mercado financiero.
TERCERO.- Que Banco Madrid, estableció un entramado inter-societario para colaborar activamente con BPA y lograr un negocio aún más lucrativo para ambas partes, coordinando los intercambios de capital irregular entre filial-matriz. Incumpliendo expresamente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, recoge la obligación de los sujetos enumerados en su artículo 2, de establecer requisitos de control y conservación de documentos en operación que excedan de 15.000 euros, en una o varias operaciones siempre que el pago se efectúe en metálico, cheques bancarios al portador o pagos electrónicos que tengan la consideración de pago al portador; identificando a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones, realizando una comprobación previa, mediante documentos fehacientes.
CUARTO.- Que con motivo de la denuncia por blanqueo de Capitales del Departamento del Tesoro de EEUU, se ha producido la intervención de BPA por el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). El motivo de la intervención es entre otros el constante intercambio de capitales de carácter irregular e ilícito habido entre BPA y Banco Madrid. Igualmente, entre ambas partes se acordaban cuantiosas comisiones y se gestionaban millonarios pagos de retribuciones a clientes en “dinero B”.
QUINTO.- Que para ocultar fiscalmente todo ese tipo de intercambios, en lo que respecta a las obligaciones de llevanza de Contabilidad de Banco Madrid, se observa la presencia de una contabilidad “B” en la que se registran las operaciones al margen de la actividad lícita para mantener un riguroso control.
La doble contabilidad es gestionada exclusivamente por Banco Madrid, con independencia de las relaciones económicas y financieras que posee con BPA.
SEXTO.- Que con motivo de corroborar los hechos expuestos, numerosas fuentes periodísticas ha realizado labores de investigación, sobre los ilícitos cometidos por la entidad referenciada, dichas investigaciones y pruebas documentales se adjuntan como bloque documental nº1.
SÉPTIMO.- Que como entidad que opera en el mercado financiero y sujeto de cotización bursátil, pesa sobre la misma una obligación de sujeción a control de auditoria en una doble instancia bajo la supervisión del a CNMV y del Banco de España. Mediante la omisión y la ocultación de numerosa información a los organismos supervisores, ha actuado con ánimo de lucro para lograr perfeccionar los irregulares negocios jurídicos. Haciendo en todo momento caso omiso a las obligaciones de transparencia Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo obrando por tanto con dolo en la realización de los ilícitos.
VII.- TIPIFICACIÓN JURÍDICO-PENAL DE LOS HECHOS DESCRITOS Y ASPECTOS DOCTRINALES
Aunque no resulte preceptivo ni necesario en este momento, entendemos que es conveniente efectuar un acercamiento a las figuras delictivas en las que, desde nuestra perspectiva, encuentran perfecto acomodo los hechos cometidos por la entidad FINANCIERA BANCO DE MADRID SAU. y los Sres. Don José Antonio Portugal Alonso, Don José Borrué Asensio y Don Antonio Ricardo Lucio-Villegas Spillard, en las funciones correspondientes como administradores de derecho (en fecha 22/04/2015) de la mercantil querellada. 
La presente querella criminal se formula en la consideración de que el relato fáctico narrado puede resultar constitutivo, en relación a la persona jurídica ENTIDAD FINANCIERA BANCO MADRID de los presuntos ilícitos cometidos por los Administradores y representantes legales de dicha entidad por extensión de la responsabilidad a las Personas Jurídicas del artículo 31Bis del Código Penal en los delitos que corresponda:
Artículo 31 BIS. 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho.
En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.
2. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.
Resulta por tanto presuntamente imputable a dicho sujeto y a las Personas Jurídicas involucradas la responsabilidad penal correspondiente a la comisión de los siguientes ilícitos:
De un delito de FINANCIACIÓN DE ORGANIZACIÓN O GRUPO CRIMINAL de acuerdo con lo previsto en los artículos 570 Bis del Código Penal.
Artículo 570 Bis.- 1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.
A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas.
2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior cuando la organización:
a) Esté formada por un elevado número de personas.
b) Disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) Disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.
Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas superiores en grado.
3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.
Todo ello de acuerdo con que las actividades llevadas a cabo por BPA, eran de sobra conocidas y consentidas por Banco de Madrid, y se prestaban ayuda mutua para ocultar y dar apariencia de licitud a los capitales con la ayuda de la relación Matriz-Filial establecida al efecto desde la adquisición de Banco de Madrid por parte BPA.
Del delito de BLANQUEO DE CAPITALES, en conformidad a la concurrencia de lo estipulado en los artículos 301, 302 y 303, por cuanto, captando fondos de procedencia ilícita o con una apariencia de ilicitud, provenientes tanto de la matriz BPA o de clientes internacionales que pretendían reintegrar en el circuito económico cantidades obtenidas de manera ilícita. Para ejecutar dicho blanqueo las cantidades irregularmente obtenidas eran depositadas en diversas cuentas de Banco Madrid SAU.
“Articulo 301. 1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículo 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.
También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.
2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos.
3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.
4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.
5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.”
“Articulo 302. 1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33”.
“Articulo 303. Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma.
A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.”
Del delito CONTABLE previsto en el artículo 310 del Código Penal, en cuanto para llevar un control de dichas regulaciones e intercambios de capital, se realizaban contabilidades paralelas una de ellas no declarada.
“Artículo 310. Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por Ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales:
a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias.
b)  Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.
d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.
La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.”
Todo ello en virtud de las operaciones irregulares realizadas por Banco Madrid en el afán de obtener una mayor cartera de clientes con independencia de la legalidad o no de los capitales desembolsados por los mismos. Igualmente las irregularidades se producían en los intercambios de activos y pasivos entre matriz-filial.
VIII. FONDO DEL ASUNTO
Antes de analizar los ilícitos penales que se configuran en la presente querella, es importante tener en cuenta que la misma guarda un nexo en el tiempo que permite entender, aunque aparentemente venga configurada por actos independientes entre sí, que, entre todos ellos converge un mismo “iter criminis”. Esto es, una consecución temporal e instrumentalizada, en el ánimo del presunto imputado que conecta entre sí todas sus actuaciones.
Al respecto se pronuncia la Sentencia núm. 473/2014, de 24 de julio, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de La Coruña: «El delito continuado nace de una pluralidad de acciones que individualmente contempladas son susceptibles de ser calificadas como delitos independientes pero que desde una perspectiva de la antijuridicidad material se presentan como una infracción unitaria que opera como una verdadera realidad jurídica que permite construir un proceso unitario sobre una pluralidad de acciones que presentan una determinada unidad objetiva y subjetiva».
Así las cosas, resulta conveniente recordar lo establecido en el Código Penal respecto de las personas directamente responsables de los delitos y faltas que en el mismo texto legislativo se regulan, concretamente en su artículo 28 se dispone cuanto sigue: «Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento» en relación a los actos cometidos por los administradores de hecho y de derecho de las entidad querellada.
Las personas jurídicas resultaran responsables de los actos cometidos por cuenta y beneficio de la propia persona jurídica. El beneficio puede ser, según reciente jurisprudencia, directo o indirecto, significando este último un ahorro en costes, con independencia de que se exija la responsabilidad solo para un número determinado de delitos. En los presentes hechos la práctica totalidad de los ilícitos son aplicables a la persona jurídica que se enjuicia, y de manera alternativa y cumulativa para el administrador de hecho y de derecho de la entidad. La responsabilidad de la persona jurídica se considera propia e independiente de las personas físicas involucradas.
La responsabilidad de los administradores de hecho y de derecho, en virtud del artículo 31 del código penal, se produce la extensión de la responsabilidad por los actos realizados por éstos sujetos con independencia de que no concurran en ellos las condiciones especiales que requiere el delito. Siempre que sus actuaciones se rijan por la representación de la entidad o actuación en nombre de la misma.
Artículo 31. 1. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.
-DEL DELITO CONTABLE-
(Artículo 310 C.P.)
El legislador mediante el presente delito trata de prevenir la futura lesión y es por ello por lo que se denomina como de peligro, siendo sujeto pasivos de la acción todos aquellos obligados por Ley Tributaria a llevar contabilidad mercantil o libros registros oficiales. Es evidente en los presentes hechos que la entidad Banco de Madrid, es obligada tributaria y correspondía a los administradores de hecho y de derecho la correcta gestión y llevanza de las obligaciones.
El ilícito se caracteriza por una serie de supuestos que en el presente caso se ciñen al apartado “b” del artículo 310 del C.P., esto es la llevanza de contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. 
La llevanza de las contabilidades distintas se caracteriza por ser un acto preparatorio del fraude fiscal, encaminado a una efectiva minoración de bases imponibles y minoración de la carga impositiva. Dicha acción se lleva a cabo para impedir la correcta determinación de base imponible y ocultar numerosos negocios jurídicos a efectos fiscales.
La consumación del delito de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia solo requiere el incumplimiento del deber de contabilidad que surge por Ley General Tributaria independientemente de la consumación efectiva del delito fiscal posterior.
Se entiende por tanto que Banco Madrid con la llevanza de contabilidades paralelas para anotar todas las interacciones con BPA y con clientes cuyos fondos eran de dudoso cobro, ha cometido presuntamente el ilícito mencionado.
-DEL DELITO DE COOPERACIÓN CON ORGANIZACIÓN CRIMINAL-
(Artículo 570BIS C.P.)
Mediante la tipificación del presente delito, el legislador trata de suprimir cualquier tipo de organización en la cual se puedan cometer actos ilícitos y con ello se tipifica cualquier colaboración ya sea de forma directa o indirecta a la consecución del fin ilícito.
En el propio artículo 570Bis C.P. apartado primero se concreta la conducta típica en aquellos que participen activamente en la organización, forme parte de ella o cooperen económicamente o de cualquier otro modo con la misma. 
Por lo tanto y con carácter previo debemos delimitar que se entiende por organización criminal y una vez establecida dicha calificación determina la colaboración de Banco Madrid.

