Manos Limpias: Manos Limpias demanda al Partido Socialista Obrero Español.

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE MADRID QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA

DOÑA ISABEL SALAMANCA ALVARO, Procuradora de los Tribunales y en representación del “SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS MANOS LIMPIAS” (en adelante Manos Limpias), con CIF G-81428252, y domicilio a efecto de las posibles notificaciones en 28008, Ferraz nº 13, 1º B – Madrid, conforme la representación que acredito mediante copia de poder notarial que se adjunta como documento nº1; y debidamente asistidos por el Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Don PEDRO FRANCISCO MUÑOZ LORITE, colegiado número 82.329, ante este Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho,

DIGO

I- Que, en la representación que ostento y en consonancia a lo estipulado en los artículos 399 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, vengo a formular, en legales tiempo y forma, DEMANDA DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SOLICTANDO LA NULIDAD DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS, Y DE LA NORMATIVA REGULADORA QUE LOS DESARROLLA, DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) POR SER CONTRARIOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE, CON SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NOMBRAMIENTOS DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014, actos llevados a cabo por el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL con CIF G-28477727 y domicilio en Calle Ferraz número 70, 28008 - Madrid; por considerar que las actuaciones concretas que se examinarán en el presente escrito de demanda, y llevadas a cabo por el citado Partido Político, no se someten a los principios democráticos que le impone de manera imperativa el artículo 6 de la Constitución Española y los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos, todo ello en relación con el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; procediendo llevarse a cabo por los cauces del juicio ordinario, al resultar imposible calcular el interés económico de la pretensión tal y como determina el artículo 249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

II- Que, la presente demanda encuentra su fundamento en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO-. Que, aun sabiendo de antemano que este Tribunal al que nos dirigimos estará en conocimiento de lo que en este apartado procedemos a exponer, es merecedor recordar que la Constitución Española promulgada el 29 de Diciembre de 1978, conseguida tras grandes y laboriosos esfuerzos, consensuados por parte de toda una población española que deseaba con ahínco una democracia real en el Estado español, se propugnó como uno de los principios inspiradores de nuestra Carta Magna el pluralismo político, establecido en el artículo 1 de la misma.

Al mismo tiempo fue voluntad del Constituyente que el pluralismo político descansase sobre los Partidos Políticos, siendo éstos el instrumento fundamental de participación política. Pero, asimismo, fue también voluntad del Constituyente que la estructura interna y el funcionamiento de los Partidos Políticos se llevase a cabo conforme a los principios democráticos. Y es de ese modo como quedó redactado nuestro artículo 6 de la Constitución Española, artículo que a continuación transcribimos:

“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

SEGUNDO-. Que, entre las fechas de 4 y 6 de julio del año 2008 se celebró el 37º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español, tras el cual se establecieron los actuales Estatutos del partido, así como el resto del entramado de Resoluciones que regulan las funciones y la estructura interna del mismo, entre las que merecen ser destacadas la Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento del partido, la Normativa Reguladora de Cargos Públicos y el Reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal, máximo órgano ejecutivo del partido en el ámbito nacional.

En los Estatutos del partido, pieza clave de organización del mismo, encontramos la regulación básica del Partido Socialista Obrero Español, donde de manera sucinta se determina su estructura tanto territorial como orgánica, así como las pautas esenciales por las que debe quedar sujeto el procedimiento de elección de los órganos del partido, y los derechos y deberes de los afiliados al partido. En el apartado primero del artículo 3, se determina como principio inspirador del funcionamiento del partido, lo siguiente:

“La democracia como forma de participación y corresponsabilidad de los y las militantes en la vida del Partido”.

Adjuntamos copia de los Estatutos del Partido Socialista Obrero Español, como documento nº2.

Al mismo tiempo es de relevante importancia dentro de la regulación interna del partido, la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, de carácter interno y de aplicación a todos los cargos públicos electos que dependan del Partido Socialista Obrero Español, normativa reguladora de las relaciones de tales cargos para con el Partido, su compromiso con la sociedad, y del funcionamiento de los Grupos Socialistas en las diferentes instituciones. Asimismo, en dicha normativa, queda determinada la forma en la que debe llevarse la selección de los candidatos y candidatas a los distintos cargos públicos en las listas del Partido Socialista Obrero Español, motivo por el cual resulta incluso de mayor relevancia que los propios Estatutos para el presente escrito de demanda.

Adjuntamos copia de la resolución por la que se desarrolla la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del Partido Socialista Obrero Español como documento nº3.

Por último, mencionar y destacar al mismo tiempo, el Reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal, órgano de vital importancia y transcendencia dentro del partido, y que como se mostrará a lo largo del presente escrito de demanda, es el órgano encargado de la toma de decisiones en multitud de etapas dentro del proceso de las elecciones internas dentro del Partido. Adjuntamos por ello copia del mencionado Reglamento como documento nº4.

No obstante, casi habiéndose cumplido los dos años tras la celebración del mencionado Congreso Federal, se llevó a cabo, entre las fechas de 3 y 5 de del año 2012, el 38º Congreso Federal del PSOE, Congreso del cual esta parte únicamente pretende dejar constancia sobre ello, pues en el mismo no se llevaron a cabo medidas que supusieran la reforma de los estatutos o resoluciones concernientes al partido, suponiendo por ende que las que permanecen en vigor y a las que quedan sujetos los miembros del Partido Socialista Obrero Español, son las determinadas en el 37º Congreso Federal.

TERCERO.- De los procesos de selección en el seno del Partido Socialista Obrero Español.

Que, de la lectura de los Estatutos del Partido Socialista Obrero Español, así como de las normas que lo desarrollan determinando la organización gubernamental interna del partido –principalmente los aportados a esta demanda, la Normativa Reguladora de Cargos Públicos y Reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal- se evidencia, aunque de manera ciertamente compleja, el entramado existente a la hora de realizar cualquier tipo de elecciones internas para cargos dirigentes dentro del Partido.

“Artículo 37. Procedimientos de selección de candidatos y candidatas. La selección de candidatos y candidatas del Partido en los diversos procesos electorales internos podrá realizarse:

1. A través de un procedimiento de selección previo y singularizado de la persona que vaya a ser nominada por el Partido para la candidatura a un cargo público unipersonal y ejecutivo.

Este procedimiento interno, denominado de “Primarias”, se aplicará a la selección de la candidatura a la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Presidencias de las Comunidades Autónomas, Presidencias de las Ciudades Autónomas, Presidencias de los Cabildos, Presidencias Consejos Insulares, Presidencias de Juntas Generales y las Alcaldías de determinados municipios, cuando en cualquiera de estos supuestos exista más de un aspirante a la nominación, excepto en el caso del artículo 49.3 de los Estatutos Federales.

2. En el supuesto que las instituciones referidas en el apartado anterior estén gobernadas por el PSOE, sólo se aplicará el sistema de primarias si lo solicita la mayoría del Comité Federal para el caso de la Presidencia del Gobierno, o del Comité Regional en el caso de la Presidencia de las Comunidades Autónomas, o del Comité Provincial para la Presidencia de las Juntas Generales o del Comité Insular para las Presidencias de los Cabildos y Consejos. En el caso de los municipios deberá ser solicitado por el 40 por 100 de los militantes de la Agrupación Municipal correspondiente.

3. Proponiendo candidaturas completas para integrar una lista para procesos electorales legislativos: a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), Parlamento Europeo, Asambleas o Parlamentos Autonómicos, Elecciones Municipales, que será votada y en su caso, aprobada por los órganos competentes del Partido. La elaboración de propuestas por las Agrupaciones Municipales o de Distrito de candidatos al Congreso de los Diputados, al Senado y a los Parlamentos de Comunidades Autónomas, se realizará por medio del sistema de listas abiertas”.

Establece el artículo 31 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos que cualquier procedimiento de elecciones internas dentro del partido, estará desarrollado por los órganos ejecutivos, de decisión y control del partido, las comisiones de listas y las comisiones de garantías del proceso, pero como se va a poder evidenciar a continuación los órganos que realmente son decisorios en tal proceso son únicamente los ejecutivos, en tanto en cuanto el resto de órganos intervinientes quedan integrados por las personas directamente nombrados por aquellos.

CUARTO.- Criterios para la elección de los órganos de representación del partido. La elección del esqueleto fundamental y primordial de la estructura orgánica del partido, que no son otros que aquellos que ostentan su representación, queda regulada de manera somera en los Estatutos -concretamente en el artículo 5.1 de los mismos- que dispone lo que a continuación esta parte transcribe:

Artículo 5. Los órganos de representación serán elegidos de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Elección de órganos ejecutivos:

a) Las Comisiones Ejecutivas Municipales y de Distrito serán elegidas por medio del sistema de voto mayoritario.

b) Las Comisiones Ejecutivas Provinciales, Insulares, Regionales o Nacionales y Federal serán elegidas por el siguiente sistema:

- Elección del Secretario/a General: mediante voto individual, directo y secreto de todos los Delegados/as del Congreso del ámbito respectivo. La presentación de candidaturas a la Secretaría General debe contar con el aval del 20% de los Delegados/as al respectivo Congreso, sin que ninguna de ellas pueda contar con el aval de más del 30% de dichos delegados/as.

- Elección de la Comisión Ejecutiva del ámbito correspondiente: mediante el sistema mayoritario a propuesta del Secretario/a General electo.

De la lectura del precepto se determina que para la elección de las respectivas Comisiones Ejecutivas del partido, tienen una clara y evidente importancia los delegados, en tanto en cuanto recae en ellos dos facultades que van correlacionadas de manera directa y, además, definitiva para determinar las elecciones internas. Por un lado, se va a necesitar de ellos para la presentación de los candidatos a Secretario General, siéndoles necesario a ésos el reunir, ni más ni menos, que el 20% de avales de los delegados para tan solo poder presentar su candidatura. Por otro lado, serán los propios delegados los que posteriormente emitirán su voto (directo, individual y secreto) para la elección del Secretario General de entre los candidatos.

I. Proceso para la elección de los delegados. Por lo anteriormente reseñado, y de manera evidente, el concretar el proceso que debe llevarse a cabo para la elección de los delegados es de vital importancia, ya que de la única y exclusiva voluntad de estos es de donde va a surgir la proclamación del Secretario General, que será a su vez quién proponga a la Comisión Ejecutiva, quién –de nuevo- a su vez tendrá básicamente el control sobre la candidatura a la Presidencia del Gobierno de la Nación. Comenzando con ello, resulta necesario volver a remitirnos al artículo 5 de los Estatutos del Partido, no obstante, esta vez en su apartado segundo:

“2. Elección de delegados/as, participantes y comités:

a) Los delegados/as de los congresos, los/las participantes en las conferencias y los miembros de los comités municipales, provinciales, insulares, regionales o nacionales y federales serán elegidos en listas completas, cerradas y bloqueadas. A los distintos Congresos no podrán asistir como delegados/as los miembros de los respectivos órganos ejecutivos.

b) En el supuesto de que existan dos listas, la minoría que obtenga como mínimo un 20 por 100 de los votos válidos a candidaturas, tendrá una representación proporcional a éstos. En todo caso, la lista que obtenga la mayoría tendrá derecho a la mitad más uno de los delegados/as a elegir.

c) En el supuesto de que existan más de dos listas y ninguna obtenga la mayoría, la más votada tendrá derecho a una representación de la mitad más uno de los cargos a elegir, repartiéndose el resto proporcionalmente entre las demás candidaturas que hayan superado el 20%.

d) Las listas de candidatos y candidatas a delegados y delegadas de los congresos, a participantes en las conferencias políticas y a representantes en los comités del partido, deberán tener una composición paritaria en la que ninguno de los sexos tenga una presencia inferior al 40% ni superior al 60%, tanto en el conjunto de la misma como en tramos de cinco. Cuando la candidatura o un tramo de la misma sea inferior a cinco integrantes, la presencia de ambos sexos será lo más ajustada al equilibrio numérico”.

El sistema de elección basado en listas completas, cerradas y bloqueadas determina que para la confección de tales listas debería haberse tomado en consideración la voluntad de todos y cada uno de los militantes del partido, ya que, huelga decir, las listas bloqueadas y cerradas son una gran restricción al principio de participación democrática dentro de los procedimientos electorales, sean cuales sean. No obstante no ocurre así, puesto que es más que evidente que no todos los militantes acuden a los Congresos Federales -ya que en realidad comprendemos resultaría hasta inviable el que todos acudieran- pero ello no obstaría para la participación de ellos en la confección de tales listas.

Y, además de todo ello, se puede afirmar la fuerte centralización del proceso pues -además del hecho de que las listas son cerradas y bloqueadas-: por un lado, en el caso de que se presenten dos listas, se deberá obtener como mínimo un 20% de votos (algo que no es sencillo), obteniéndose una representación proporcional; y por el otro lado, la lista que obtenga la mayoría de votos, tendrá una representación de la mitad más, a pesar de que ni siquiera se hubiera llegado a tener esa proporcionalidad, sino simplemente una mayoría respecto del resto de listas.

Es por ello que el estar incluido dentro de una de las listas más afines o con mayores partidarios dentro de los Consejos, hará que se tenga más posibilidades de ser elegidos, y aun así, no obstante todo lo centralizado que ya podría determinarse está el proceso en este sentido, en todo caso la Comisión de Listas interviene en el procedimiento. Y es así en virtud de la potestad que le otorga el artículo 33.2 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del partido, que preceptúa lo que sigue:

“La Comisión Federal Listas podrá intervenir en cualquier momento del proceso y sobre cualquier tipo de elección en coordinación con las direcciones federal, regionales y provinciales del Partido y de acuerdo con las disposiciones del presente título y de los Estatutos.”

II. La elección de los candidatos a la presidencia del Gobierno de la Nación. La relevancia que ostentan las Comisiones Ejecutivas dentro del partido es indiscutible, pues, sin ir más lejos, la propuesta de los candidatos a la presidencia del Gobierno corre básicamente a su cuenta (en concreto de la Comisión Ejecutiva Federal), tal y como queda preceptuado en el artículo 49 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del PSOE.

“Artículo 49. Propuesta de candidatos y candidatas. Podrán proponer candidato o candidata en el proceso de elección interno:

1. La Comisión Ejecutiva Federal, por mayoría.

2. El aval del Comité Federal.

3. El 10% de los militantes del Partido Socialista Obrero Español”.

Y no se deje engañar este Tribunal si se piensa que también cabe la posibilidad de proponer la candidatura a la Presidencia del Gobierno por aval del Comité Federal, pues al fin y al cabo, el artículo 39.l) de los Estatutos del partido -así como el artículo 7.o) del Reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal- le otorga la competencia a la Comisión Ejecutiva Federal de “proponer al Comité Federal el candidato/a a Presidente/a del Gobierno”. Curioso cuanto menos.

QUINTO.- Elaboración de las listas electorales y participación de la militancia en las mismas. Extraemos el procedimiento por el cual se elaboran las listas electorales, de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del partido, regulado en los artículos 56 y siguientes de dicha normativa, y basado en un sistema de concatenación de escalones jerárquicos, en los que en teoría, todos deberían tener el mismo derecho de ser electores como elegibles –así se establece por el partido- pero que en la práctica y observando el procedimiento íntegramente, se evidencia que tal hecho no se produce.

Ya, desde un inicio, queremos ser claros al respecto, tanto o más a como lo son es la Normativa Reguladora citada: el Comité Federal es el encargado de ratificar las propuestas que le sean presentadas por la Comisión Federal de Listas, que por otra parte, él mismo ha nombrado en su primera reunión después del Congreso Federal –al que en el apartado anterior hemos hecho referencia-. Es por tanto, y como procedemos a detallar en a continuación para mayor claridad expositiva, que los órganos que ostentan la máxima competencia al respecto son tanto la Comisión Ejecutiva Federal como el Comité Federal, que a fin de cuentas, uno viene a estar integrado por los miembros que el otro determina y al mismo tiempo sobre el que debe ratificar sus decisiones.

En primer lugar, y a tenor de lo establecido en el artículo 57.1 de la Normativa mencionada, serán las Agrupaciones Locales –donde sí intervienen los militantes-, las que propongas las listas abiertas de los candidatos, que trasladarán a la Comisión Ejecutiva Municipal.

“Las Agrupaciones, en asamblea extraordinaria convocada al efecto, podrán proponer nombres de candidatos y candidatas, en el ámbito provincial, al Congreso y al Senado, a la Comisión Ejecutiva Provincial respectiva o en su defecto a la Comisión Regional o de Nacionalidad. El sistema de propuesta se realizará por medio de listas abiertas”.

Posteriormente, se da traslado de listas elaboradas como propuesta a la Comisión Ejecutiva Provincial (o Comité ejecutivo Regional, dependiendo de la distribución territorial de la Comunidad Autónoma), y éstos, a partir de las listas abiertas remitidas, deberán: primero, elaborar otra propuesta de las listas de candidatos, y segundo, que el Comité respectivo las aprueben. Todo ello según lo extraído en el apartado tercero del mismo artículo 57.

“La Comisión Ejecutiva Provincial o en su defecto la Comisión Ejecutiva Regional o de Nacionalidad, a la vista de las propuestas recibidas, elaborará una candidatura que será sometida a la aprobación del Comité Provincial, Regional o de Nacionalidad según corresponda”.

Se evidencia por tanto que, ya en esta segunda ‘fase’ o etapa de la confección de las listas, las que fueron originariamente propuestas en las agrupaciones –y aquellas que evidenciaban la clara voluntad de los miembros del partido- son fuertemente intervenidas desde el instante mismo en que abandonan las mencionadas agrupaciones.

El tercero de los pasos a seguir para la elaboración de las listas, será el dar traslado de las aprobadas a la Comisión Federal de Listas, la cual deberá emitir un dictamen sobre las listas que le han sido remitidas. Dicho dictamen debe ser ratificado por el Comité Federal, que dará lugar entonces, a las listas definitivas, siguiendo las indicaciones que nos establece el artículo 59 de la ya repetidamente mencionada Normativa Reguladora de Cargos Públicos del partido.

“Artículo 59. Aprobación definitiva.

La Comisión Ejecutiva Provincial, Regional o de Nacionalidad remitirá la lista a la Comisión Federal de Listas para su dictamen previo a la aprobación definitiva por el Comité Federal.

El dictamen de la Comisión Federal de Listas podrá incluir, razonándolo, nombres de candidatos y candidatas no propuestos por los órganos provinciales, regionales o de nacionalidad.

Para el ejercicio de estas funciones, la Comisión Federal de Listas deberá escuchar el parecer de las Secretarías Generales Regionales o de Nacionalidad, así como el de un representante de cada Comisión Ejecutiva Provincial y el del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que emitirá un informe sobre el trabajo desarrollado por sus miembros y sobre las necesidades del Grupo Parlamentario”.

Pero, y aunque incluso pudiera salvarse el hecho de la necesidad de establecer un filtro para la confección de unas listas más reducidas que las inicialmente propuestas por las Agrupaciones, lo que no puede ni debe salvarse, y mucho menos olvidarse, es que todo el proceso posterior en la elaboración de las listas esté tan fuertemente controlado y/o centralizado por la voluntad de unos pocos.

Y esto es así, en primer lugar por la facultad que se le otorga a la Comisión Federal de Listas de modificar las listas, introduciendo dentro de las que le han sido remitidas, los nombres de otros candidatos que no hayan sido propuestos por los órganos inferiores, y en un segundo lugar, por el hecho de quiénes son las personas que integran la Comisión Federal de Listas. No deja de llamar la atención el hecho de que, la propia Comisión Federal de Listas, esté formada por aquellos que integran la Comisión Ejecutiva Federal y al mismo tiempo por quiénes designen el Comité Federal (a quién, curiosamente, deben remitirle después las listas para su definitiva aprobación como acabamos de apuntar). Hecho que se extrae de manera indubitada del artículo 33 apartado primero de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, rezando que “la Comisión Federal de Listas está compuesta por los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal que la misma designe y por los del Comité Federal elegidos de entre sus miembros”.

Este carrusel es creado con el único fin de determinar una falsa apariencia de democracia interna, cuando en realidad, como se puede observar, quiénes finalmente deciden qué listas de Delegados se presentan (y recuérdese, listas completas, cerradas y bloqueadas), y consecuencia de ello, quiénes son los que posteriormente van a poder elegir al Secretario General del partido, que este a su vez, propone a su Comisión Ejecutiva Federal, evidencia que no estamos ante un procedimiento democrático, sino por contrario, oligárquico, donde la voluntad de unos pocos se impone a la voluntad de la militancia del partido. La voluntad impuesta en este caso es de aquellos que componen la cúpula del partido y que variará sucintamente de uno a otro –todos dentro de la ‘cúpula’- en función de los apoyos que se encuentren en un momento específico por las circunstancias dadas; pero lo que es claro y evidente es que, la militancia, por mucho que de entre ellos haya personas enormemente más cualificadas que aquellos que están en la cima, no van a contar ni de lejos con la posibilidad de ser votados, puesto que el hecho de no ser incluido en esas listas le excluye de toda oportunidad de presentarse a candidato, con lo que ello puede conllevar.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

JURISDICCIÓN

Que es competente para el conocimiento de la presente controversia la jurisdicción civil, en virtud de lo estipulado en los artículos 9 y 22 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como de conforme con lo preceptuado por el artículo 36 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

COMPETENCIA

Por disposición del artículo 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos remite a lo estipulado en los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen competencia objetiva para el conocimiento de la presente causa los Juzgados de Primera Instancia, por no estar atribuía la materia objeto de controversia de manera específica a otros Tribunales.

Al mismo tiempo, la competencia territorial de los Juzgados de Primera Instancia queda determinada por el foro general del domicilio del demandado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las personas jurídicas, siendo por consiguiente la competencia para conocer la presente los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, conforme al turno de reparto que corresponda.

III

CAPACIDAD PROCESAL DE LAS PARTES

Que dando cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ostentan capacidad procesal bastante para ser parte en el presente procedimiento por ser entidades con personalidad jurídica propia. Dicha personalidad queda recogida tanto en el artículo 4 apartado primero de la Ley Orgánica de Libertad Sindical:

“Los sindicatos constituidos al amparo de esta Ley, para adquirir la personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, deberán depositar, por medio de sus promotores o dirigentes, sus estatutos en la oficina pública establecida al efecto”.

Como en el artículo 3 apartado segundo de la Ley Orgánica de Partidos Políticos:

“Los partidos políticos adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos que, a estos efectos, existirá en el Ministerio del Interior, previa presentación en aquél del acta fundacional suscrita por sus promotores, acompañada de aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley Orgánica”.

LEGITIMACIÓN

Ostenta la condición de parte legitimada activamente para la interposición de la presente demanda, mi representada “Manos Limpias”, dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ello en relación con el artículo 40.2 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, tal y como a continuación se expondrá, por haberse afectado el interés legítimo de mi representada.

Al mismo tiempo tiene la condición de legitimado pasivamente la parte demandada, el Partido Socialista Obrero Español, por tratarse de la entidad con personalidad jurídica que ha contravenido los principios rectores de democracia a los que queda sujeto, en su funcionamiento y estructura interna, afectando por ello a los legítimos intereses de mi mandante.

Para determinar la legitimación activa que ostenta “Manos Limpias”, a esta parte le interesa primero delimitar la regulación a la que quedan sometidos los Partidos Políticos, en aras de una sistemática y ordenada exposición de los fundamentos jurídicos.

Asentado está por nuestra doctrina jurisprudencial que un Partido Político queda encuadrado dentro del marco de las asociaciones, y por tanto, quedan sujetos también a la Ley Orgánica de 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Esta afirmación se encuentra claramente contenida, y de tal modo, en la sentencia 85/1986, de 25 de junio, dada por el Tribunal Constitucional (Sala 1º) y que concretamente establece que:

Sin embargo, para la protección efectiva de la libertad de partidos políticos, el constituyente ha contado también con la protección global de la libertad y del derecho general de asociación reconocido en el propio art. 22, y susceptible, por su colocación sistemática, de protección a través del recurso de amparo. Como este Tribunal ha tenido ya ocasión de afirmar, los partidos políticos se incluyen bajo la protección de este art. 22, cuyo contenido conforma también el núcleo básico del régimen constitucional de los partidos políticos.

Es cierto que en el art. 6 de la Constitución Española se han establecido unas condiciones específicas para los partidos políticos en relación al respeto al orden constitucional y a su estructuración interna de carácter democrático, pero tales exigencias se añaden y no sustituyen a las del art. 22, por situarse en un nivel diferente y, en cualquier caso, no repercuten propiamente en el área del derecho a constituirlos sino que, como ha venido señalando la doctrina científica, están en función de los cometidos que los partidos están llamados a desempeñar institucionalmente. La creación de los partidos políticos no está pues sometida constitucionalmente a límites más estrictos que los de las demás asociaciones; antes bien, en la Constitución existe un cierto reforzamiento de garantías de los partidos, respecto a demás asociaciones, en cuanto que el artículo 6 señala y garantiza el ámbito de funciones institucionales que a aquéllos corresponden. De la lectura conjunta del art. 6 de la Constitución Española en conexión con el art. 22 de la misma, resulta una protección reforzada de la libertad de partidos políticos que debe entenderse afecta no sólo a la actividad de los mismos, sino a su propia creación.

Por tanto, debe quedar claro en un principio que la regulación en la que se encuentran enmarcados los partidos políticos es por un lado la Ley Orgánica de Partidos Políticos, como regulación propia y reforzada dado el importantísimo carácter que ostentan este tipo de asociaciones dentro de nuestro Estado de Derecho, y por otro lado la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, como de carácter básico de la regulación de los partidos políticos, que no queda sustituida por la Ley Orgánica de partidos políticos, sino que ésta última refuerza a las garantías que ofrece la primera, añadiéndole exigencias concretas que deben ostentar los partidos políticos respecto de las asociaciones en general.