En relación a la entidad BPA, se dan los elementos que permiten la calificación como organización criminal en cuanto es una entidad de carácter estable en el tiempo, con una pluralidad de sujetos y se encuentra absolutamente coordinada. La actividad principal es la financiera dentro del mercado internacional pero a su vez dentro de dicha actividad financiera, una de las actividades y principales motores de la viabilidad de la entidad era la captación de fondos irregulares para posteriormente blanquearlo a través de sus filiales obteniendo unas cuantiosas remuneraciones los clientes y beneficios la entidad. Por lo tanto y sentadas estas premisas, se puede afirmar que la finalidad de BPA era la captación de fondos con proveniencia ilícita para a través de una serie de mecanismos coordinados y perfectamente estructurados, lograr blanquear los capitales y reintroducirlos con facilidad en el mercado financiero, con el riesgo que ello implica.
Un riesgo que el legislador trata de evitar con la inclusión de todos los delitos citados, anticipando la barrera punitiva a la comisión efectiva del daño. El riesgo para el sector financiero de este tipo de conductas así como el delito contable y el blanqueo de capitales, cometido a través de entidades financieras es máximo y es por ello que entendemos que cualquier entidad que colabore y favorezca el éxito de éste tipo de conductas debe ser inmediatamente perseguida y erradicada.
Una vez determinado que la operativa de BPA se encuadra dentro de la actividad criminal en cuanto a que el fin es la comisión reiterada y organizada de delitos, procedemos a analizar la cooperación de Banco Madrid con la matriz Andorrana.
La relación habida entre ambas entidades era la que corresponde a una gestión matriz-filial. En este caso Banco de Madrid es la filial y como tal, desempeñaba en el organigrama del ilícito una actividad secundaria, por ello la acción típica ejercitada era la de recibir capitales de su matriz para que resulten compensados con otro tipo de operaciones y evitar de este modo el seguimiento de dichos capitales por parte de las autoridades. La función principal de Banco Madrid era por lo tanto la de gestionar el capital irregular proveniente de BPA, y como actividad secundaria la de colaborar con BPA en la captación de nuevos clientes ofreciendo una opacidad en su gestión con el fin de resultar altamente atractivo para los futuros inversores.
Banco Madrid por lo tanto favoreció el desarrollo de la actividad ilícita de BPA prestando ayuda tanto técnica como financiera, quedando a total disposición de la matriz, hecho que no excluye la responsabilidad por ser característica la autonomía de gestión de las filiales sobre las matrices. Es por ello por lo que se establece la presunta comisión de la colaboración con organización criminal, tanto directa como indirecta de la entidad Banco de Madrid.
DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
(Art. 301-302-303 C.P.)
En estrecha vinculación con la calificación del delito contable y como delito subsiguiente, se establece el delito de blanqueo de capitales. 
Por blanqueo de capitales del artículo 301 C.P. entiende el legislador aquellos comportamientos destinados a integrar en el sistema financiero los bienes o dinero procedentes de actividades delictivas. 
El tipo penal se caracteriza por tres fases:
1) La inicial colocación de las ganancias, esto es la introducción en el sistema financiero de los bienes o capitales.
2) La transformación de los capitales con movimientos sucesivos para fraccionar, acumular, ocultar y borrar el verdadero origen de los bienes.
3) Por último la integración, esto es la reintroducción del capital en el circuito legal mediante transacciones aparentemente legítimas.
Es sencillo apreciar como en la operativa habitual de Banco de Madrid, se daban todos estos preceptos en todas y cada una de sus fases si bien es cierto que siendo un intermediario del mercado financiero los medios a disposición para ocultar este tipo de actividades son prácticamente ilimitados.
Independientemente del hecho concreto realizado por Banco Madrid para legalizar los capitales, el legislador con la modificación de la LO 5/2010, ha introducido la posibilidad de que la simple tenencia de capitales de procedencia ilícita se califican como delito de blanqueo de capitales. En este caso se podría aplicar la responsabilidad en una doble vertiente:
-En un primer lugar, por la captación y gestión de fondos a sabiendas de la procedencia de dichos capitales o sin cumplir los estándares mínimos de control. Con independencia de que el origen de los mismos sea de la matriz BPA o clientes altamente reconocidos a nivel internacional.
-En segundo lugar la responsabilidad in vigilando de los intermediarios del sector financiero como el presente supuesto, sobre ellos pesa la obligación de controlar los flujos de capitales y la procedencia de los fondos de los clientes, con la normativa de prevención de blanqueo de capitales, dicha obligación se ha visto acentuada y pese a ello ha existido un absoluto deje de las funciones con la responsabilidad penal que ello implica.
Al entender de esta parte, cabe determinar que como intermediario en el sector financiero sería de aplicación el artículo 303 del presente título XIII del código penal, por reunir el sujeto activo de la acción lo elementos esenciales del tipo agravado, correspondiendo por tanto una pena de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de tres a diez años.
En virtud de cuanto antecede,
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL que está instruyendo la presenta causa SUPLICO:
Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que lo acompañan, y sus respectivas copias, tenga interpuesta por el SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE MANOS LIMPIAS, a través de la Procuradora suscrita, con quien se entenderán las sucesivas diligencias a que haya lugar, QUERELLA CRIMINAL contra la entidad BANCO DE MADRID SAU, y por ende contra los Administradores que resulten responsables en virtud de las ilicitudes cometidas en sus respectivos mandatos; en sus méritos acuerde admitir a trámite la presente querella, incoando las oportunas Diligencias Previas, por la presunta comisión de los delitos de BLANQUEO DE CAPITALES, tipificado en el artículo 301 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en sus modalidades agravadas contempladas respectivamente en los artículos 302 y 303 del mismo Código; COOPERACIÓN CON ASOCIACIÓN ILÍCITA, de acuerdo al artículo 518 del Código; de un delito CONTABLE previsto en el artículo 310 del Código Penal; acuerde y adopte la práctica de cuantas diligencias y medidas cautelares sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados mediante el presente escrito, y en todo caso, y sin perjuicio de las que se decreten de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, al que se dará traslado de esta querella, las siguientes:
DILIGENCIAS
1. Que se oficie a la Policía Judicial (UDEF), a fin que investigue todo el entramado societario creado en torno a BPA., la entidad BANCO DE MADRID SAU. con domicilio fiscal a efectos en; Av. Carlemany, nº 119 AD700 Escaldes-Engordany (Principado de Andorra) y Paseo de la Castellana nº2 28046 Madrid (España) respectivamente.
2. Que se requiera a la Administración Tributaria, competente, la correspondiente inspección control y supervisión de los movimientos de capitales habidos en el seno de las entidades BPA y BANCO DE MADRID SAU con el fin de verificar la fuente de financiación de dichas entidades.
3. Que se requiera igualmente a la Administración Tributaria competente o bien a la Policía Judicial de Aduanas para que determinen los intercambios de capital habidos con motivo de la vinculación entre la matriz BPA situada en Andorra y la filial Española BANCO DE MADRID SAU. todo ello teniendo en cuenta el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, en su artículo 10.4, establece que será posible la cesión de datos de carácter personal sin contar con el consentimiento del interesado cuando “la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas o a las instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas y se realice en el ámbito de las funciones que la ley les atribuya expresamente”.
4. Que, por peritos expertos en la materia de la policía judicial, se analice toda la documentación y las contabilidades de las entidades BPA y BANCO DE MADRID SAU, así como las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, a fin de verificar las irregularidades que se denotan.
5. Documental, a fin de que se unan a la causa los documentos que se adjuntan al presente escrito de querella criminal.
6. Cualquier otra diligencia que pueda solicitar esta parte a la vista de las pruebas que se vayan practicando.
7. Las diligencias que V.I. considere oportunas, más el Ministerio Publico, de interés para la causa, así como las derivadas de las anteriores.
Por ser Justicia que, respetuosamente suplico en Madrid, a 27 de Abril de 2015.