Es por ello que en aquello en que no se ofrezca una precisa regulación en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, debemos acudir a la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, tal y como ocurre en el caso de las garantías jurisdiccionales, pues la regulación específica contenida en la Ley Orgánica de Partidos Políticos no ofrece una respuesta para tutelar los derechos de aquellos terceros al partido que ostenten un interés legítimo, en referencia a la vulneración de los principios por los que deben regirse estas asociaciones. Es la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, en sus artículos 37 a 41, la que regula y legitima a esta parte para poder actuar contra aquellos actos de los Partidos Políticos que contravengan lo impuesto por el Ordenamiento Jurídico español.

Así, y por ello, el artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación determina que “el orden jurisdiccional civil será competente, en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con las pretensiones derivadas del tráfico jurídico privado de las asociaciones, y de su funcionamiento interno”. Y por otro lado, el apartado 2 del mismo artículo 40, determina a legitimidad para acudir al orden jurisdiccional civil a aquellas personas que demuestren un interés legítimo cuando se hayan vulnerado el ordenamiento jurídico en las actuaciones llevadas a cabo por la asociación.

“Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier asociado o persona que acredite un interés legítimo, si los estimase contrarios al ordenamiento jurídico, por los trámites del juicio que corresponda”.

La doctrina jurisprudencial ha dejado claramente asentado que la existencia de un interés legítimo para poder ejercitar la acción sindical no significa que sea necesaria una relación completamente directa con el objeto del proceso, sino que es suficiente que el interés que se pretende salvaguardar tenga una relación indirecta y eventual en el resultado que se pretende alcanzar.

La relación que se ostenta con el objeto del presente proceso, esto es, el determinar si el funcionamiento y la estructura interna del Partido Socialista Obrero Español es o no conforme a los principios democráticos, con la acción sindical que esta parte ejercita, la cual, se basa, principalmente en la necesidad que aborda a todos los ciudadanos de poder contar con partidos políticos que estén constituidos conforme a los criterios democráticos exigidos por el artículo 6 de la Constitución Española, ya que el mencionado Partido Socialista es uno de los que ostenta una mayor fuerza política en el Estado español, y como viene sucediéndose desde la promulgación de la Constitución de 1978, conformará Gobierno en una legislatura u otra. De la representatividad del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso, hace que tenga actuación sobre las políticas, tanto económicas como sociales, que afectan de manera directa a toda la población activa –tanto empleados como empleadores- del Estado, y también de manera concreta, a los sindicatos, en el sentido en que el objeto de los mismos es la promoción y defensa de sus derechos e intereses económicos y sociales. Por ello la acción sindical no se relaciona únicamente con aquellos afiliados al sindicato, sino que se extiende sobre la totalidad de los intereses colectivos, y es en este sentido que esta parte pretende su ejercicio.

El interés es de otro lado indirecto, en tanto en cuanto de prosperar la acción, se estaría dotando al sistema político español de las necesarias garantías que prevé nuestra Constitución Española, que no son otras que la democracia que se exige en el seno de los partidos políticos, y en concreto del Partido Socialista Obrero Español, haciendo que de ese modo se evitase un perjuicio colectivo, puesto que las actuaciones llevadas a cabo por el mencionado partido –a través del poder legislativo, y más aún, si llegase a conformar Gobierno en las próximas elecciones- indicen de manera completamente directa en los Planes de Política Social, dentro de las cuales, y de manera notablemente importante, son aquellas destinadas a favorecer el empleo, se verían completamente afectadas de no encontrarnos en un sistema en el que la organización interna de los partidos políticos no se ajuste a criterios democráticos, sino simplemente a cúpulas de poder, que no garantizan en modo alguno la correcta adecuación de aquellos que se incardinan al mando.

Esta parte es conocedora de que no es necesario que el interés tenga que revestir un contenido exclusivamente patrimonial, pero también es necesario advertir la íntima relación que concurre entre la financiación de los sindicatos y los partidos políticos, en tanto en cuanto dicha financiación procede de fondos públicos, asignados por el Poder Legislativo en los Presupuestos Generales del Estado, y efectivamente la distribución de dichas partidas puede verse completamente alterada si la composición de los partidos políticos que lleguen a ostentar una amplia representatividad en el Congreso de los Diputados no se ajusta a criterios completamente democráticos, ya que de ese modo los dirigentes al mando podrían no ser aquellos que realmente deberían estar ahí conforme a la voluntad real de los votantes.

Es necesario, además, recordar la necesidad que hay en que los tribunales interpreten de manera razonable las cuestiones procesales, ya que quedan compelidos a ello en virtud del principio pro actione, pero esta interpretación no solo debe realizarse conforme a criterios de razonabilidad, sino que además es necesario que se haga de manera amplia y no restrictiva. De otro modo, en el caso que nos ocupa, la denegación o excesivo rigorismo en la interpretación de las normas de legitimidad activa, determinaría que se diesen resultados que resultarían a todas luces desproporcionados, entre los principios que esta parte pretende hacer preservar –que no son otros que los de democracia interna en el funcionamiento y estructura de los partidos políticos, con todo lo que ello comporta de manera directa e indirecta- y los principios de legitimación procesal. Así resulta esclarecedora la Sentencia 112/2004 del Tribunal Constitucional de 12 de julio (FJ 3º), que en el seno de un proceso en el que se dirime acerca de la legitimidad de un sindicato, determina la interpretación que debe darse a las normas procesales respecto de estos extremos:

“Por tanto, pese a tratarse como decimos de una cuestión de legalidad ordinaria, los órganos judiciales quedan compelidos a interpretar las normas procesales no sólo de manera razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio pro actione, con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón, se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del equilibrio entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso (por todas, SSTC 88/1997, de 5 de mayo [ RTC 1997, 88] , F. 2; 252/2000, de 30 de octubre [ RTC 2000, 252] , F. 2; 188/2003, de 27 de octubre [ RTC 2003, 188] , F. 4; y 3/2004, de 14 de enero [ RTC 2004, 3] , F. 3)”.

Además de todo lo expuesto, es interesante resaltar la labor de los que los Jueces y Tribunales tienen respecto de los justiciables conforme a los derechos especialmente recogidos en el Capítulo segundo del Título I de la CE (al quedar contenido el artículo 6 de la Constitución en el derecho fundamental del 22), y de la legitimidad que se otorga para hacerlos valer, no solo de manera individualizada, sino mediante corporaciones, asociaciones o grupos que resulten afectados, tal y como nos recuerda el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.

2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido.

3. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción”.

Que, a todo lo dicho, interesa únicamente precisar que esta parte no pretende actuar como defensor universal de la legalidad del Ordenamiento Jurídico, sino simplemente hacer valer el derecho subjetivo que ostenta para impugnar las actuaciones que se reputen contrarias a la Constitución y las leyes, conforme al interés legítimo que venimos ostentando y constatando.

REPRESENTACIÓN PROCESAL Y DEFENSA LETRADA

Que dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 23 y 31 de la Ley de enjuiciamiento Civil, esta parte comparece ante el presente procedimiento debidamente representada por Procurador y asistida mediante Letrado.

PROCEDIMIENTO

Que la acción ejercitada mediante el presente escrito, deberá sustanciarse por los cauces del Juicio Ordinario, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 apartado segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por tratarse del ejercicio de una acción de impugnación, cuyo interés económico de imposible cuantificación.

“Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo”.

VII

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, donde se regulan las acciones que competen en su resolución al orden jurisdiccional civil respecto de las actuaciones y acuerdos llevados a cabo en el seno de una Asociación, y por ende, de un Partido Político, se establece en los apartados segundo y tercero lo que a continuación se transcribe:

“2. Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier asociado o persona que acredite un interés legítimo, si los estimase contrarios al ordenamiento jurídico, por los trámites del juicio que corresponda.

3. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Interesa a esta parte hacer constar -por la controversia que se lleva suscitando respecto de las acciones transcritas de los párrafos anteriores- la diferenciación existente entre ambas y la que esta parte pretende con el presente escrito de demanda. La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia número 263/2009 de 12 de junio (confirmada por el Tribunal Supremo con la sentencia número 841/2001, de 14 de noviembre) en su fundamento jurídico cuarto establece que:

“En segundo lugar, debe decirse, que el art. 40.2º de la Ley de 22 de marzo de 2.002 reguladora del derecho de Asociación, a la que por imperativo de su Disposición Adicional Primera, estarán sujetas las asociaciones inscritas en el correspondiente Registro con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, dispone que ‘Los acuerdos y actuaciones de las asociaciones podrán ser impugnados por cualquier asociado o persona que acredite un interés legítimo, si los estimase contrarios al ordenamiento jurídico, por los trámites del juicio que corresponda’, y en su número 3º que ‘Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la asociación que estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil’.

Resulta evidente que el referido precepto, en sus dos apartados, hace referencia tanto a la acción de nulidad (apartado 2, cuando se trate de acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico) como a la de anulabilidad (apartado 3, cuando sean contrarios a los estatutos), pero no existe en esta Ley ninguna otra norma que haga referencia a la acción de nulidad de pleno derecho, de manera que conforme a la doctrina y a la jurisprudencial la nulidad de pleno derecho se produce solo cuando se produce una actuación contraria al ordenamiento jurídico, en especial, a las normas de ius cogens, de acuerdo con la interpretación tradicional del artículo 6.3 del Código Civil, mientras que la anulabilidad se prevé para el caso de incumplimiento de normas no imperativas o de las concretas previsiones estatutarias de sociedades o asociaciones. Por ello, mientras el número 2º del precitado artículo, no establece plazo alguno para su impugnación de los acuerdos nulos de pleno derecho, el número 3º sujeta al plazo de caducidad de cuarenta días desde su adopción el ejercicio de la acción de anulabilidad de los acuerdos (en este sentido la S.T.S. de 11 de julio de 2002). En todo caso, el dies a quo para el computo del plazo de impugnación de los acuerdos adoptados, sean estos nulos de pleno derecho (plazo imprescriptible) o simplemente anulables (cuarenta días) es el de la fecha de adopción de los mismos”.

Que esta parte, y como se desprende del encabezamiento de la presente demanda, se encuentra ejercitando acción de nulidad de pleno Derecho, contenida en el artículo 40.2 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, por estimar que son precisamente los Estatutos del Partido –y al mismo tiempo la normativa que los desarrolla- contrarios al Ordenamiento Jurídico, y de manera concreta conculcando la Constitución Española, la ley y la Normativa Europea que a lo largo del presente escrito venimos mencionando.

Es por tal motivo, que la acción pretendida queda encuadrada dentro del apartado segundo del artículo 40, determinándose por ello que la acción que esta parte ejercita no queda sometida a plazo de prescripción alguno, y todo ello conforme de la lectura del mencionado artículo y de la doctrina jurisprudencial mencionada al efecto.

Que a pesar de ser clara la normativa contenida en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, y de la jurisprudencia, esta parte no puede obviar la especial transcendencia que muestra un asunto como el que se ejercita con la pretendida acción. Que, empero lo dicho, hay que establecer taxativamente que la acción pretendida no únicamente se ejercita por ser los Estatutos –y normativa que los desarrolla- conculcadores del Ordenamiento Jurídico como tal, sino que los son, además, del orden público español y europeo, pues la democracia que debe imperar en la estructura y organización interna de los Partidos Políticos es cuestión tan transcendente e inspiradora de nuestra actual sociedad, que hace que se constituya como elemento de Orden Público. Y así lo ha determinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Caso Refah Partisi y otros contra Turquía (Sentencia de 31 julio 2001. TEDH 2001\496):

“La democracia representa, sin ninguna duda, un elemento fundamental del «orden público europeo» (Sentencia Loizidou antes citada, pg. 27 ap. 75).

Que, el Orden Público de un estado se configura como elemento esencial de su propia existencia, cultura, y momento en el que se encuentra su sociedad, y que, tal y como queda determinado por la jurisprudencia, no se pierde la condición de principio de Orden Público por el mero hecho de quedar positivado en una norma escrita. Que ese principio subsiste como Orden Público a pesar de tal inclusión en el Ordenamiento Jurídico de un Estado, como parte integrante de él. Y es por ese motivo, y por la indudable importancia de la que se predica un principio como la democracia de los partidos políticos en España y en la Unión Europea, que la impugnación de unos los Estatutos de un partido político que contravengan el Orden Público Nacional, no pueden quedar sometidos a plazo de prescripción alguno.

Y en orden a lo establecido en las líneas precedentes, esta parte ejercita la acción de nulidad reconocida en el artículo 40.2 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, no sometida a plazo de prescripción alguno tal como se desprende del precepto y de la jurisprudencia, por ser los Estatutos y la Normativa que los desarrolla del Partido Socialista Obrero Español contrarios, no solo al Ordenamiento Jurídico Español, sino al Europeo, y al mismo tiempo al Orden Público.

VIII

FONDO DEL ASUNTO

PRIMERO.- La imperativa democracia interna que debe proclamarse en los partidos políticos.

El hecho de que los partidos políticos hayan pasado a formar parte de la regulación constitucional, propugnándose, además, el pluralismo político como uno de los principios básicos en los que se sostiene el Estado de Derecho, hace que la relevancia de este tipo de “asociaciones” sea notoriamente importante. Es por ello también que, siendo España no solo un Estado de Derecho, sino además democrático, hace que la relevancia de la democracia interna de la que deben estar dotados los partidos políticos sea aún más, si cabe, imprescindible en aras de garantizar la democracia de facto a la que debe estar sujeta el Estado. Y esto es así por la evidencia que presenta el sistema de división de poderes, en el que el poder legislativo y el ejecutivo están integrados por los miembros de los partidos políticos, determinando por consiguiente que, si hay una merma en la democracia interna de los partidos, ésta se traslada de manera inevitable a la representación política intrínseca en ellos, y del mismo modo pone en peligro la correcta democracia del Estado.

En nuestra propia Constitución Española, dentro del Título Preliminar, se recoge en el artículo 6, aunque de manera breve, la enorme importancia que ostentan los partidos políticos dentro del Estado:

En un conglomerado rápido de palabras, el constituyente quiso dejar claras al menos las líneas básicas que debe reunir un partido político, y destacamos lo que dicho artículo 6 in fine determina, en la que su estructura interna y funcionamiento, deberán ser democráticos. Cuestión controvertida si se nos permite, por cuanto esa democracia a la que tienen que ajustarse los partidos políticos no debe ser solo de iure, sino también de facto. Y así lo determina también la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos de manera idéntica en sus artículos 6 y 7.

“Artículo 6. Principio democrático y de legalidad.

Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes”.

“Artículo 7. Organización y funcionamiento.

1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos.

2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, incluida su disolución.

3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto.

4. Los estatutos o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar para los órganos colegiados un plazo de convocatoria suficiente de las reuniones para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden del día, unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos. Esta última será, por regla general, la mayoría simple de presentes o representados.

5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos”.

No obstante aunque parece claro que los partidos políticos deben quedar imperativamente sujetos a los principios democráticos, la controversia se establece cuando efectivamente tratamos de determinar qué debemos entender por democracia en sentido estricto, y cuándo, por ello, nos desviamos de tal concepto. Podemos afirmar que, en los procesos más relevantes que se dilucidan dentro de la organización interna del Partido Socialista Obrero Español, se está perdiendo, estricto sensu, el carácter democrático del que debería estar dotado, traspasando la fina línea divisoria que nos conduce al campo de la oligarquía, en donde es la cúpula de poder la que realmente decide cómo debe ser el funcionamiento interno del partido, al mismo tiempo que obviamente, se determina por la voluntad de estos pocos, cuál es su estructura interna.

De manera particular, y tras una detallada lectura de los Estatutos del Partido Socialista Obrero Español, y su efectiva interrelación con la Normativa Reguladora de Estructura y Funcionamiento así como con la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, podemos determinar de manera rotunda que nos encontramos en un Estado donde la estructura interna del mencionado partido político evidencia la decadencia que está sufriendo el principio democrático. A pesar de que se afirme jurídicamente dicha democracia interna, el hecho es que la realidad es bien diversa, demostrando lo que afirmamos ya desde un inicio, que el funcionamiento y, por ende, la estructura del partido, está completamente monopolizada por unos pocos privilegiados. Estamos ante un partido político basado en la oligarquía, no en la democracia, tal y como procederemos a especificar y demostrar en las líneas venideras del presente escrito de demanda.

Que, es necesario por último dejar constancia que un estado democrático de Derecho, cuyo impulso político está encomendado precisamente a los Partidos Políticos, debe obedecer a que éstos sean constituidos por la voluntad de todos los electores, tanto de manera externa al partido como de manera interna dentro del mismo, donde en este último caso, la voluntad de todos los electores sería la voluntad de todos los militantes. Y esto es así en consonancia con el derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución Española, donde se consagra el derecho fundamental de sufragio tanto activo como pasivo.

“Artículo 23

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

Así, la Audiencia Provincial de las Islas Baleares en su sentencia 455/2006 de 9 de octubre, afirma respecto del contenido del mencionado artículo lo siguiente:

“El precepto transcrito consagra el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas, lo que evidencia a nuestro juicio que los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar -y no de ninguna organización como el partido político-, y que la permanencia de los representantes depende de la voluntad de los electores que la expresan a través de elecciones periódicas, como es propio de un Estado democrático de derecho, y no de la voluntad del partido político. En definitiva, y sin perjuicio de las incompatibilidades que pueda regular la Ley, el cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud del sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido”.

Interesa resaltar, además de la evidente conexión del artículo 23 de la Constitución con el principio de democracia interna en los Partidos Políticos del artículo 6 también de la Carta Magna, que efectivamente para que estemos en un Estado de democrático de Derecho es necesario que concurra la voluntad de los electores –expresada en las elecciones periódicas- a la hora de la elección de los representantes, no pudiendo imponerse la voluntad del partido político concreto. Y extrapolándose por ello al seno de la organización interna de un partido político, dentro del cual se debe predicar del mismo modo una organización y estructura democrática, será necesario que concurra la voluntad de todos los militantes a la hora de la elección de los candidatos, y no únicamente de la voluntad del Partido, que se correspondería con la voluntad de los más altos cargos dentro del mismo. Y de este mismo modo, afirma la propia Audiencia Provincial de las Islas Baleares, en la sentencia mencionada, que:

“Pero, sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que el derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos, que los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos, y que la permanencia en el cargo no puede depender de la voluntad de los partidos sino de la expresada por los electores a través del sufragio expresado en elecciones periódicas”.

SEGUNDO.- Criterios que determinantes para calificar un proceso como democrático.

Como bien ha apuntado esta parte en líneas superiores, el primer obstáculo que podríamos encontrar en delimitar el objeto de la presente demanda es determinar efectivamente que se entiende por democracia, y por ende, por qué esta parte entiende se han transgredido los principios Constitucionales y legales en los que se impone una democracia en la estructura y funcionamiento en el seno de los partidos políticos. Si tenemos norma que invocar para determinar que efectivamente la democracia se debe predicar en el interior de los partidos –tanto el artículo 6 de la Constitución Española, como los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, como venimos reiterando hasta el momento- sin embargo, no existe en nuestro ordenamiento norma alguna que determine, ni siquiera en líneas generales, qué se debe entender por democracia interna en el seno de los partidos políticos, o cuáles son los requisitos que deben proclamarse para entender que efectivamente se está cumpliendo con el imperativo constitucional del artículo 6.

Parece que el término democracia es un concepto que se encuentra intrínseco en nuestra mente, pero desde luego del que nadie determina ni su más somera regulación –o al menos los postulados básicos que deben darse para encontrarnos efectivamente ante una organización democrática-, pero lo que es más preocupante, nadie parece querer plantearse que efectivamente podemos estar ante una idea meramente formal de democracia, en la que aparece sobre el papel perfectamente postulada, pero que posteriormente en términos estrictos y tras su desarrollo, tiende a deteriorarse dando otras formas de organización que nada tienen que ver con los conceptos democráticos.

Esta parte no tiene el objetivo de parafrasear sobre asuntos que nos hagan parecer defensores universales del Derecho, sino simplemente, al carecer, como hemos dicho, de una regulación a la que sujetarnos para determinar si hay vulneración o no de la democracia en la estructura y funcionamiento interno de los partidos, es necesario que tomemos otros puntos de partida que deben ser en el presente caso tomados como perfectamente válidos a la hora de determinar lo que con el presente escrito se pretende impugnar.

Interesa, por ello, apoyarnos en el desarrollo de la presente demanda en aquellos conocidos autores que se han dedicado al estudio de las técnicas políticas, al estudio de la democracia y el resto de maneras de organización de los partidos políticos, como es el caso de Robert A. Dalh, que determina las líneas básicas que deben concurrir en una organización, para que los procedimientos en ella suscitados sean, efectivamente, democráticos (‘Democracy and its critis’, Yale University Press, 1989, página 109 y siguientes).

I. Es necesario, en primer término, una participación efectiva, entendida esta como “la adecuada oportunidad que deben tener los militantes del partido para expresar sus preferencias en cuanto a la consecución de las metas finales, y con igualdad de oportunidades entre ellos”, durante los procesos de elaboración de decisiones vinculantes. La igualdad de oportunidades, entiende esta parte, es elemento vital para que se pueda dar una verdadera participación efectiva dentro del seno del Partido Socialista Obrero Español, y que en consecuencia, se pueda predicar del mismo que es democrático. El que un militante del partido pueda expresar sus preferencias a la hora de elaborar las listas que se van a presentar para el sistema electoral del mismo, y que realmente su decisión pueda ser tomada en la misma consideración que la de otro militante que se encuentra en un órgano superior, sería un hecho que determinaría nos encontramos en el seno de una asociación democrática, y no como efectivamente ocurre, en la que las decisiones de los que se encuentran “por encima” en la estructura organizativa –en la Comisión Ejecutiva Federal- tienen un mayor valor que las decisiones de aquellos que se encuentran en planos inferiores –las de las Agrupaciones Locales -.

Y es que, “deben de tener una adecuada e igualitaria oportunidad para determinar las cuestiones del orden del día y para expresar las razones por las que refrendan una decisión y no otra”.

De la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, dada el 6 de marzo de 1995, sigue este mismo razonamiento, afirmando de manera rotunda que la libertad de autoorganización de la que disponen la asociaciones, se ve limitada en el marco de los Partidos Políticos, por ser imperativo constitucional la democracia interna respecto de los mismos, determinando que los derechos que ostentan los afiliados al partido son el límite a la libertad de autoorganización.

“La democracia interna se plasma, pues, en la exigencia de que los partidos políticos rijan su organización y su funcionamiento internos mediante reglas que permitan la participación de los afiliados en la gestión y control de los órganos de gobierno y, en suma, y esto es lo aquí relevante, mediante el reconocimiento de unos derechos y atribuciones a los afiliados en orden a conseguir esa participación en la formación de la voluntad del partido. Puede afirmarse, en conclusión, que, por lo que aquí interesa, la exigencia constitucional de organización y funcionamiento democráticos no sólo encierra una carga impuesta a los partidos, sino que al mismo tiempo se traduce en un derecho o un conjunto de derechos subjetivos y de facultades atribuidos a los afiliados respecto o frente al propio partido, tendentes a asegurar su participación en la toma de las decisiones y en el control del funcionamiento interno de los mismos.

A diferencia de lo que suele suceder en otros tipos de asociación, en el caso de los partidos políticos y dada su especial posición constitucional, ese derecho de autoorganización tiene un límite en el derecho de los propios afiliados a la participación en su organización y funcionamiento”.

¿Qué hay de mayor transcendencia dentro de un partido político que el poder participar en la elección de los dirigentes del mismo, tanto en su vertiente activa como en la pasiva? ¿No debería ser esta, pues, la “cuestión” que de manera más rotunda propugnase los principios democráticos internos? Pues bien, podemos afirmar taxativamente que esa adecuada e igualitaria oportunidad no se predica en los procedimientos electorales dentro del Partido Socialista Obrero Español, y aunque más adelante fundamentaremos esta afirmación, conviene advertir en estas líneas el por qué exactamente llegamos a ella.

El hecho de que, por un lado, en el seno del Partido Socialista Obrero Español el sistema de elección del candidato a la presidencia de la Nación tenga unas connotaciones aparentemente democráticas tras la mera lectura de su normativa interna, no hace que se traslade al plano práctico o de hecho la democracia que se predica, y ¿de qué puede servir propugnar unos principios y procedimientos aparentemente democráticos si posteriormente esa democracia no tiene consecuencia de facto? Necesario para evidenciar tal afirmación es tomar en cuenta la conjunta lectura del artículo 49 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos:

“Artículo 49. Propuesta de candidatos y candidatas. Podrán proponer candidato o candidata en el proceso de elección interno:

1. La Comisión Ejecutiva Federal, por mayoría.

2. El aval del Comité Federal.

3. El 10% de los militantes del Partido Socialista Obrero Español”.

Junto con la lectura de los artículos 5 y 39.l) de los Estatutos del partido, reguladores del sistema de elección de los órganos reseñados en el artículo anterior, y encargados de proponer el candidato a la presidencia de la Nación.

“Artículo 5. Los órganos de representación serán elegidos de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Elección de órganos ejecutivos:

a) Las Comisiones Ejecutivas Municipales y de Distrito serán elegidas por medio del sistema de voto mayoritario.

b) Las Comisiones Ejecutivas Provinciales, Insulares, Regionales o Nacionales y Federal serán elegidas por el siguiente sistema:

- Elección de la Comisión Ejecutiva del ámbito correspondiente: mediante el sistema mayoritario a propuesta del Secretario/a General electo.