PRIMER OTROSI DIGO: MEDIDAS CAUTELARES
1.- Que se decrete la entrada y registro, conforme al artículo 546 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del domicilio social de BANCO DE MADRID Paseo de la Castellana, Número 2, Código postal 28046 Madrid (España).
2.- Que se decrete la entrada y registro de la matriz BPA mediante oportuna comisión rogatoria sita en Av. Carlemany, nº 119 AD700 Escaldes-Engordany (Principado de Andorra), a fin de obtener y contrastar la información contable y financiera para con BANCO DE MADRID SAU.
Y todo ello de manera “inaudita altera parte”, ya que en este particular estamos ante los requisitos necesarios para poder satisfacer la petición de esta parte, es decir, existe un clara “fumus boni iuri” y “periculum in mora”, el primero por haber una alta probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una entidad determinada y el segundo, por haber, una situación de riesgo o peligro de que las personas físicas inculpadas, y el resto de los miembros que integran la organización criminal, sustraigan al proceso o a la ejecución de la condena la documentación relevante para la correcta tipificación jurídico penal.
En virtud de lo anterior,
SUPLICO AL JUZGADO:
Que tenga por hechas las manifestaciones precedentes y en su virtud acuerde las medidas cautelares solicitadas inaudita altera parte.
SEGUNDO OTROSI DIGO: 
Que, siendo de aplicación de manera subsidiaria para todo lo no previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, habiendo esta parte tratado de cumplir con todos los requisitos legales y formales establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, a tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se nos requiera para la subsanación de los posibles defectos en los que hubiera podido incurrir.
En virtud de lo anterior,
SUPLICO AL JUZGADO:
Que tenga por realizada la anterior manifestación a los efectos legales oportunos.
Por ser Justicia que, respetuosamente suplico en lugar y fecha señalados “Ut Supra”

Fdo. Pedro Francisco Muñoz Lorite. 
Letrado colegiado núm. 82.329 I.C.A.M. 

Fdo. María Isabel Salamanca Álvaro
Procuradora de los Tribunales

martes, 21 de abril de 2015

Nota de prensa-Denuncia: Manos Limpias denuncia Rodrigo Rato.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias presenta en el Juzgado Decano de Plaza Castilla de Madrid, denuncia contra Rodrigo Rato por 3 presuntos delitos, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Manos Limpias , que está personada en las principales causas de corrupción de este país, no podía dejar impune este nuevo presunto caso de corrupción , que puede ser la punta del iceberg que afecta a los 705 ciudadanos que están siendo investigados por el SEPBLAC.
En consecuencia, la denuncia se incorporará al procedimiento de apertura de diligencias que los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla están instruyendo en este caso.
Se adjunta copia de la denuncia.
En Madrid, a 20 de Abril de 2015.






AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA 

DOÑA MARÍA ISABEL SALAMANCA ÁLVARO, procuradora de los Tribunales y del SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MANOS LIMPIAS (en adelante Manos Limpias), según acreditaré mediante “Apud Acta”, y bajo la dirección letrada de DON PEDRO FRANCISCO MUÑOZ LORITE, colegiado ejerciente del ICAM núm. 82.329, y con domicilio a efectos de citaciones y notificaciones en 28036 – Madrid, Paseo de la Habana 9 y 11, Edificio Unicentro, por medio del presente escrito y conforme dispone el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal formula, 
DENUNCIA 
I.- Contra RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO, nacional español, con D.N.I. 2.485.345 - B, y, a efecto de notificaciones, con domicilio familiar en la calle Don Ramón de La Cruz, 33, 28001, Madrid, y domicilio profesional en la calle Castelló, 50, 28001, Madrid, por la presunta comisión de un delito de contra la HACIENDA PÚBLICA, recogido en el artículo 305 de la Ley Orgánica 10/41995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de un delito de BLANQUEO DE CAPITALES, tipificado el artículo 301 y siguientes de dicho texto, y de un delito de ALZAMIENTO DE BIENES, en conformidad con lo expuesto en los artículos 257 del Código. 
II.- Que la presente denuncia se formula a fin de poner en conocimiento de este Juzgado los siguientes, 
HECHOS 
PRIMERO.- Que esta parte ha tenido constancia de la entrada y registro que, con fecha 16 de abril de 2015, se ha llevado a cabo por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, en los domicilios familiar y profesional del ahora denunciado, el Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo, según orden emitida por el Juzgado de Instrucción núm. 35 de Madrid, dentro del marco de una investigación iniciada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
SEGUNDO.- Que, las referidas entradas y registros han acontecido con posterioridad a que el Sr. Rato se acogiera a la amnistía fiscal aprobada por el actual Gobierno del Partido Popular, para regularizar patrimonio que aquél tenía oculto en paraísos fiscales fuera de España. 
TERCERO.- Que existen fuertes indicios que incitan a pensar que el fraude fiscal acometido por el ahora denunciado se ha llevado a cabo en el seno de un complejo entramado societario familiar, en el que han sido pieza importante tanto sus negocios privados como las ganancias derivadas de su actividad pública como exministro de Economía y Hacienda de España. 
Los hechos y comportamientos que acaban de narrarse inciden en varios 
ILÍCITOS PENALES 
PRIMERO.- DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 
El bien jurídico que se trata de proteger en el presente delito es el patrimonio de la Hacienda Pública o de la Seguridad Social, en un Estado Social y Democrático de Derecho. El sistema tributario y la propia Constitución Española en su artículo 31, establecen que todos los ciudadanos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Por ello, evitar con diversas artimañas la contribución al sufragio de los gastos públicos, como es el caso del Sr. Rodrigo de Rato, se constata sin lugar a dudas como un perjuicio social. 
Por lo tanto y de manera consecuente, serán responsables del presente delito todas las personas que de alguna manera u otra hayan participado activamente en la evasión fiscal y toma de decisiones que puedan encauzarse en las conductas de la persona del ahora denunciado a analizar por el juez instructor.
SEGUNDO.- DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 
El presente tipo penal, prevé la ilicitud de cualquier acción que englobe la tenencia, adquisición, utilización, conversión, así como cualquier acto que tienda a ocultar o encubrir el verdadero origen y carácter ilícito del bien en cuestión. 
En este sentido, como evidencia se muestra que el Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo ha llevado a cabo acciones a través de las cuales, apoyándose en su núcleo familiar, ha transformado, poseído y reintegrado el dinero que se caracteriza como de procedencia ilícita con motivo del delito fiscal previo cometido. 
TERCERO.- DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES 
Este delito conlleva la ocultación, enajenación o sustracción de los propios bienes a la acción de los acreedores, donde se configura como tal el Estado Español, y en concreto la Hacienda Pública por su derecho a recaudar de todos los españoles dado el deber de estos por su obligación de contribuir con el gasto público, en conformidad con la Constitución. 
En su virtud, 
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA SUPLICO, que tenga por presentado este escrito, admita y tenga por formulada la denuncia a que el mismo se refiere, e incoe el procedimiento correspondiente para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades de todo orden a que haya lugar en Derecho, instando las diligencias que crea oportunas su Señoría, además de las solicitadas por esta representación, más aquella que sugiera el Ministerio Fiscal. 
Por ser justicia que respetuosamente solicito en Madrid a 20 de abril de 2015 

PRIMER OTROSÍ DIGO, que se decrete 

1. La intervención de las cuentas, tanto las correspondientes al Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo, como las del resto de sus familiares, entendiéndose por tales, sus integrantes hasta el segundo grado, tanto ascendiente como descendiente, de consanguinidad. 
2. Mandamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social, para que facilite toda la información obrante en sus bases de datos sobre Don Rodrigo de Rato y Figaredo. 
3. Mandamiento a la A.E.A.T. para que facilite cuanta información obre en sus bases de datos acerca de Don Rodrigo de Rato y Figaredo. 
4. Mandamiento a la Asociación Española de Banca Privada, Confederación Española de Cajas de Ahorro y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para que localicen todas las cuentas y productos financieros de los que disponga el denunciado y sus familiares. 
5. Se oficie al organismo competente para la retirada del pasaporte y el cierre de fronteras del denunciado. 
6. Que se oficie a la Policía Judicial (UDEF), a fin que investigue todo el entramado familiar obrante. 
Y todo ello de manera “inaudita altera parte”, ya que en este particular estamos ante los requisitos necesarios para poder satisfacer la petición de esta parte, es decir, existe un clara “fumus boni iuri” y “periculum in mora”, el primero por haber una alta probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una persona determinada y el segundo, por haber, una situación de riesgo o peligro de que el inculpado, el resto de los miembros que integran su familia, y el conjunto de entidades jurídicas de las que puede haberse servido para la comisión de sus ilícitos, sustraigan al proceso o a la ejecución de la condena. 
En virtud de lo anterior, 
SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hechas las manifestaciones precedentes y en su virtud acuerde las medidas cautelares solicitadas inaudita altera parte. 
SEGUNDO OTROSI DIGO, que en cumplimiento de lo prevenido en el art. 280 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, esta parte está dispuesta a prestar la fianza que el Juzgado estime conveniente para responder de las resultas del juicio. 
En virtud de lo anterior 
SUPLICO AL JUZGADO, que, se sirva acordar en dicho sentido, fijando la cuantía que considere conveniente. 
TERCER OTROSÍ DIGO, que, siendo de aplicación de manera subsidiaria para todo lo no previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, habiendo esta parte tratado de cumplir con todos los requisitos legales y formales establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, a tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se nos requiera para la subsanación de los posibles defectos en los que hubiera podido incurrir. 
En su virtud, 
SUPLICO AL JUZGADO, que, se tenga por realizada la anterior manifestación a los efectos que procedan en Derecho. 
Por ser Justicia que, respetuosamente suplico en lugar y fecha señalados “Ut Supra” 


Fdo. Pedro Francisco Muñoz Lorite 
Letrado colegiado núm. 82.329 I.C.A.M. 