2. Elección de delegados/as, participantes y comités:

Reiterado por nuestros tribunales queda el hecho de que el sentido democrático que se proclama en el artículo 1.2 de la constitución Española, mediante el cual se determina el principio de origen popular de los poderes públicos, hace que entienda y precise como imperiosamente necesario la expresión de la voluntad popular, y transpuesto al seno de un partido político, del que repetimos se debe proclamar igualmente democracia en su estructura interna, esa voluntad popular proviene de todos los militantes del partido. Así la Audiencia Provincial de las Islas Baleares en su sentencia 455/2006, de 9 de octubre, determina que:

“El sentido democrático que en nuestra CE (art. 1.2) reviste el principio del origen popular del poder obliga a entender que la titularidad de los cargos y oficios públicos sólo es legítima cuando puede ser referida, de manera mediata o inmediata, a un acto concreto de expresión de la voluntad popular. Es obvio, sin embargo, que pese a esta identidad de legitimación de todos los titulares de cargos y funciones públicas, sólo se denominan representantes aquellos cuya designación resulta directamente de la elección popular, esto es, aquellos cuya legitimación resulta inmediatamente de la elección de los ciudadanos.

La función del representante puede revestir, ciertamente, muy distintas formas y aunque en el entendimiento común y en la opción política de nuestra CE (art. 1.3 ) la idea de representación va unida a la de mandato libre, no es teóricamente inimaginable un sistema de democracia mediata o indirecta en la que los representantes estén vinculados al mandato imperativo de los representados. No es éste, sin embargo, el problema que aquí se nos plantea, pues en el presente caso no se discute la legitimidad o ilegitimidad constitucional de una norma que sujete los representantes al mandato de los representados de la forma que, con referencia a los miembros de las Cortes Generales prohíbe expresamente el art. 67.2 CE”.

Trae esta parte a colación el presente extracto, por la relación que se le otorga a la necesidad de que la elección de los candidatos y posteriores representantes del partido sea llevado a cabo por un acto concreto en el que interviene la voluntad de todos los militantes, y no únicamente sea expresión de la voluntad de los dirigentes del partido. El confeccionar unas listas cerradas, completas y bloqueadas que posteriormente serán votadas –por unos pocos, además- para la elección de los candidatos, hace que se cierre demasiado el círculo en el que se puede llevar a cabo la participación efectiva, pero se rompe completamente con el principio democrático en el mismo momento en que se la voluntad queda intervenida de manera arbitraria por los órganos superiores, sin tomar si quiera en consideración la voluntad de los órganos inferiores donde efectivamente se encuentran el gran volumen de militantes del partido.

Parece queda claro que, en primer término, la propuesta a la candidatura va directamente de la mano de dos órganos que se encuentran fuertemente centralizados, aunque realmente debería afirmarse que no depende de dos órganos, sino únicamente de uno de ellos. El que sea la Comisión Ejecutiva Federal el órgano el cual proponga a los candidatos a la presidencia de la Nación, y al mismo tiempo sea la misma Comisión Ejecutiva Federal la encargada de ‘proponer’ al Comité Federal al candidato, hace que realmente la propuesta establecida en los apartados 1 y 2 del artículo 49 supra transcrito, quede reducido únicamente a uno: la propuesta por la Comisión Ejecutiva Federal. Y para más inri de la cuestión, si se observa cómo ha sido elegida tal Comisión, se llega indudablemente a la convicción en la que la facultad tanto de elegir, como de ser elegidos, solo corre de la mano de unos pocos privilegiados dentro del seno del partido –pues la Comisión es elegida por el Secretario General, el cual, ha debido ser elegido tras presentar una candidatura con el 20% de los avales de los delegados del respectivo congreso, y de manera concatenada, estos delegados han sido elegidos en listas completas, cerradas y bloqueadas-.

Relativo a este extremo, y prueba evidente de la arbitrariedad con la que se pueden llegar a confeccionar las listas electorales dentro del partido, y la fuerte centralización que impera dentro del mismo, es el asunto relativo a la impugnación –precisamente- de una lista electoral del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Málaga, por considerar no se habían respetado los preceptos establecidos al efectos para la confección de tales listas en la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del partido. A pesar de no ser el mismo objeto del que trae causa el presente escrito de demanda –pues, en aquel caso la demandante entendía se habían vulnerado los Estatutos del partido, y en el presente caso son los Estatutos los propios vulneradores del Ordenamiento- interesa traer a colación ciertas afirmaciones contenidas en la parte dispositiva de la Sentencia 217/2012, de 26 de abril, dada por la Audiencia Provincial de Málaga, en tanto en cuanto prueban y demuestran las afirmaciones que venimos realizando los párrafos anteriores, dentro de su fundamento jurídico tercero:

“(…) pues una cosa es una "propuesta" de lista y otra distinta la lista de candidatos que se van a presentar a las elecciones, pues esta última designación, no depende, exclusivamente, de la voluntad de las Asambleas Locales, sino, como luego se verá, de las instancias superiores del partido (provinciales, regionales o federales)

(…)

Lo cierto es que la citada impugnación no ha impedido a los órganos competentes del Partido aprobar definitivamente una candidatura, pues, a la vista de lo dicho anteriormente, las Asambleas de las Agrupaciones Locales hacen propuestas de candidaturas, sin que exista norma alguna estatutaria que proclame la vinculación de los órganos provinciales y regionales con la elección llevada a cabo por las Agrupaciones Locales (…)

(…) pues lo que aquí se discute es si existe vinculación o no de los órganos superiores con el resultado de una votación sobre dos candidaturas presentadas en una Asamblea de una Agrupación Local, siendo así que, como ya se ha dicho, no aparece recogido en ningún artículo de la normativa reguladora la existencia de dicha vinculación, mientras que, por el contrario, sí que aparece clara la atribución a las Comisiones Provinciales y Regionales de la competencia para la aprobación definitiva de las candidaturas, de modo que, en principio, nada impediría que, mediante las "recomendaciones" a que alude el artículo 76 de la Normativa Reguladora, pueda la Comisión Ejecutiva Provincial proponer a la Comisión Provincial de Listas las consideraciones que estime oportunas sobre las circunstancias que concurran en las candidaturas propuestas por las Asambleas Locales”.

Es decir es obvio que, aunque efectivamente la sentencia fue desestimada para la parte apelante puesto que efectivamente la Normativa Reguladora había sido respetada en el proceso de confección de listas, este proceso de confección regulado en la Normativa Reguladora de Cargos Públicos no resulta en modo alguno sujeto a los principios democráticos, en tanto en cuanto no queda en ningún supuesto sujeto a vinculación alguna la propuesta de las listas entregadas por las Agrupaciones Locales del partido, donde efectivamente intervienen los militantes del mismo, respecto de los órganos superiores que tienen la facultad de aprobar las propuestas definitivas, pudiendo incluso cambiar y/o suprimir por completo unas listas por otras, como ocurrió en el caso enjuiciado en la Audiencia Provincial de Málaga, donde se suprimió la lista que había obtenido mayor número de votos en la Agrupación Local correspondiente, por la Comisión ejecutiva Provincial, cambiándola por otra lista completamente distinta.

Lo que pretende por ello esta parte evidenciar con tal extremo, es la absoluta intervención que hay dentro del partido a la hora de confeccionar las listas de candidatos dentro de las elecciones internas del partido, relegándose a un plano casi inexistente la democracia que debe predicarse, e imponiéndose un procedimiento de voluntad completamente oligarquizado por aquellos que tienen el control dentro del Partido Socialista Obrero Español.

Si esto no es una grave y más que patente restricción a los principios democráticos, en donde las decisiones electorales no se llevan a cabo por todos los integrantes del mismo, sino únicamente por aquellos que están en los cargos superiores, y de manera completamente centralizada, esta parte no sabe qué más conculcación a la democracia puede darse. Y de hecho, cabe advertir que el llevar a cabo una toma de decisiones como la que hemos descrito respecto del Partido Socialista Obrero Español, hace que nos encontremos en una oligarquía, y no en un sistema democrático, contraviniendo por ende los postulados Constitucionales.

II. Segundo de los factores que se consideran de extrema relevancia, y que Dahl efectivamente así reconoce en su obra, es la necesidad de que se esté ante la posibilidad de igualdad de voto en la etapa decisiva. “En las decisiones colectivas dentro de la etapa decisiva, cada militante tiene que tener asegurado una igualdad de oportunidad para expresar sus elecciones que deberán ser tomadas en igualdad de condiciones que la elección expresada por otro de los militantes, sin que una pueda tener más peso una que la otra. En la determinación de los resultados, esas elecciones, y solo esas, deben ser tenidas en cuenta”.

No obstante, el ‘criterio’ seguido por Dahl no determina como debe ser el método particular por el que se debe llegar a la votación o las elecciones, pero lo que sí se afirma, es que la igualdad de voto de los militantes significa que necesariamente se debe tener derecho a un voto igual en los distritos de igual número de votantes o residentes.

Efectivamente esta igualdad de voto puede llegar a considerarse cumplida en las Asambleas de las Agrupaciones Locales, que proponen listas abiertas de los candidatos, en las que incluso podrían llegar a participar de manera directa los militantes; sin embargo, esta igualdad de voto se ve truncada en el preciso momento en que comenzamos a ascender en los escalones jerárquicos, pues las Comisiones Ejecutivas Provinciales o el Comité Ejecutivo Regional, hacen una elaboración de la candidatura con las propuestas enviadas desde los municipios, de manera discrecional, haciendo que por tanto sus votos o particularidades para confeccionar la propuesta de la lista sean más valiosos que los que están en rango inferior a ellos. Y, además por si ya fuera poco, esa confección discrecional de las listas que hacen en las Comisiones Ejecutivas Provinciales, es de nuevo sometida a dos filtros ulteriores llevados a cabo por la Comisión Federal de Listas y el Comité Federal –aunque en realidad es como si de uno solo se tratase, pues este último designa a los integrantes del primero, con lo que la voluntad de uno es la que otro- ambos órganos superiores jerárquicamente. La aprobación de las listas definitivas, además, ya no será de manera abierta como se realiza en las Agrupaciones Locales, sino que se constituye una lista completa, cerrada y bloqueada. Todo este proceso de elaboración de las listas electorales conlleva una doble vertiente que determina que el voto carece de igualdad entre los miembros del partido: por un lado, en su vertiente activa, conlleva a que el voto de quiénes han elaborado la lista tenga mayor transcendencia, pues la voluntad real de elegir a unas u otras personas, es la que se determina finalmente por los miembros de los órganos superiores; y por el otro lado, en su vertiente pasiva, conlleva que no hay una verdadera y real opción de todos los militantes que deseen ejercer su derecho a proclamarse incluso dentro de las listas, pues realmente aquello que va a trascender es la mayor o menor cercanía que se promueva respecto de los miembros integrantes del Comité Federal o de la Comisión Federal de Listas.

Son demasiados filtros dentro del procedimiento, y muy pocas las voluntades – y además, voluntades muy condicionadas por los que ya están en la cúpula del partido- las que determinan en término final la lista electoral, desvirtuando por completo el principio democrático, y volviendo a posicionarnos de nuevo en el seno de un partido oligárquico.

Además de todo ello, conviene apuntalar de manera categórica que aunque el ‘criterio’ de Dahl no determine el procedimiento democrático a seguir en un sentido estricto -pues da las pautas o requisitos que debe cumplir para que efectivamente sea eso, democrático-, lo que sí afirma Dahl, es que “satisface en mucha mayor medida el criterio, para determinar que estamos ante un procedimiento democrático, que se tome una muestra seleccionada al azar de militantes para la toma de decisiones, antes que aquel procedimiento en el que un solo ciudadano tome las decisiones vinculantes para el resto”.

Es obvio lo que pretende decirse con esto: resulta mucho más democrático en sentido estricto el que las decisiones se tomen, incluso, por un grupo de personas seleccionadas de manera aleatoria, antes de que sean llevadas a cabo por una sola persona –o un grupo reducido, como es el caso del Comité Federal, en comparación con el volumen de militantes- en nombre del resto, tal y como sucede en la confección de las listas electorales, pues si bien en el primer eslabón de la pirámide jerárquica se participa de manera más abierta, ya pasando al segundo, se corta de raíz el proceso democrático, pues la confección de las listas se empieza a cerrar de manera discrecional por los miembros de la comisión ejecutiva -provincial y/o regional- pudiendo decirse que de ese modo se empieza a eliminar ya, en el segundo escalón del proceso de confección de las listas, el principio democrático que debe seguirse en el proceso.

III. No debe olvidarse que además, y como criterio algo ambiguo y de difícil formulación, los votantes tienen que tener una cierta y certera comprensión e ilustración sobre el significado y las finalidades que deben conseguirse, para poder de ese modo tomar la mejor elección posible. Es lo que Dahl determina como comprensión ilustrada, o toma de decisión comprendida.

No se puede decir que sea en sentido estricto un criterio más del ‘criterio’ general que conforma un proceso democrático, pero sí entenderse como intrínseco en él. Es obvio que no todos los votantes están igual de preparados o tienen los mismos conocimientos o aptitudes que otros, al igual que también lo es, el que no todos los posibles elegibles tienen las mismas aptitudes. Por ello Dahl determina que “cada ciudadano debe de tener una adecuada e igual oportunidad para descubrir y validar su elección, en la que debe decidir sobre la concreta materia, siendo esta elección la que servirá mejor a los intereses de la ciudadanía”. Y para ello, necesita el militante el entendimiento de los temas que requieren el interés general, conocer todos los aspectos relevantes que de estar en conocimiento de ellos, o de no estarlo, haría que cambiase de decisión a la hora de generar su voto. Todo ello es de vital importancia, desde luego, y reiteramos se debe entender intrínseco en un proceso democrático, pues, de no proveer a los votantes de la suficiente información y de la comprensión en las materias que requieren de su atención a la hora de votar, se estaría llegando a una “manipulación” de la voluntad de los votantes, y todo lo que conlleve manipular en algún tipo de sentido, hace que se desprenda el principio democrático del proceso sus sentidos, pues se consigue la voluntad de unos pocos, intentando dotarle de una legitimidad que en absoluto la tiene.

IV. Como corolario a los tres criterios anteriormente expuestos, a pesar de que todos ellos concurrieran en perfecta sintonía, no podríamos estar hablando de un proceso democrático sin que efectivamente hubiera un control por parte de los militantes de lo que podríamos llamar “agenda” u orden del día. Es decir, es necesario que haya un efectivo control de la agenda. Con esto nos referimos concretamente, “al efectivo control que deben tener los militantes de todas las materias que son objeto de gobierno, a la oportunidad que deben tener para decidir sobre todos los aspectos que deben ser decididos, que deben ser emplazados en el orden del día”.

Dahl ejemplifica, para ser lograr ser gráfico y comprender por qué motivo este aspecto es de suma importancia para poder hablar de un entorno democrático o no. Imaginemos pues, que un dirigente priva de autoridad a un parlamento para decidir sobre ciertas cuestiones del estado, como pueden ser la política militar y asuntos exteriores. Dicho ‘estado’ sería por tanto completamente democrático en cuanto a los aspectos internos del país se refiere, pero en aquello que tocase a aspectos de política exterior debería permanecer en silencio. Estaríamos ante un híbrido ciertamente extraño y que difícilmente podría casar en el concepto de democracia. Realizando una transposición al caso que nos ocupa en el presente escrito de demanda, es como si efectivamente los militantes de un partido tuvieren la capacidad de decidir sobre todos los aspectos de gobierno del mismo, con la excepción de cómo se van a proceder los sistemas electorales del partido y la normativa que los regula.

Es a lo que se determina como el control final sobre todos los asuntos que deben ser objeto de decisión, lo que todo el mundo conoce hoy en día como soberanía. No obstante, cabe añadir que efectivamente el criterio del control del orden del día no se rompe si efectivamente el pueblo no toma absolutamente todas las decisiones en absolutamente todas las materias, sino que decide tomar únicamente algunas decisiones ya hechas por haber delegado de una manera jerárquica la manera de proceder. Pero siempre debe recordarse el respectar la fina línea divisoria entre delegación del control, y la alienación de dicho control.

Esta parte es consciente de que, con total probabilidad, los criterios anteriormente expuestos están asumidos en la conciencia del Tribunal al que nos dirigimos, pero al mismo tiempo era necesaria su sistematización y comparación con los procedimientos internos dentro del seno del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, para de ese modo evidenciar que tales procesos no se encuentran en consonancia alguna con los principios democráticos, y que por ende y en consecuencia, se produce la vulneración del artículo 6 de la Constitución Española, así como de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

TERCERO.- De la democracia formal a la oligarquía de hecho en el seno del Partido Socialista Obrero Español.

Descritos los procedimientos electorales que se llevan a cabo en el seno del Partido Socialista Obrero Español –respecto de la confección de las listas electorales del primero, y la elecciones de los candidatos a Presidente del Gobierno de España- esta parte está en condiciones de afirmar que, actualmente nos encontramos ante un Partido Político cuyo funcionamiento y estructura interna se basa en principios oligárquicos y no democráticos.

Al igual que la mayor parte del sustento del presente escrito de demanda, no queda regulado en nuestro ordenamiento positivo qué ha de entenderse por oligarquía –como tampoco queda regulado, ni tan siquiera, los principios básicos por los que deben regirse los procesos democráticos- pero de nuevo son múltiples los importantes autores y pensadores que se han encargado de llevar a cabo el estudio de esta materia, y que nos ha permitido formarnos en nuestras mentes la idea de lo que se entiende en el presente por tal concepto de oligarquía.

Afirma Moisey Ostrogorski en su obra ‘Democracy and the Organization in the Political Parties’ (Macmillan and Company Limited, 1902, pg. 26) que “un sistema electoral muy desarrollado no es sino un homenaje puramente formal a la democracia”.

Interesa resaltar en primer término, ¿qué es sino el sistema electoral previsto en los Estatutos -y la normativa que los desarrollan- del Partido Socialista Obrero Español, sino un entramado de reglas que determinan un proceso de elaboración de listas complejo? El hecho de que se pretenda la intervención de tanto órganos internos para de ese modo tratar de evidenciar que se está pensando en un criterio garantistas y descentralizado, hace que solo lo sea sobre el papel –y ni siquiera- pues de la lectura y de la práctica de ese proceso se llega a la convicción efectiva de que se está ante un procedimiento de elaboración de listas electorales totalmente intervenido, en el que la voluntad de unos pocos prima de manera efectiva y real sobre la voluntad de todos. Y esto es así, en tanto en cuanto, como hemos apuntado en el apartado anterior, se está ante un proceso en el que es el Comité Federal, junto con la Comisión Federal de Listas –elegido por aquel- los que finalmente determinan la lista electoral que va a presentarse a los diferentes órganos de representación popular (Cortes Generales, Parlamento Europeo, Asambleas de las Comunidades Autónomas) son listas que han sido realmente confeccionadas por la cúpula del poder del partido, siguiendo los caracteres de un sistema oligárquico, y no por la voluntad de todos los miembros del mismo, como exige el principio de democracia.

Esto hace que –como bien vislumbra Ostrogorski- se caiga en una paradoja democrática, en la que quienes tienen que llevar de manera efectiva a buen puerto la democracia que se predica en España, son en sí mismos, completamente antidemocráticos. Y que esto es así es más que evidente pues, son los partidos políticos a quiénes se les encomienda la acción política, la cual se va a ver manifestada posteriormente en las actuaciones de gobierno y legislativas llevadas a cabo por los poderes del Estado.

Parece entenderse en muchas ocasiones que a más derechos de elección se otorguen a los militantes del partido, más se termina alienando el principio democrático, pues en puridad quiénes posteriormente toman las decisiones de cierta entidad e importancia son solo aquellos que se encuentran en el poder. No se puede entender si no de otro modo el entramado normativo que está formulado en el seno del Partido Socialista Obrero Español, en el que para la confección de las listas electorales, como hemos apuntado, intervienen multitud de órganos del propio partido, creando esa falsa apariencia en la que realmente parece que todos son partícipes en la toma de decisión, cuando luego se evidencia que son únicamente aquellos que se encuentran mejor posicionados los que van a ver plasmada su voluntad. Estamos por ello ante una fuerza política -siendo una de las dos con más representación en el Estado desde la promulgación de la Constitución- que promueve, respecto de su estructura y funcionamiento interno, una democracia puramente formalista en el más estricto de los sentidos, pero en una oligarquía de hecho en el mismo sentido.

En este sentido, tanto Ostrogorski como el sociólogo alemán Robert Michels (‘Los Partidos Políticos’, Amorrortu, 2010), destacan una situación que evidencia perfectamente el por qué los principios democráticos a los que deben estar sometidos los partidos políticos, están completamente desvirtuados en cuanto al Partido Socialista Obrero Español, dándose perfecto cumplimiento a lo que venimos afirmando –de manera concreta- en los dos párrafos anteriores. Cuando hablamos de democracia en el sentido de la participación ciudadana en los asuntos públicos, y en el sentido de democracia del Estado, estamos hablando de una democracia que es en cierto modo distinta a la que nos encontramos si nos trasladamos a la esfera de los partidos políticos, pues, estos últimos son una organización, y con el avance de la organización la democracia tiende a declinar. El simple hecho de que aumenten los poderes de los líderes de la cúpula del Partido Socialista, hace que de manera proporcional decrezca el grado de democracia interna en el seno del partido, en tanto en cuanto es imposible conciliar un concepto con el otro –poder y democracia- tendiendo siempre el primero a posicionarse de manera superior sobre el otro. La burocracia tiene tal efecto, y a pesar de todo, el Partido Socialista Obrero Español es una organización enteramente burocrática. No de otro modo podríamos encontrar como potestad atribuida a la Comisión Ejecutiva Federal la posibilidad de suspender y dejar sin efecto cualquier resolución de los órganos del partido, tal y como se regula en el artículo 19 de los Estatutos:

“Artículo 19.

1. Cualquier actuación de los órganos que integran el Partido que resultase contraria a lo establecido en estos Estatutos, a las resoluciones del Comité Federal o de la Comisión Ejecutiva Federal podrá ser suspendida y dejada sin efecto por decisión de la Comisión Ejecutiva Federal.

2. Cuando la situación orgánica o política de un determinado ámbito del Partido lo aconseje, la Comisión Ejecutiva Federal podrá adoptar las medidas que estime necesarias a fin de restaurar la normalidad. La Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento General del Partido regulará los supuestos y procedimientos a seguir en estos casos”.

Amplio poder de decisión que se le otorga al órgano con mayores facultades dentro del partido, cosa que evidencia la fuerte centralización del partido y la burocratización del mismo.

CUARTO.- La necesidad de democracia interna de los Partidos Políticos en el Marco Normativo Europeo.

Vistos los artículos 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea, donde se establecen los principios democráticos en los que se basa la Unión Europea y de manera especial los partidos políticos; visto el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el que se determina la necesidad de que se lleve a cabo la aprobación de un Reglamento que regule las normas relativas al estatuto de los partidos políticos europeos y su financiación, se aprueba el Reglamento (CE) 2004/2003 del Parlamento Europeo y el Consejo [modificado por el Reglamento 1524/2007].

De la lectura de los preceptos del Tratado de la Unión Europea mencionados, en particular del 10, se desprende que el funcionamiento de la Unión Europea se basa en la democracia representativa –apartado primero-, y al mismo tiempo que todos los ciudadanos de la Unión tiene el derecho a participar en la vida democrática de la misma –apartado tercero-, siendo los partidos políticos, en escala europea, los que contribuyan a formar la conciencia política europea y a expresar tal voluntad de los ciudadanos de la Unión –apartado cuarto-.

Asimismo, de la lectura de los considerandos del Reglamento (CE) 2004/2003 de los partidos políticos europeos se desprende la voluntad del legislador europeo, y de las notas características a la que desea dotar a los partidos políticos europeos, siendo necesario precisar que todas las consideraciones en las que se basa para la promulgación del Reglamento están –como todas las normas de la Unión- tomadas a partir de los modelos preestablecidos por los Estados Miembros, entre ellos el de democracia, de lo que debe predicarse todo Estado Miembro para poder ser parte de la Unión.

Los considerandos referidos, en concreto el tercero y cuarto, determinan que un partido político a escala europea estará integrado, bien por ciudadanos de la Unión reunidos en forma de partido político, bien por partidos políticos que constituyan una coalición entre ellos, y establece como requisito ineludible la necesidad de que tales partidos respeten los principios en los que se basa la Unión Europea.

“3) La práctica indica que un partido político a escala europea tendrá como miembros bien a ciudadanos reunidos en forma de partido político, o bien a partidos políticos que constituyan una coalición entre ellos. Por ello, conviene precisar las nociones de «partido político» y de «coalición de partidos políticos» que se utilizarán a efectos del presente Reglamento.

4) Para poder determinar qué es un «partido político a escala europea», es importante establecer determinadas condiciones. En particular, es necesario que los partidos políticos a escala europea respeten los principios en que se basa la Unión Europea, que se recogen en los Tratados y que han sido reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

El mencionado Reglamento (CE) 2004/2003 taxativamente preceptúa tales condiciones en su artículo 3 de la manera en la que sigue:

“1. Un partido político a escala europea deberá cumplir las condiciones siguientes:

a) tener personalidad jurídica en el Estado miembro donde esté localizada su sede;

b) estar representado, en al menos la cuarta parte de los Estados miembros, por miembros del Parlamento Europeo o en los parlamentos nacionales o regionales, o en las asambleas regionales, o bien haber obtenido, en al menos la cuarta parte de los Estados miembros, al menos el tres por ciento de los votos emitidos en cada uno de dichos Estados en las últimas elecciones al Parlamento Europeo;

c) respetar, en particular en su programa y en sus actividades, los principios en los que se basa la Unión Europea: la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho;

d) haber participado en las elecciones al Parlamento Europeo o haber manifestado su intención de hacerlo.