Fdo. María Isabel Salamanca Álvaro 
Procuradora de los Tribunales

Nota de prensa: Manos Limpias solicita la publicación de la lista Amnistiados Fiscales.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias solicita del Ministro Cristóbal Montoro, la publicación de la lista de los beneficiados de la amnistía fiscal en el año 2012, y apoya la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados.
Manos Limpias ha solicitado en el día de hoy , amparándose en la Ley del Derecho de Petición y ante el clamor popular de la sociedad civil acerca de los beneficiados de la amnistía fiscal en el año 2012, así como los 705 investigados por el SEPBLAC y los incluidos en la lista Falciani.
Se adjunta copia de la petición.
En Madrid, a 20 de Abril de 2015.






AL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
C/ Alcalá, 9 
28071 - Madrid 


El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación su Secretario General, don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, que por medio del presente escrito, comparece y DICE: 
PRIMERO: Que por medio del presente escrito y en base a la Ley del Derecho de Petición, formulamos la siguiente PETICION: 

1) La publicación de los nombres de los ciudadanos españoles, que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012. 
2) La publicación de los nombres de los 705 españoles que con motivo de la amnistía fiscal del año 2012, están siendo investigados por el SEPBLAC(Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales). 
3) La publicación de los nombres de los ciudadanos españoles incluidos en la lista Falciani. 
Esta petición se basa en los siguientes, 

HECHOS 

PRIMERO: Que el peticionario Manos Limpias, representa una parte importante de la sociedad civil que nos está demandando la petición que figura en este escrito. 
SEGUNDO: De los cerca de 30.000 amnistiados, 705 son investigados por blanqueo de capitales. 
TERCERO: Que la sociedad civil está demandando transparencia y no opacidad y es en este sentido , que el Gobierno de España ha aprobado la Ley de Transparencia. 
CUARTO: La ATE (popularmente conocida como Amnistia Fiscal, R. Decreto Ley 12/2012, de 30 de Marzo, disposición adicional primera), fue: 

a) Una amnistía fiscal a la carta. 
b) Una amnistía fiscal con su tipo nominal de regularización del 10%. 
c) Que abarcaba a los contribuyentes del IRPF; Impuesto de Sociedades; Impuesto sobre la renta de no residentes. 

QUINTO: La recaudación para justificar esta amnistía, fue un fiasco, pues de los 2.500 millones de Euros, se recaudaron 1.193 millones de Euros. 

SEXTO: El Big data, de la Agencia Tributaria, ha detectado 705 casos sospechosos de blanqueo de capitales que está siendo investigados por el SEPBLAC. 

SEPTIMO: Es un hecho constatado que miles de ciudadanos españoles en activo, se les está practicando una paralela, con desviaciones ridículas, y donde les recae todo el peso de la ley. 

OCTAVO: Es un hecho constatado que miles de ciudadanos españoles jubilados , se les está practicando una paralela con desviaciones ridículas y recae sobre ellos todo el paso de la ley. 

NOVENO: La amnistía fiscal es un atentado a la igualdad y un agravio a los contribuyentes. 

DECIMO: La famosa lista Falciani, en manos de determinados medios de comunicación y en poder igualmente del Gobierno de España, debe aflorar a la opinión pública como credibilidad de que las Instituciones funcionan, y que no existe opacidad. 

UNDECIMO: La nueva regulación en el sentido de dar a conocer las listas de los morosos con Hacienda no debe impedir que: 

a) Se dé a conocer los beneficiados de la amnistía fiscal del año 2012. 
b) Los 705 investigados por el SEPBLAC en el Congreso de los Diputados. 
c) La Lista Falciani. 

DUODECIMO: Manos Limpias en su lucha contra la corrupción, se une a la petición del PSOE de publicación de las listas de los acogidos a la referida amnistía y a la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Esto es una petición , no sólo de un partido político, sino también una asociación, Manos Limpias, que representa el sentir de una parte importante de la sociedad civil. 
En su virtud, 
SOLICITO de Ministro 
Admita la presente petición en el sentido de: 

a) Publicar la lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal del año 2012. 
b) Publicar la lista de los 705 beneficiarios bajo sospecha de blanqueo de capitales. 
c) Publicar la lista Falciani en lo que afecta a los ciudadanos españoles. 
d) Apoyar la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. 

En Madrid, a 21 de Abril de 2015. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS 
MIGUEL BERNAD REMÓN

Petición cese del Sr. Rodrigo Rato como miembro del Consejo Asesor para América Latina de la Compañía Telefónica Nacional de España.

AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA
C/ Gran Via, 28
28013 - Madrid

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación su Secretario General, don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, que por medio del presente escrito, comparece y DICE:
PRIMERO: Que ha causado un estado de alarma social, la imputación del Sr. Rodrigo Rato, acusado de varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y delito fiscal.
SEGUNDO: Que el Sr. Rodrigo Rato forma parte de la Compañía Telefónica Nacional de España, en su condición del Consejo Asesor para América Latina.
TERCERO: Que de la misma manera que ocurrió con el asesor en su día de la Compañía Telefónica Nacional de España, Sr. Ignacio Urdangarín, donde se solicitó su cese por no ser digno de desempañar ese puesto y lesionar la imagen de la Compañía Telefónica Nacional de España, ahora por los mismos motivos , venimos a ,
SOLICITAR
El cese del Sr. Rodrigo Rato como miembro del Consejo Asesor para América Latina de la Compañía Telefónica Nacional de España.
Es justicia que pido en Madrid, a 21 de Abril de 2015.
EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS
MIGUEL BERNAD REMÓN

NOTA DE PRENSA-DENUNCIA: Rodrigo Rato.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias presenta en el Juzgado Decano de Plaza Castilla de Madrid, denuncia contra Rodrigo Rato por 3 presuntos delitos, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Manos Limpias , que está personada en las principales causas de corrupción de este país, no podía dejar impune este nuevo presunto caso de corrupción , que puede ser la punta del iceberg que afecta a los 705 ciudadanos que están siendo investigados por el SEPBLAC.
En consecuencia, la denuncia se incorporará al procedimiento de apertura de diligencias que los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla están instruyendo en este caso.
Se adjunta copia de la denuncia.
En Madrid, a 20 de Abril de 2015.


AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA 

DOÑA MARÍA ISABEL SALAMANCA ÁLVARO, procuradora de los Tribunales y del SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS MANOS LIMPIAS (en adelante Manos Limpias), según acreditaré mediante “Apud Acta”, y bajo la dirección letrada de DON PEDRO FRANCISCO MUÑOZ LORITE, colegiado ejerciente del ICAM núm. 82.329, y con domicilio a efectos de citaciones y notificaciones en 28036 – Madrid, Paseo de la Habana 9 y 11, Edificio Unicentro, por medio del presente escrito y conforme dispone el artículo 265 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal formula, 
DENUNCIA 
I.- Contra RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO, nacional español, con D.N.I. 2.485.345 - B, y, a efecto de notificaciones, con domicilio familiar en la calle Don Ramón de La Cruz, 33, 28001, Madrid, y domicilio profesional en la calle Castelló, 50, 28001, Madrid, por la presunta comisión de un delito de contra la HACIENDA PÚBLICA, recogido en el artículo 305 de la Ley Orgánica 10/41995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de un delito de BLANQUEO DE CAPITALES, tipificado el artículo 301 y siguientes de dicho texto, y de un delito de ALZAMIENTO DE BIENES, en conformidad con lo expuesto en los artículos 257 del Código. 
II.- Que la presente denuncia se formula a fin de poner en conocimiento de este Juzgado los siguientes, 
HECHOS 
PRIMERO.- Que esta parte ha tenido constancia de la entrada y registro que, con fecha 16 de abril de 2015, se ha llevado a cabo por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, en los domicilios familiar y profesional del ahora denunciado, el Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo, según orden emitida por el Juzgado de Instrucción núm. 35 de Madrid, dentro del marco de una investigación iniciada por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales. 
SEGUNDO.- Que, las referidas entradas y registros han acontecido con posterioridad a que el Sr. Rato se acogiera a la amnistía fiscal aprobada por el actual Gobierno del Partido Popular, para regularizar patrimonio que aquél tenía oculto en paraísos fiscales fuera de España. 
TERCERO.- Que existen fuertes indicios que incitan a pensar que el fraude fiscal acometido por el ahora denunciado se ha llevado a cabo en el seno de un complejo entramado societario familiar, en el que han sido pieza importante tanto sus negocios privados como las ganancias derivadas de su actividad pública como exministro de Economía y Hacienda de España. 
Los hechos y comportamientos que acaban de narrarse inciden en varios 
ILÍCITOS PENALES 
PRIMERO.- DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 
El bien jurídico que se trata de proteger en el presente delito es el patrimonio de la Hacienda Pública o de la Seguridad Social, en un Estado Social y Democrático de Derecho. El sistema tributario y la propia Constitución Española en su artículo 31, establecen que todos los ciudadanos deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Por ello, evitar con diversas artimañas la contribución al sufragio de los gastos públicos, como es el caso del Sr. Rodrigo de Rato, se constata sin lugar a dudas como un perjuicio social. 
Por lo tanto y de manera consecuente, serán responsables del presente delito todas las personas que de alguna manera u otra hayan participado activamente en la evasión fiscal y toma de decisiones que puedan encauzarse en las conductas de la persona del ahora denunciado a analizar por el juez instructor.
SEGUNDO.- DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES 
El presente tipo penal, prevé la ilicitud de cualquier acción que englobe la tenencia, adquisición, utilización, conversión, así como cualquier acto que tienda a ocultar o encubrir el verdadero origen y carácter ilícito del bien en cuestión. 
En este sentido, como evidencia se muestra que el Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo ha llevado a cabo acciones a través de las cuales, apoyándose en su núcleo familiar, ha transformado, poseído y reintegrado el dinero que se caracteriza como de procedencia ilícita con motivo del delito fiscal previo cometido. 
TERCERO.- DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES 
Este delito conlleva la ocultación, enajenación o sustracción de los propios bienes a la acción de los acreedores, donde se configura como tal el Estado Español, y en concreto la Hacienda Pública por su derecho a recaudar de todos los españoles dado el deber de estos por su obligación de contribuir con el gasto público, en conformidad con la Constitución. 
En su virtud, 
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO CORRESPONDA SUPLICO, que tenga por presentado este escrito, admita y tenga por formulada la denuncia a que el mismo se refiere, e incoe el procedimiento correspondiente para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades de todo orden a que haya lugar en Derecho, instando las diligencias que crea oportunas su Señoría, además de las solicitadas por esta representación, más aquella que sugiera el Ministerio Fiscal. 
Por ser justicia que respetuosamente solicito en Madrid a 20 de abril de 2015 
PRIMER OTROSÍ DIGO, que se decrete 

1. La intervención de las cuentas, tanto las correspondientes al Sr. Rodrigo de Rato y Figaredo, como las del resto de sus familiares, entendiéndose por tales, sus integrantes hasta el segundo grado, tanto ascendiente como descendiente, de consanguinidad. 
2. Mandamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social, para que facilite toda la información obrante en sus bases de datos sobre Don Rodrigo de Rato y Figaredo. 
3. Mandamiento a la A.E.A.T. para que facilite cuanta información obre en sus bases de datos acerca de Don Rodrigo de Rato y Figaredo. 
4. Mandamiento a la Asociación Española de Banca Privada, Confederación Española de Cajas de Ahorro y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para que localicen todas las cuentas y productos financieros de los que disponga el denunciado y sus familiares. 
5. Se oficie al organismo competente para la retirada del pasaporte y el cierre de fronteras del denunciado. 
6. Que se oficie a la Policía Judicial (UDEF), a fin que investigue todo el entramado familiar obrante. 
Y todo ello de manera “inaudita altera parte”, ya que en este particular estamos ante los requisitos necesarios para poder satisfacer la petición de esta parte, es decir, existe un clara “fumus boni iuri” y “periculum in mora”, el primero por haber una alta probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una persona determinada y el segundo, por haber, una situación de riesgo o peligro de que el inculpado, el resto de los miembros que integran su familia, y el conjunto de entidades jurídicas de las que puede haberse servido para la comisión de sus ilícitos, sustraigan al proceso o a la ejecución de la condena. 
En virtud de lo anterior, 
SUPLICO AL JUZGADO que tenga por hechas las manifestaciones precedentes y en su virtud acuerde las medidas cautelares solicitadas inaudita altera parte. 
SEGUNDO OTROSI DIGO, que en cumplimiento de lo prevenido en el art. 280 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, esta parte está dispuesta a prestar la fianza que el Juzgado estime conveniente para responder de las resultas del juicio. 
En virtud de lo anterior 
SUPLICO AL JUZGADO, que, se sirva acordar en dicho sentido, fijando la cuantía que considere conveniente. 
TERCER OTROSÍ DIGO, que, siendo de aplicación de manera subsidiaria para todo lo no previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, habiendo esta parte tratado de cumplir con todos los requisitos legales y formales establecidos al efecto por el ordenamiento jurídico, a tenor de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se nos requiera para la subsanación de los posibles defectos en los que hubiera podido incurrir. 
En su virtud, 
SUPLICO AL JUZGADO, que, se tenga por realizada la anterior manifestación a los efectos que procedan en Derecho. 
Por ser Justicia que, respetuosamente suplico en lugar y fecha señalados “Ut Supra” 
Fdo. Pedro Francisco Muñoz Lorite 
Letrado colegiado núm. 82.329 I.C.A.M. 
Fdo. María Isabel Salamanca Álvaro 
Procuradora de los Tribunales