2. Una fundación política a escala europea deberá cumplir las condiciones siguientes:

a) estar afiliada a uno de los partidos políticos a escala europea reconocidos con arreglo al apartado 1, según lo certificado por este último;

b) tener personalidad jurídica en el Estado miembro donde esté localizada su sede. Esta personalidad jurídica será distinta de la del partido político a escala europea al que la fundación esté afiliada;

c) respetar, en particular en su programa y sus actividades, los principios en los que se basa la Unión

Europea, a saber los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales así como del Estado de Derecho;

d) no promover fines lucrativos;

e) tener un órgano de gobierno de composición geográficamente equilibrada.

3. En el marco del presente Reglamento, competerá a cada partido político y fundación a escala europea definir las modalidades específicas de su relación, de conformidad con la legislación nacional, con inclusión de un nivel adecuado de separación entre la gestión diaria y los órganos de gobierno de la fundación política a escala europea, por una parte, y del partido político a escala europea al que la fundación esté afiliada, por otra”.

De la lectura de tal precepto se determina, por consiguiente, la necesidad que estriba en que los partidos políticos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional de cada Estado Miembro, respeten los principios de democracia que se exigen, pues no de otro modo se podría entender el hecho de que se impere la democracia en el seno de los partidos políticos europeos, y remita a la legislación nacional de cada Estado Miembro, si no se entendiera que es estrictamente necesario que se ajusten a los principios democráticos. Todo ello sin olvidar que, además, los Reglamentos Europeos son legislación directa interna de cada Estado Miembro –concretamente de España en virtud del artículo 96 de la Constitución- siendo jerárquicamente superiores a las leyes nacionales españolas.

Y es de hacer notar la importancia de este principio, en tanto en cuanto de la lectura del artículo 5 del mencionado Reglamento (CE) se desprende la necesaria verificación por parte del Parlamento Europeo de que efectivamente se están cumpliendo los requisitos de democracia de los partidos políticos, exigidos por la normativa comunitaria. Así reza el artículo 5.2 del Reglamento (CE) 2004/2003:

“Por lo que respecta a la condición establecida en la letra c) del artículo 3, el Parlamento Europeo verificará, por mayoría de sus miembros, y a petición de una cuarta parte de los mismos que representen, como mínimo, a tres grupos políticos del Parlamento Europeo, que un determinado partido político a escala europea sigue cumpliendo dicha condición”.

Añadido a lo anteriormente expuesto, es preciso hacer constar que la preocupación que demuestra esta parte por desear se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Española –y correlativamente, a lo contenido en los preceptos comunitarios anteriormente expuestos- no es única y exclusiva, puesto que el propio Parlamento Europeo, mediante la Resolución de 6 de abril de 2011, sobre la Aplicación del Reglamento (CE) 2204/2003 relativo al Estatuto y Financiación de los Partidos Políticos Europeos, expone la necesidad de que se lleven a cabo medidas y regulaciones que, entre otros extremos, den cumplimiento al meritado Reglamento, haciendo especial hincapié en las cuestiones que a continuación se exponen:

“El nuevo entorno político

1. Señala que los partidos políticos y las fundaciones políticas vinculadas a ellos son instrumentos esenciales de una democracia parlamentaria: piden cuentas a los diputados, ayudan a dar forma a la voluntad política de los ciudadanos, elaboran programas políticos, forman y seleccionan candidatos, mantienen un diálogo con los ciudadanos y les permiten expresar sus opiniones;

2. Destaca que el Tratado de Lisboa establece este papel de los partidos políticos y de sus fundaciones con vistas a la creación de una «polis europea», un «espacio político» a escala de la UE y una «democracia europea», entre los cuales la Iniciativa Ciudadana Europea es un elemento constitutivo fundamental;

3. Observa que los partidos políticos europeos, en su situación actual, no están en condiciones de desempeñar plenamente esta función porque sólo son organizaciones que agrupan a los partidos nacionales y no están directamente en contacto con el electorado de los Estados miembros;

4. Acoge con satisfacción, no obstante, que los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas se hayan convertido en actores indispensables de la vida política de la Unión Europea, en particular al dar forma y voz a las respectivas posiciones de las distintas «familias políticas»;

5. Hace hincapié en la necesidad de que todos los partidos políticos europeos cumplan con los más altos estándares de democracia interna (en cuanto a la elección democrática de los órganos del partido y un proceso democrático de toma de decisiones, incluso para la selección de candidatos);

(…)”.

De la lectura del tercer y quinto considerando se demuestra la necesidad de que, para que los partidos políticos, efectivamente, puedan llevar a cabo sus funciones, es necesario se doten de mecanismos que cumplan con los “más altos estándares de democracia interna”, relativo específicamente a la elección democrática de sus órganos y a un proceso democrático en la toma de decisiones, incluso para la selección de candidatos.

Es por este motivo, la necesidad de democracia interna no solo debe quedar contemplada en el plano Europeo, sino que se predica del mismo modo en el seno de los Estados Miembros de la Unión, y por lo que, respecto de los Partidos Políticos en España, se precisa de unos estándares máximos de democracia interna a la hora de su estructura y funcionamiento, incluso para seleccionar los candidatos dentro del mismo. Se puede concluir por ello, que la necesidad que predica el artículo 6 de la Constitución Española, reproducida en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, se ve reforzada por las disposiciones de la Unión Europea, que además precisa que los mecanismos a seguir deben cumplir con los “más alto estándares de democracia interna” incluso para la selección de los candidatos.

QUINTO.- La democracia como principio inspirador de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Unión Europea.

En último término, y no por ello menos importante, es preciso recordar el marco contenido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, promulgado en Roma en 1950, respecto de la democracia que debe primar en los ordenamientos jurídicos como sustento principal de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. Que del propio preámbulo de mencionado Convenio, se extrae lo siguiente:

“(…) Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos de los cuales dependen”.

Y es que, tal democracia política se predica, no solo como principio inspirador, sino como elemento de orden público y de ese modo ha quedado taxativamente afirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un gran número de sus sentencias, dando forma al contenido genérico que se predica en el artículo 11 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, que reza lo que a continuación se transcribe:

“ARTÍCULO 11 Libertad de reunión y de asociación

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.

2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado”.

Así, en el caso Partido Comunista Unificado de Turquía contra Turquía (Sentencia de 30 enero TEDH 1998\1, apartado 45), el Tribunal Europeo determinó los siguientes extremos respecto de la libertad de asociación contenida en el transcrito artículo 11, y más concretamente respecto de los partidos políticos:

“La democracia representa, sin ninguna duda, un elemento fundamental del «orden público europeo» (Sentencia Loizidou antes citada, pg. 27 ap. 75).

Esto se deduce, en primer lugar, del preámbulo al Convenio, que establece un vínculo muy claro entre el Convenio y la democracia declarando que la salvaguarda y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reposan en un régimen político verdaderamente democrático por una parte, y sobre una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos por otra (Sentencia Klass y otros antes citada, pg. 28 ap. 59) ( TEDH 1978\1). El mismo preámbulo enuncia seguidamente que los Estados europeos tienen en común un patrimonio de ideales y de tradiciones políticas, de respeto de la libertad y de preeminencia del derecho. El Tribunal ha visto en este patrimonio común los valores subyacentes al Convenio (Sentencia Soering contra Reino Unido, de 7 de julio de 1989, ( TEDH 1989\2) serie A núm. 161, pg. 35 ap. 88); en muchas ocasiones, el Tribunal ha recordado que estaba destinado a salvaguardar y promover los ideales y valores de una sociedad democrática (Sentencias Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen contra Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976, serie A núm. 23, pg. 27-53 y Soering, antes citada, pg. 34 ap. 87).

Además, los artículos 8, 9, 10 y 11 del Convenio requieren que se aprecien las injerencias en el ejercicio de los derechos que ellos consagran en la medida en que es «necesario en una sociedad democrática». El único tipo de necesidad capaz de justificar una injerencia en uno de esos derechos es por lo tanto aquella que puede reclamarse de la «sociedad democrática». La democracia aparece así como el único modelo político contemplado por el Convenio y, por lo tanto, el único compatible con ella.

Por su parte, el Tribunal reconoció una cierta cantidad de disposiciones del Convenio como características de la sociedad democrática. Así, consideró, ya en su primera sentencia, que en toda «sociedad democrática en el sentido del preámbulo y de las otras disposiciones del Convenio», el procedimiento ante un órgano judicial debía tener un carácter contradictorio y público y que este principio fundamental se encontraba consagrado en el artículo 6 del Convenio (Sentencia Lawless contra Irlanda, del 14 noviembre 1960 (excepciones preliminares y cuestiones de procedimiento), serie A núm. 1, pg. 13). En un campo más próximo al que se trata en este caso, el Tribunal ha recordado en numerosas ocasiones, por ejemplo, que la libertad de expresión constituía uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada uno (ver, entre otras, la Sentencia Vogt antes citada, pg. 25 ap. 52), mientras que en su Sentencia Mathieu-Mohin y Clerfayt, antes citada, señalaba la importancia capital del artículo 3 del Protocolo núm. 1, al consagrar esta disposición un principio característico de un régimen político verdaderamente democrático (pg. 22-47)”

De este modo es necesario ahondar, y reiterar de nuevo, y sin descanso, en la estricta necesidad de que el Partido Socialista Obrero Español se ajuste a los postulados democráticos que le es exigido y que, efectivamente, ha quedado demostrado no está sujeto, en tanto en cuanto su estructura ya no se basa de manera alguna en la democracia sino en la oligarquía, tomando las decisiones los altos cargos del partido.

SEXTO.- Del vicio de nulidad de pleno Derecho de determinados artículos de los Estatutos y Normativa Reguladora que los desarrolla, del PSOE, y la absoluta necesidad de que se adapte su funcionamiento y estructura interna a los criterios democráticos imperados por la Constitución Española.

Por todo lo anteriormente reseñado, afirma esta parte que una de las dos fuerzas políticas de nuestro Estado, encargada de dar el impulso a los poderes Ejecutivo –en su caso- y Legislativo, no predican de los imperativos Constitucionales que les son exigidos, como lo es la necesidad de que su estructura y funcionamiento interno se sujeten a principios democráticos.

Que no pretende esta parte tachar al sistema de organización oligárquico como un sistema que no se encuentra amparado por la Ley, sino que por el contrario, no puede quedar amparada dicha manera de organización en el seno del Partido socialista Obrero Español, pues conculca de lleno la democracia interna que se le exige constitucionalmente. Son sistemas organizativos que en modo alguno pueden conciliarse el uno sobre el otro.

La tendencia que se está llevando a cabo burocratizando, y por ende oligarquizando, la estructura y funcionamiento del Partido Socialista Obrero Español, hacen que las políticas que debe desarrollar tal partidos resulten desvirtuadas en su entero contexto, o que sean llevadas a cabo sin la suficiente profesionalidad, y todo ello por permitir aplicar la voluntad de unos pocos y no la de todos los miembros del partido a la hora de elegir a aquellos que consideren más cualificados para el puesto acorde a sus corrientes políticas, y no por el contrario que resulten elegidos los que más afinidad tengan con los miembros de la cúpula del partido.

Por los motivos que se aducen hasta el momento por esta parte, es preceptivo determinar las concretas disposiciones que se contienen en los Estatutos del PSOE, y la Normativa Reguladora que los desarrollan, que incurren en vicio de nulidad de pleno Derecho, siendo al efecto las siguientes:

El artículo 5 de los Estatutos, regulador del procedimiento de elección de los órganos del partido.

- Concretamente incurre en vicio de nulidad de pleno derecho el apartado1.b) por ser preceptivo para la presentación de las candidaturas contar con el aval del 20% de los Delegados del Congreso.

- Asimismo, y en relación con el anterior, el apartado 2.a) que determina que la elección de los Delegados será efectuada en listas completas, cerradas y bloqueadas. Se consigue con esto el efecto de centralizar en su máximo nivel la elección de los candidatos, debiendo por ello, y al menos, otorgarse la capacidad a la militancia de elegir a los Delegados en listas abiertas para de ese modo conseguir una efectiva democracia interna.

- Y como corolario, el apartado 2.c), que estipula que en el caso de que existan más de dos listas como más votadas (esto es, tres o más), a pesar de que la más votada no consiga mayoría, se le otorgará como representación dicha mayoría. Esto hace que se desvirtúe enteramente el principio de proporcionalidad democrática, otorgándose una mayoría no conseguida de la mitad más uno a la lista que sencillamente haya obtenido más votos, en detrimento de las restantes listas. Debiera por tanto ser un reparto proporcional de los votos conseguidos al otorgar la representación de cada lista.

Los artículos 49, 51 y 54 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, regulador de la proposición de candidaturas a la presidencia del Gobierno de la Nación, a las presidencias Autonómicas, y a las Alcaldías Municipales, respectivamente.

- Específicamente el artículo 49 en su apartado 3, que limita la presentación de candidaturas a la necesidad de conseguir un previo aval del 10% de los militantes del partido, connotación que evidencia la indudable necesidad de establecer contactos dentro del partido para poder tener una real y efectiva oportunidad de siquiera optar a presentar candidaturas en el proceso de elecciones internas.