miércoles, 15 de abril de 2015

Nota de prensa- DENUNCIA CURSOS DE FORMACIÓN JUNTA DE EXTREMADURA.

NOTA DE PRENSA
Asunto: Manos Limpias denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción , el fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Extremadura.
Manos Limpias se une a la denuncia que formuló el director gerente del Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo) en el fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Extremadura en el año 2011.
Manos Limpias solicita, además, se amplíe la fiscalización a todos los expedientes de subvenciones concedidas por la Junta de Extremadura para llevar a cabo la formación de ocupados.
Manos Limpias solicitó al Ministro de Justicia y al CGPJ la creación de un Juzgado especifico central dentro de la Audiencia Nacional para instruir el mayor fraude de la historia de España, que implica tanto a UGT, CCOO, CSIF y las patronales en todas las Comunidades Autónomas y que sólo en Andalucía superan los 3 mil millones de Euros lo defraudado.
Se adjunta copia de la denuncia.
En Madrid, a 15 de Abril de 2015.


-DENUNCIA-
A LA FISCALIA CONTRA LA CORRUPCION Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA 
C/ Manuel Silvela, 4 
28010 - Madrid 

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por el presente escrito, al amparo del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prescribe: 
“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”. 
Formula, 
DENUNCIA 
Contra los responsables de los sindicatos CCOO de Extremadura, UGT Extremadura, la patronal Extremeña CREEX y la entidad de economía social CEPES Extremadura por la presunta comisión de delitos de fraude y apropiación indebida, falsedad en documento público, delito fiscal, delito contra los trabajadores y contra la Seguridad Social. 
La presente denuncia se basa en los siguientes, 
HECHOS 
ANTECEDENTES: 
PRIMERO: Manos Limpias está personada en los fraudes de los cursos de formación en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla. 
SEGUNDO: Manos Limpias está personada en los fraudes de los cursos de formación en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el Juzgado de Instrucción Nº 9 de Madrid. 
FRAUDE CURSOS DE FORMACIÓN JUNTA DE EXTREMADURA 
PRIMERO: Mediante el presente escrito formulamos denuncia ante la Fiscalía contra la Corrupción, por estimar que existen indicios suficientes para considerar que se han cometido fraudes en la justificación de los cursos de formación de ocupados financiados por la Junta de Extremadura, y donde están implicados: 
a) UGT Extremadura. 
b) CCOO Extremadura. 
c) CREEX. 
d) CEPES Extremadura. 
Esta parte denunciante, ha tenido acceso a la denuncia del Director Gerente del SEXPE(Servicio Extremeño Público de Empleo) ante la Fiscalía Anticorrupción. 
Una vez analizada la denuncia del SEXPE, por parte de los servicios jurídicos de Manos Limpias, no sólo avalamos la misma, sino que también presentamos denuncia ante esa Fiscalía. 
SEGUNDO: La denuncia del SEXPE se fundamenta en los resultados de una auditoría externa referida a un diez por ciento de la formación de ocupados del año 2011, lo cual obligaría a ampliar la fiscalización a todos los periodos no prescritos. 
TERCERO: Una consideración que efectuamos dentro de nuestro rigor técnico y profesional, es el hecho a valorar por esa Fiscalía, en el sentido de que si estando ya instruyendo en varios Juzgados fraudes en los cursos de formación(Instrucción Nº 3 de Cádiz, Nº 8 de Málaga, Nº 4 de Almería; Nº 6 de Sevilla, Nº 8 de Córdoba, Nº 5 de Huelva; Nº 1 de Granada; Nº 4 de Jaén) y el Nº 9 de Madrid, el fraude en los cursos de formación en consonancia con la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, el órgano competente sería la Audiencia Nacional. 
ILICITOS PENALES 
- DELITO FISCAL. 

- DELITO CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. 

- DELITO CONTRA LOS TRABAJADORES. 

- FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. 

- DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. 

En su virtud, 
SOLICITO de esa Fiscalía, 
Admita la presente denuncia y se : 
a) Acuerde la incorporación de nuestra denuncia a la efectuada por el SEXPE. 
b) Se proceda a fiscalizar la totalidad de los expedientes de concesión de subvenciones para formación de ocupados formalizados por la Junta de Extremadura en el periodo no prescrito. 
c) Se valore la posibilidad de que todos los procedimientos incursos , se inhiban a favor de la Audiencia Nacional. 
Es justicia que pido en Madrid, a 15 de Abril de 2015. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS 
MIGUEL BERNAD REMÓN

jueves, 9 de abril de 2015

Ampliación DENUNCIA Fundación Nous Catalans.

FISCAL GENERAL DEL ESTADO
C/ Fortuny,4
28071 - Madrid

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por medio del presente escrito y como mejor proceda en Derecho, DICE:
PRIMERO: Que con fecha 5/5/2015 formulé denuncia contra los dirigentes de la Fundación Nous Catalans, con domicilio en la Comunidad Catalana de Santa Coloma de Gramenet, sita en la C/ Pompeu Fabra, 22, y contra los responsables del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, por presuntos delitos de asociación ilícita , de provocación a la sedición y malversación de caudales públicos.
SEGUNDO: A raíz de las detenciones de elementos Yihadistas en el día de ayer por parte de los Mossos d´Esquadra , se AMPLIA la denuncia formulada en su día por presunta colaboración con organizaciones terroristas. Se adjunta notitia criminis aparecida en los medios de comunicación.
En su virtud,
SOLICITO de esa Fiscalía, admita la presente denuncia y se incorpore a la efectuada con fecha 5/5/2014.
Es justicia que pido en Madrid, a 9 de Abril de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS
MIGUEL BERNAD REMÓN

NOTA DE PRENSA AMPLIACIÓN DENUNCIA NOUS CATALANS

NOTA DE PRENSA

Asunto: Manos Limpias ya denunció con fecha 5/5/2014, ante el Fiscal General del Estado a los responsables de la Fundación Nous Catalans, solicitando así mismo la ilegalización ante el Ministerio del Interior.
Ahora, Manos Limpias va a ampliar la denuncia contra los responsables de de la Fundación Nous Catalans, a raíz de las conexiones con las detenciones de elementos yihadistas, que se han producido en el día de ayer por parte de los Mossos d´Esquadra.


Se adjunta copia de la denuncia.
En Madrid, a 9 de Abril de 2015.



FISCAL GENERAL DEL ESTADO 
C/ Fortuny,4 
28071 - Madrid 

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por el presente escrito, al amparo del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prescribe: 
“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”. 
Formula, 
DENUNCIA 
Contra los dirigentes de la Fundación Nous Catalans, con domicilio en la Comunidad Catalana de Santa Coloma de Gramenet, sita en la C/ Pompeu Fabra, 22, y contra los responsables del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, por presuntos delitos de asociación ilícita , de provocación a la sedición y malversación de caudales públicos. 
La presente denuncia se basa en los siguientes, 
HECHOS 
PRIMERO: La notitia criminis aparecida en el diario El Mundo de fecha 30/4/2014, y cuya copia se adjunta, pone de relieve que la Fundación Nous Catalans recibe del Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, subvenciones bajo el concepto “realización de programas y actividades de integración social de personas extranjeras , inmigrantes y catalanas retornadas” 
SEGUNDO: Es evidente, que una gran parte de esas subvenciones, a través de Angel Colom (con anterioridad militó en la formación política ERC y actualmente en el CDC), se destinan a hacer apología del independentismo y del secesionismo. 
TERCERO: El CDC avala , subvenciona a la referida Fundación Nous Catalans (liderada por Angel Colom). 
CUARTO: Es evidente también que una clara vinculación e integración dentro de la referida Fundación con líderes del islamismo más radical ubicado en la Comunidad Catalana. 
QUINTO: Estos islamistas dirigentes, muchos de ellos han sido condenados por diversos delitos y otros han sido expulsados. Los servicios del CNI y del Ministerio del Interior tienen información al respecto sobre esa vinculación e integración. 
SEXTO: Que la Fundación Nous Catalans, lo mismo que la ANC, están utilizando esas organizaciones para subvertir el orden constitucional, incitando a la población civil a apoyar el movimiento independentista, secesionista con apología de la sedición. 
SEPTIMO: Que en el caso que nos ocupa, al formar parte de la Fundación Nous Catalana de elementos radicales islamistas y de antiguos miembros de Terra Lliure, ello supone que sus fines son ilícitos, convirtiéndoles por consiguiente en una asociación ilícita, por lo que procedería se instara al Ministerio de Interior iniciar el correspondiente expediente de ilegalización de la referida Fundación Nous Catalans. 
OCTAVO: Es público y manifestó que se están utilizando las fundaciones además para evadir impuestos. 
NOVENO: Con independencia de ese proceso de ilegalización, se ha podido producir: 
ILICITOS PENALES 
a) Un delito de malversación de caudales públicos solidario entre el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat y la Fundación Nous Catalans. 
b) Un delito de asociación ilícita y de provocación a la sedición. 
En su virtud, 
SOLICITO de esa Fiscalía: 
a) Se inste al Ministerio de Interior a que promueva la ilegalización de la Fundación Nous Catalans por asociación ilícita. 
b) Se proceda a la apertura de diligencias previas informativas por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, provocación a la sedición y asociación ilícita. 
Es justicia que pido en Madrid, a 5 de Mayo de 2014. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS 
MIGUEL BERNAD REMÓN



lunes, 23 de febrero de 2015

DENUNCIA: Contra los responsables del Ayuntamiento de Solsona (Lérida), así como contra los autores de la pancarta y vídeo con el título “Ven a matar a españoles”

AL FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Passeig de Lluis Companys,14
08018- Barcelona

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias y en su nombre y representación, su Secretario General don Miguel Bernad Remón, con D.N.I. Núm. 12.135.624-L y con domicilio en la C/ Ferraz, Nº 13 de Madrid-28008, por el presente escrito, al amparo del art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prescribe:
“Los que por razón de su cargo, tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción”.
Formula,
DENUNCIA
Contra los responsables del Ayuntamiento de Solsona (Lérida), así como contra los autores de la pancarta y video con el título “Ven a matar a españoles” , con motivo del anuncio del referido carnaval en Solsona, por delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas ( xenofobia, incitación al odio y violencia) y ultrajes a España y sus Instituciones, así como delito de amenazas.
La presente denuncia se basa en los siguientes,
HECHOS
PRIMERO: Con motivo de los Carnavales en el mes de Febrero d e2015, el Ayuntamiento de Solsona (Lérida), para promocionar sus Carnavales, aprueba un cartel xenófobo, lleno de odio y violencia, con insultos además a las Instituciones de España y con la imagen de una persona empuñando una pistola con el lema “Ven a matar a españoles”.
SEGUNDO: El cartel o pancarta es lo suficientemente significativo para crear un clima de una parte del independentismo catalán y de otra , de odio a España, a los españoles y a sus Instituciones.
TERCERO: Al cartel o pancarta, se le une un video que ha sido tuiteado masivamente. 
EL DERECHO A LA LIBERTA DE EXPRESIÓN TIENE SUS LÍMITES
Es evidente la protección del derecho a la libertad de expresión en nuestro Texto Constitucional, pero también es evidente el derecho al honor de España, de los españoles y de sus Instituciones.
En el derecho a la libertad de expresión, no todo debe valer, pues hechos delictivos quedarían impunes. En la colisión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor de los españoles, de España y de sus Instituciones, prevalece obviamente el interés general y la dignidad del pueblo español.
No es válido ampararse en las chirigotas de los Carnavales para insultar a España, a los españoles, para fomentar el odio, para fomentar la xenofobia y para incitar a matar a españoles.
Los hechos relatados, a juicio del Sindicato, son constitutivos de varios,
ILICITOS PENALES
A tenor de lo prescrito en el artículo 510 del Código Penal, se ha producido un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas:
- XENOFOBIA: 
- INCITACION AL ODIO: 
- VIOLENCIA.
A tenor de lo preceptuado en el artículo 543 del Código Penal, se ha producido un delito de :
- ULTRAJES A ESPAÑA
A tenor de lo preceptuado en el artículo 169 del Código Penal, se ha producido un delito de :
- AMENAZAS.
En su virtud,
SOLICITO de esa Fiscalía,
Admita la presente denuncia y se actúe conforme a derecho corresponda.
Es justicia que pido en Madrid, a 23 de Febrero de 2015.

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MANOS LIMPIAS
MIGUEL BERNAD REMÓN

OTROSÍ DIGO: Que se adjunta fotografía del cartel y referencia del video de propaganda , con una amplia difusión en las redes sociales.