- Asimismo el artículo 51 en su apartado 3, por requerir del mismo modo reseñado en el punto anterior, un aval mínimo del 15% de los militantes del partido en ámbito federal para poder presentar de manera efectiva candidatura a la presidencia autonómica.

- Y en consonancia con lo anterior, el artículo 54 también en su apartado 3, al establecer la necesidad de aval del 20% de los militantes del partido dentro del municipio para la presentación de candidaturas a la alcaldía.

El artículo 59 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, que regula la aprobación definitiva de las listas a las Cortes Generales.

- Concretamente, el párrafo segundo, que otorga la potestad discrecional a la Comisión Federal de Listas para incluir candidatos no propuestos por las Agrupaciones Locales, permitiendo de este modo la inclusión de candidatos que no quieran ser tomados en cuenta por los militantes del partido pero que estén en la cúpula de poder del mismo. Del mismo modo, considera esta parte que esta facultad se extiende a la remoción de las propuestas enviadas por los órganos inferiores, pudiendo ser sustituidas libremente por otras, y todo ello en virtud de lo determinado en los artículos 75 y 76 de la misma normativa (que a continuación reseñamos) y que se extiende a más que meras recomendaciones.

El artículo 62 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, donde se establece la elaboración de listas para las Elecciones Europeas.

- El artículo en su entero contexto, por otorgar la facultad de manera única y exclusiva en la elaboración de la lista al Comisión Federal de Listas, sin posibilidad alguna de participación por parte de los militantes del partido.

El artículo 70 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, regulador de la propuesta de listas a las candidaturas municipales.

- Donde se establece en su apartado 3 la necesidad de reunir un aval 20% de la militancia para presentar la propuesta de lista.

Los artículos 75 y 76 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, donde se determinan los órganos competentes para aprobar las candidaturas en los municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, y en los municipios de 20.000 a 50.000 habitantes excluidas las capitales de provincia (respectivamente).

- De manera concreta en el artículo 75 en sus apartados 1, 2 y 3, y por otro lado el artículo 76 en sus apartados 1 y 2, respecto de la facultad que se les otorga a tales órganos de realizar (citamos textualmente) “las recomendaciones que estime pertinentes”, habiendo quedado evidenciado por la Sentencia 217/2012, de 26 de abril, dada por la Audiencia Provincial de Málaga que estas recomendaciones van más allá de las propuestas emitidas por las agrupaciones locales, pudiendo eliminar radicalmente una lista propuesta y quedar sustituida completamente por otra, e incluso aunque fuese la más votada. Denota esta facultad la completa oligarquía y por ende arbitrariedad del Partido a la hora de la proposición de las listas, sin que haya por tanto una efectiva participación de la militancia, que es meramente teórica y sobre el papel.

VIII

EPILOGO

Hasta hace unos años, siempre hemos adjetivado a nuestra democracia como “joven”, sin duda, cualquier persona con 36 años de edad, podría ya ser calificado como “maduro”, adjetivo que implica estar en plenas facultades y con la suficiente vida recorrida como para conocer sus fortalezas y debilidades.

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la necesidad de una Segunda Transición, sin duda, creemos que nuestra Única Transición creo el actual espacio de convivencia donde todos cabemos, y por tanto, nuestra democracia es una edificio con una estructura adecuada para aquellos que los habitamos.

Sin embargo, el paso del tiempo, que ha supuesto un crecimiento en valores democráticos para la ciudadanía española, hace que está ahora sea más exigente con el sistema, pretendiendo, reclamando y exigiendo que el sistema responda a sus necesidades. Merece la pena recordar por un momento el famoso eslogan “No taxation without representation” que acuñaron los rebeldes americanos en su revolución (1765–1783) contra el Imperio Británico; pues bien, la representación ciudadana, hoy en día, no se puede circunscribir exclusivamente al hecho de acudir en cada convocatoria electoral a depositar el voto en una urna para elegir a unos desconocidos candidatos de una lista cerrada. Candidatos que decidirán sobre multitud de cuestiones transcendentales, pero en ningún caso el ciudadano puede ayudar a configurar la lista cerrada de esa fuerza política, ya que cuando en el seno de cada partido existe una voz discordante, que no minoritaria, con el politburó que gobierna el partido, al final los estatutos de cada fuerza actúan como una fuerza invisible, pero presente que apaga cualquier intento de democracia interna.

Sin participación ciudadana en la vida política, estamos condenados a ser una democracia de “segunda categoría”, estamos condenados a que otros nos tutelen y decidan qué es mejor para nosotros, a través aquellos vasallos que no tiene más mérito o demerito que aplaudir hasta la extenuación a su líder, al estilo de la democracia orgánica de Corea del Norte. Por esta vía, mal nos ira a todos, y algún día, más bien pronto que tarde, despertaremos de esta “eterna minoría de edad” a la que muchos quieren condenar a la ciudanía española.

Una democracia de calidad es aquella en la que todos somos parte del sistema, porque todos creamos y articulamos el sistema, acudir a votar en cada proceso electoral hoy parece una actuación ciudadana extraordinaria, pareciera que ese día los políticos nos llaman para legitimar su “casta”, cuando en verdad, votar debiera ser percibido por los ciudadanos como algo habitual, ya que depositar el voto tendría que ser la continuación de una actividad público-política de cada aspirante a ocupar un cargo público de cara a cara a su electores, en su distrito, en su barrio, en su comunidad, y sin la imposición que el aparato del partido nos impone, ya que sin la fiscalización basada en la meritocracia y ejercida por cada ciudadano, al final siempre tendremos desconocidos e incompetentes presentantes en nuestras instituciones, y todo ello por falta de democracia interna en cada partido político.

COSTAS

Que se condene a la parte demandada al pago de las costas que se causen en el presente procedimiento, en virtud de lo establecido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y es por todo lo anteriormente expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO:

Que se tenga por presentado este escrito de DEMANDA DE PROCEDIMIENTO DE JUICIO ORDINARIO junto con sus copias y documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, y teniendo por instado el procedimiento se proceda a DECLARAR LA NULIDAD DE PLENO DERECHO del artículo 5 de los Estatutos, así como de los artículos 49, 51, 54, 59, 62, 70, 75 y 76 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos todos del Partido Socialista Obrero Español, por contravenir lo dispuesto en el artículo 6 en relación con los artículos 22 y 23 de la Constitución Española, así como de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y añadido a ello por contravenir los imperativos Europeos contenidos en los artículos 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 11 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos de 1950 hecho en Roma.

Que, del mismo modo, CONDENE AL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL A MODIFICAR LOS ARTICULOS IMPUGNADOS de los Estatutos y de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del Partido Socialista Obrero Español, así como de las restantes normativas reguladoras del partido por ser contrarios a Derecho, en un plazo de 30 días, para que se adapten a los imperativos del ordenamiento jurídico, tanto de hecho como de derecho.

Que, para dotar de garantía tanto para con los miembros del partido como para las relaciones con terceros, se proceda a la INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PARTIDOS POLÍTICOS la resolución que recaiga en la presente litis, así como de la modificación que se debiera llevar a cabo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación en relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Todo ello con expresa condena en costas del demandado.

Por ser de Justicia que, respetuosamente, solicito en Madrid 20 marzo de 2.014.

PRIMER OTROSÍ DIGO, que atendiendo a lo preceptuado en el Título VI del Libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, solicitamos de este Tribunal se adopten MEDIDAS CAUTELARES a tenor de lo dispuesto en el artículo 721.1 de la mencionada Ley, que reza lo que sigue:

“Bajo su responsabilidad, todo actor, principal o reconvencional, podrá solicitar del tribunal, conforme a lo dispuesto en este Título, la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare”.

I) Que, considerando necesarias para la efectividad de la tutela de los derechos que asisten a mi mandante, solicitamos SUSPENDA CAUTELARMENTE DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS CANDIDATOS PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EUROPEAS DE 2014, por el Partido Socialista Obrero Español, y todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 727.11º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone cuanto sigue:

“Aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio”.

II) Que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de la medida cautelar solicitada atiende a la necesidad de hacer efectiva la posible sentencia estimatoria de la tutela judicial que se solicita con el presente escrito de demanda, y atiende a los postulados básicos de que no se lleven a cabo más actos que sean contrarios al Ordenamiento Jurídico por parte del Partido Socialista Obrero Español.

Todo motivado por la necesaria vinculación que se predica respecto de los nombramientos de candidatos, llevados a cabo mediante el procedimiento descrito a lo largo del presente escrito de demanda, y que no queda sujeto a los postulados imperados por la Constitución Española y las leyes, que no son otros que los de estructura y funcionamiento democrático de los partidos políticos, ya que su estructura real queda sujeta a un sistema completamente oligárquico, por estar basada la elección de las candidaturas en la voluntad de sus máximos dirigentes, y no en la voluntad de todos los miembros del partido, sin la posibilidad por tal motivo de tener la oportunidad real de ser electo dentro del partido, y mucho menos, sin que aquellos elegidos sean efectivamente los que más votos hubieran obtenido por los afiliados al partido.

Que, al mismo tiempo, no hay susceptibilidad de sustituir la medida cautelar solicitada por otra medida igualmente eficaz y menos gravosa para la parte demandada.

III) Que, la adopción de tal medida cautelar solicitada obedece a los principios necesarios, y consagrados como requisitos legales, de fumus boni iuris y periculum in mora.

- Que la apariencia de buen derecho, preceptuada en el artículo 728.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe conducir al Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, a formarse un juicio provisional e indiciario favorable de la pretensión que se aduce, habiendo de aportar para ello los datos, argumentos y justificaciones documentales que sean precisos. No obstante, ello no quiere decir que se exija la acreditación exacta y documental de la pretensión alegada, sino que se acredite prima facie que la pretensión no es meramente ilusoria, sino que viene respaldada por datos objetivos y pruebas, punto que como se ha declarado en multitud de ocasiones por nuestros tribunal (Auto de 6 de octubre de 2006, Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla). Es por ese motivo que la apariencia de buen derecho queda justificada en base a los hechos y documentos alegados y aportados, respectivamente, en el presente escrito de demanda, debiendo tener en cuenta este Juzgado al que nos remitimos, que la complejidad del asunto y la escasa regulación legal del mismo, hacen que la justificación del fumus boni iuris sea aun si cabe más difícil de probar y constatar, pero que no por ello esta parte no ha aportado y recopilado toda la documentación e informaciones necesarias al respecto, para que pueda ser llevada a cabo.

- Que, por otro lado, el periculum in mora constituye el fundamento de toda medida cautelar, toda vez que el propio artículo 728.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil justifica su adopción para evitar que durante la pendencia del proceso se produzcan situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela judicial que se pretende ante el otorgamiento de una eventual sentencia estimatoria. Asimismo es consustancial a este peligro en la demora el entender que el transcurso del tiempo dificulte o impida la ejecución de la sentencia y/o cause un grave daño por el retraso en su ejecución.

Tal peligro en la demora queda constatado en la presente litis por el sencillo factum de que las elecciones al Parlamento Europeo son más que inminentes, siendo la convocatoria para las mismas el 1 de abril de 2014 y la celebración el 25 de mayo del mismo año. Es más que evidente que la posible nulidad de los preceptos indicados y pretendidos con el presente escrito de demanda conllevaría aparejado la nulidad del procedimiento por el que han sido proclamados candidatos a las elecciones europeas, al no quedar sujeto tal procedimiento a los principios democráticos exigidos. Por ello, esta medida justifica y cumple el requisito exigido de peligro en la demora, ante el evento de que finalmente tales candidatos finalmente fueran elegidos. Estaríamos ante unas elecciones viciadas de nulidad de pleno derecho, supuesto el cual difícilmente podría quedar reparado, o cuanto menos, de llevarse a cabo tal reparación mediante la ejecución de la posible sentencia estimatoria, supondría un grave y evidente trastorno para los intereses tanto políticos como económicos de España, en tanto en cuanto debería justificarse que la remoción de los cargos en el Parlamento Europeo son debidos a una falta de democracia en el proceso de elecciones internas del partido, principio democrático que es exigido incluso como condicionante para ser Estado miembro de la propia Unión Europea.

IV) Que, dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta parte ofrece para que se acuerde la adopción de la medida cautelar solicitada, caución suficiente de 1.000 euros, por considerar esta parte que la adopción de tal medida no supone daño alguno en el patrimonio del denunciado.

V) Que es competente el Juzgado al que nos dirigimos para acordar la adopción de la medida cautelar solicitada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 723.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO, que, a tenor de lo preceptuado en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitamos se emplace a esta parte, en el tiempo y forma legalmente establecido, para la subsanación de los posibles óbices procesales que acometan en el presente escrito de demanda.

SUPLICO AL JUZGADO, que se tenga por realizada la anterior manifestación, a los efectos oportunos.

Principal y otrosíes por ser de Justicia que reitero en la fecha y lugar indicados “ut supra”.

Fdo.- Pedro Francisco Muñoz Lorite. Col. nº: 82.329

Letrado ICAM

miércoles, 26 de marzo de 2014

Manos Limpias demanda al Partido Socialista Obrero Español.

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